Todas las asociaciones de jueces y fiscales exigen respeto a su independencia por las críticas de María Jesús Montero a la sentencia de Dani Alves

Las asociaciones de jueces y fiscales han pedido respeto a la independencia judicial y han reclamado a los representantes públicos que eviten comentarios que puedan socavar la confianza en el sistema, en alusión a las declaraciones de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que calificó de "vergüenza" la sentencia absolutoria de Dani Alves.

En un comunicado conjunto, las siete asociaciones de jueces y fiscales han reaccionado así a las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, que este sábado calificó de "vergüenza" la sentencia del futbolista Danis Alves, que ha sido absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tras revocar la condena por violación de una joven.

"Es esencial que las instituciones y representantes públicos respeten y respalden la labor de los jueces y magistrados, evitando comentarios que puedan socavar la confianza en nuestro sistema judicial", señalan jueces y fiscales, que subrayan que las resoluciones judiciales se adoptan tras un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas y conforme a la legislación vigente.

Montero criticó asimismo que "todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos". En su respuesta, jueces y fiscales advierten de que la presunción de inocencia es un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución y garantiza que ninguna persona sea considerada culpable hasta que se demuestre su responsabilidad penal mediante pruebas suficientes y obtenidas conforme a derecho. "Cuestionar este principio básico puede poner en riesgo las garantías procesales y la equidad en los juicios", avisan.

En cuanto a la protección de los derechos de las víctimas, las asociaciones de jueces y fiscales afirman que es fundamental que éstas se sientan respaldadas y que sus testimonios sean valorados con la seriedad y sensibilidad que merecen y destacan que esta protección debe coexistir con el respeto a los derechos fundamentales de los acusados, asegurando un equilibrio que garantice la justicia en cada caso concreto. "Instamos a todos los representantes públicos a ejercer la máxima responsabilidad en sus manifestaciones, especialmente cuando se refieren a decisiones judiciales", reclaman las asociaciones que reconocen que, aunque las críticas a resoluciones judiciales son legítimas, han de ser fundadas y contextualizadas ya que de otro modo "pueden erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y pone en peligro el Estado de Derecho".

Las asociaciones que firman el comunicado son la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

Mujeres Juezas: la jurisprudencia da validez a la declaración de las víctimas

Por su parte, la Asociación de Mujeres Juezas (AMJE) ha reivindicado la plena aplicación de la jurisprudencia que da validez a la declaración de las víctimas como prueba de cargo. Recuerdan que, desde hace muchos años, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reconocido que la declaración de la víctima puede ser suficiente para justificar el dictado de una sentencia condenatoria, incluso aunque fuese la única prueba disponible.

Esto -recuerdan- tal y como se dijo en la sentencia del Alto Tribunal, cobra particular importancia en los casos de delitos contra la libertad sexual "porque al producirse generalmente los hechos delictivos en un lugar oculto, se dificulta la concurrencia de otra prueba diferenciada".

Reconocen que el trabajo de los jueces es, en este sentido, extraordinariamente complejo, pero advierten de que cuando en pos de esta alta exigencia se procede a desnaturalizar la jurisprudencia asentada durante tantos años y negar la posibilidad de condena basada en la declaración de la víctima, "pasamos a consagrar una injusticia material metodológicamente perfecta".

Alertan contra las situaciones de impunidad derivadas de "diseccionar las declaraciones de las víctimas atribuyendo extraordinario valor a posibles contradicciones en aspectos accesorios".

Y advierten de las "devastadoras consecuencias que para las víctimas y para la justicia puede tener una deriva de retroceso en los avances logrados que han conseguido, salvaguardando la presunción de inocencia, abrir una puerta por la que las víctimas de delitos sexuales han podido ser protegidas. No se las volvamos a cerrar".