Barcelona no cederá locales para que se realice el referéndum

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, decidió ayer paralizar los trámites relacionados con los colegios electorales para celebrar el referéndum del 1 de octubre en la ciudad tras la suspensión del Tribunal Constitucional, a la espera de que el Govern ofrezca garantías y aclare qué hará para no poner en riesgo a la institución y los funcionarios. Así se lo hizo saber Colau por carta al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en respuesta a la que éste remitió a los ayuntamientos catalanes para que respondieran en 48 horas sobre su disposición para habilitar el dispositivo electoral.

El portavoz del gobierno municipal y primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, reiteró "el pleno compromiso de Barcelona para que se pueda ejercer el derecho a participación", pero siempre que no haya riesgo ni para la institución ni para sus trabajadores". Colau recuerda en su carta a Puigdemont que en cuanto le llegó su petición ordenó al secretario general del Ayuntamiento que "se iniciasen los trámites ordinarios para comprobar la disponibilidad del dispositivo habitual que se pone en marcha en cualquier proceso electoral", lo que afecta a más de 260 colegios electorales y a más de 1.300 mesas electorales. Pero también recuerda al presidente de la Generalitat que todos estos trámites han quedado afectados por la suspensión del Tribunal Constitucional.

La alcaldesa hizo hincapié en la disposición del Ayuntamiento de Barcelona para "garantizar y facilitar el derecho a la participación política y a la movilización ciudadana", pero "siempre que no se ponga en riesgo a la institución y a los servidores públicos municipales". De esta manera, Colau ha devuelto la pelota a la Generalitat al solicitar a Puigdemont que les informe de "cuáles son las actuaciones" que la Generalitat tiene previstas, "teniendo en cuenta las circunstancias".

Al respecto, Pisarello comentó que "no le damos prisas" a Puigdemont para la respuesta de la Generalitat, ya que entienden que la contestación debe ser "serena y tranquila".

La decisión de Colau indignó a la CUP, cuya líder en el Ayuntamiento de Barcelona, María José Lecha, arremetió contra la alcaldesa y su gobierno, a los que acusó de estar "del lado del PP, de Ciudadanos y todos los que aplauden la demofobia". Lecha garantizó que en Barcelona se podrá participar, porque "la gente hará que se pueda votar" aunque el Gobierno municipal ignora la voz del pueblo. "Lo que nos toca es calle y calle, con tranquilidad, para visibilizarnos, para pedir las urnas y luchar por una democracia que rompe con toda la transición del 78 y contra una monarquía caduca, retrógada e impuesta", añadió la concejal de la CUP en una concentración de unas 800 personas en la plaza Sant Jaume, ante el Ayuntamiento barcelonés.