El juez del Supremo pide a la UCO un informe patrimonial de Ábalos y de su hijo

El juez instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe patrimonial del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, al que ha vuelto a citar para que declare como imputado el 18 de febrero, y de su hijo Víctor. Además, llama a 17 testigos, para que comparezcan entre el 25 de febrero y el 5 de marzo, entre ellos el jefe de Gabinete de Hacienda, ex altos cargos de Transportes y la empresaria Carmen Pano.

El magistrado ha dado este paso después de que el Congreso de los Diputados concediera el pasado 28 de enero el suplicatorio para poder investigar a Ábalos, que ya prestó declaración voluntaria el 12 de diciembre. Entonces, negó recibir pagos de ningún tipo -efectivo o especie- del presunto conseguidor del caso Koldo, el empresario Víctor de Aldama, a cambio de la adjudicación de contratos públicos para la compra de material sanitario en plena pandemia y de obra pública.

En un auto, el juez pide a la UCO que "a la mayor brevedad posible" informe sobre la situación patrimonial de Ábalos y de su hijo Víctor, conforme resulte de la consulta de fuentes abiertas, detallando las cuentas o depósitos bancarios de los que pudieran ser titulares, cotitulares o autorizados; los bienes inmuebles o vehículos registrados a sus nombres; y su eventual participación en entidades mercantiles como administradores, socios o partícipes.

Requiere también a la UCO un informe efectuado a partir de las comunicaciones telefónicas y demás actuaciones realizadas hasta el momento de los hechos que conciernen a los tres investigados en la causa -Ábalos, su ex asesor Koldo García y Aldama-, debiendo reflejar la totalidad de los terminales o dispositivos intervenidos a cualquiera de los dos últimos en el curso de las investigaciones ya practicadas.

Pide los mensajes con Torres, Cerdán y otros aforados

Puente pide a la UCO que haga "especial referencia" a los mensajes que, en este momento de la investigación, aparezca que pudieran haberse intercambiado, desde cualquiera de los terminales intervenidos, Aldama con Ábalos y su hijo, el ministro Ángel Víctor Torres o subordinados de éste y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

A este respecto, cabe recordar que Aldama se refirió tanto a Santos Cerdán como a Torres, asegurando que Koldo le pidió dinero en metálico para ambos. En el primer caso, como compensación por haberse entrometido en un sistema de "cupos" de adjudicación de obra pública en País Vasco y Navarra y, en el segundo, a cambio de los contratos para la compra de material sanitario.

El juez se interesa además por los mensajes que pueda haber "con cualquier otra persona aforada ante el Tribunal Supremo", un estatus que la ley otorga, entre otras autoridades, al presidente del Gobierno, ministros, diputados, senadores y otras que puedan establecer los estatutos de autonomía.

Por otro lado, el instructor del caso Koldo llama a testificar para el 27 de febrero a JRG, quien fuera pareja sentimental de Ábalos y que, según Aldama, se habría beneficiado de los pagos de la presunta trama.

Respecto a ella, Puente encomienda a la UCO identificar a las personas que la contrataron primero en Ineco y luego en Tragsatec, dos empresas públicas dependientes de Transportes.

Y se dirige a ese ministerio para que informe de los viajes oficiales, tanto dentro como fuera de España, en los que, entre los meses de noviembre de 2018 a diciembre de 2022, JRG pudiera haber acompañado a Ábalos; y de la identidad de la persona o del número de cuenta desde la que se abonaron los gastos generados como consecuencia de la presencia de la joven en el viaje.

Pide a Aldama los pisos de los encuentros con "señoritas"

A Aldama le reclama la relación de los pisos que dice haber facilitado para encuentros en los que -según sostuvo- participaban Torres, Ábalos y Koldo con "señoritas". También ordena recabar las fechas de los contratos y las estancias y el pago de los mismos, así como si hubo pagos a las mujeres que acudían a esos inmuebles y quién los asumió.

Por último, cita para el mismo 18 de febrero a Koldo García --que ya declaró en el TS el pasado 17 de diciembre-- para realizar una prueba caligráfica y esclarecer así la autoría de los documentos aportados por Aldama -compareció un día antes, el 16-. Los mismos reflejarían un listado de obras públicas "preadjudicadas", a cambio de las cuales Ábalos habría recibido como "garantía" un piso en el Paseo de la Castellana de Madrid.

De acuerdo con la declaración de Aldama, dicho piso se le habría ofrecido por 750.000 euros a pesar de que su valor de mercado rozaría los 2 millones de euros, un desfase que Puente puso de relieve durante la ronda de declaraciones y que ahora se dispone a investigar al pedir que se designe a un agente inmobiliario en calidad de perito para que determine cuánto valía la vivienda el 24 de abril de 2019.

Llama igualmente como testigos a 17 personas entre los días 25 de febrero y 5 de marzo, entre ellos los ex altos cargos de Transportes Jesús Gómez, Javier Herrero e Isabel Pardo de Vera; al director de Gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno; al hermano de Koldo, Joseba García; al hijo de Ábalos, Víctor; a Pano y su hija; a JRG y a varios empresarios.

El jefe de Gabinete de Montero

Carlos Moreno fue otro de los altos cargos mencionados por Aldama. Según su versión, Koldo le solicitó dinero para ayudar al jefe de Gabinete con la compra de un piso después de que le pidiera el favor de aplazar el embargo de una de las compañías del empresario, cuestión que finalmente quedó resuelta.

Destaca también el nombre de Jesús Gómez, por ser el subsecretario de Transportes en el que Ábalos descargó toda la responsabilidad de la adjudicación de los contratos para la compra de material sanitario a Soluciones de Gestión, empresa de De Aldama.

En cuanto a Pano y su hija, la empresaria aseguró haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz en el marco de la presunta trama de pago de mordidas a cambio de licencias para operar en el sector de hidrocarburos que investiga la Audiencia Nacional, y por la que también está imputado De Aldama.

Asimismo, Puente llama a testificar a Claudio Rivas, supuesto socio de Aldama en la trama de hidrocarburos, y a Alberto Escolano, al que la UCO señala como uno de los hombres de confianza del presunto conseguidor del caso Koldo.

Conforme a las investigaciones efectuadas por la Audiencia Nacional sobre ambas tramas, estos empresarios habrían asumido los pagos del piso de la Plaza de España de Madrid que habría disfrutado JRG y del chalet gaditano de La Alcaidesa que Ábalos usó para las vacaciones familiares.