El pacto de Estado que rechaza Pedro Sánchez

Hace un mes, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Asuntos Institucionales del PP, Esteban González Pons, llegaron a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)tras cinco años en funciones por el bloqueo en las negociaciones entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. 

En este plazo, el Ejecutivo se negaba aceptar la exigencia del PP de un nuevo sistema de elección de los miembros del CGPJ, promoviendo que fueran los propios jueces quienes eligieran a los miembros del órgano responsable de la administración de la Justicia, mientras que el Gobierno, coalición entonces de PSOE y Podemos, se resistía a que se cambiara la fórmula. Incluso avanzaba nombres de posibles vocales que el PP rechazaba sistemáticamente, porque entre los jueces que promovía el Gobierno se encontraban Ricardo Prada, al que consideraba un profesional de reconocida animadversión al PP, y Victoria Rosell, a la que Pablo Iglesias presentaba como ministra de Justicia del Ejecutivo que él aspiraba a presidir algún día.

El PP insistía en que la elección de los miembros del CGPJ fuera posterior a la aprobación del nuevo sistema de elección, aunque con el tiempo, se conformaba con que se procediera primero a la elección pero siempre que el Gobierno asumiera el compromiso firme de que en un plazo concreto se reformaría el sistema en el sentido que deseaba el PP.

La sedición rompe la baraja

A principios de 2023, Bolaños y Pons, que celebraron múltiples reuniones, llegaron a un acuerdo. Muy concreto, tanto como el que firmaron en Bruselas esta semana. A punto de firma, se publicaron noticias que aseguraban que, por exigencia de sus socios independentistas, Pedro Sánchez estaba decidido a anular del Código Penal el delito de sedición y reducir el de malversación. A falta sólo del anuncio de acuerdo, Pons le preguntó a Bolaños si era cierto que se anularía la sedición, pues en ese caso lo pactado era papel mojado. El socialista se lo negó taxativamente y, cuando se anunció a las pocas horas, el PP no sólo denunció el engaño sino que cerró cualquier tipo de posibilidad de seguir negociando sobre la renovación del CGPJ.

Meses atrás, desde Bruselas se advirtió tanto al Gobierno como al PP que la situación española era contraria a las normas europeas sobre las instituciones judiciales y el nombramiento de los jueces, y de nuevo empezaron a negociar Bolaños y Pons –que mantienen una relación cordial en lo personal– con variaciones respecto a la situación anterior por las presiones de la UE. El Gobierno estaba dispuesto a pactar un nuevo sistema de elección de los miembros del CGPJ, mientras que el PP estaba dispuesto a que se eligieran primero esos miembros y que en el acuerdo se recogiera el anuncio de que se redactaría a corto plazo el nuevo sistema en el que los vocales serían elegidos por los jueces. 

Pons fue más lejos: pidió que las negociaciones se hicieran ante el comisario de Justicia, Didier Reynders, belga reformista. Con la vicepresidenta de la Comisión Vera Jourova, en segundo plano. Checa y liberal, responsable de los asuntos relacionados con la Justicia. Su papel venía obligado porque Reynders deja la comisaría ya que va a ser el próximo presidente del Consejo de Europa. No confundir con el Consejo Europeo.

Hace aproximadamente un mes, como hemos dicho, hubo fumata blanca. Texto del acuerdo, con las palabras muy medidas, elección de los 20 miembros propuestos por PSOE y PP, y anuncio de una próxima fórmula de elección a través de una ley que se aprobaría no más allá de seis meses. Serían los vocales los que elegirían al nuevo presidente o presidenta del CGPJ. 

Pons y Bolaños, conforme a las instrucciones recibida de Génova y Moncloa, decidieron hacer el anuncio tras las elecciones europeas y realizados los primeros movimientos para elegir a los nuevos presidentes de las instituciones europeas. Se mantuvo en secreto el acuerdo, no más de una docena de personas, entre Gobierno y PP, estaban al tanto. 

Hubo enfado de Podemos y PNV por no haber estado en las negociaciones; Sumar inmediatamente apuntó que ellos sí habían participado e incluso elegido dos miembros de la lista de 20. Tanto PSOE como PP aseguran que no ha sido exactamente así, que Yolanda Díaz no ha tenido ningún papel aunque sí hay dos o tres vocales que podría considerarse cercanos a la izquierda del PSOE, y el texto se firmó en Bruselas con Jourova como testigo y palabras de satisfacción de la CE y los dos firmantes españoles. Hubo quien se preguntó por la anomalía de que el acuerdo no lo firmaran Sánchez y Feijóo. Algunos lo justificaron con que el primero estaba muy pendiente de la situación de su suegro, que finalmente falleció el miércoles. Otros vieron algo turbio en aquella ausencia en la firma.

La trampa

No les faltaba razón. Turbio, o de engaño, porque no habían transcurrido 24 horas cuando el propio Bolaños, en los pasillos del Congreso, anunciaba que el acuerdo no era vinculante, y que había mucho que negociar respecto a la elección de los miembros del CGPJ. Al conocer esas palabras, Pons avisaba de que el acuerdo era inamovible, que lo escrito era lo que se había pactado, y que si el Gobierno no aceptaba el sistema de elección pactado, el PP rompía el compromiso.

No fue lo peor: no pasó mucho tiempo sin que trascendiera que, por exigencia de Junts y de Puigdemont, que sigue aspirando a regresar libre de cargos judiciales y ser president, el Gobierno aceptaba finalmente eliminar de la Ley de Enjuiciamiento Criminal el artículo que recoge que si una instancia superior española presenta una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE, se suspendía la aplicación de esa norma o ley mientras no se pronuncie el tribunal europeo.

Asunto clave para los independentistas que esperan ser amnistiados, pues es conocido que el Supremo no descarta esa prejudicial si no consigue imponer su criterio frente a la aplicación generalizada de la amnistía anteponiendo los intereses políticos a las decisiones judiciales. También el Tribunal de Cuentas ha anunciado que acudirá a las instancias europeas por lo que considera manga ancha del Gobierno español con la malversación.

La reacción de las autoridades europeas no se hizo esperar. La UE ha explicado que las leyes y decisiones del Tribunal de Justicia de la UE prevalecen sobre las de los tribunales de los estados miembros y, por tanto, si se presentan recursos o cuestiones prejudiciales es obligado suspender cualquier decisión hasta conocer el pronunciamiento de ese alto tribunal.

Resumen: una vez más el Gobierno ha engañado, o lo ha intentado, a aquellos con los que firma acuerdos y pactos, aunque se trate de pactos de Estado como el del CGPJ. Segundo, la UE ha recordado a Sánchez quién toma determinadas decisiones cuando se forma parte de la UE. Tercero: Moncloa está hoy en una lucha simultánea con los socios que le exigen trato de favor, con las autoridades judiciales europeas... y con el PP. Esto último forma parte del comportamiento habitual en las democracias, las tensiones entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición. Pero aseguran en Génova que Feijóo, más que nunca, está decidido a no permitir que el Gobierno se salte nuevamente las decisiones de la justicia. Esta vez ya no se trata sólo de la justicia española, sino que Sánchez pretende tomarse la europea a título de inventario.