La polémica de la vacunación salta a la cúpula militar

Madrid/La polémica de la vacunación de alcaldes, concejales y consejeros autonómicos ha saltado este viernes a la cúpula militar después de conocerse que se ha administrado la primera dosis al JEMAD, una circunstancia que ha llevado al a ministra de Defensa, Margarita Robles, a pedirle explicaciones.

La reacción de Podemos no se ha hecho esperar y el portavoz adjunto del partido en el Congreso, Enrique Santiago, ha pedido el cese del general Miguel Ángel Villarroya, cabeza de los ejércitos en su condición de JEMAD (jefe del Estado Mayor de la Defensa).

Tanto él como otros mandos del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) han recibido la vacuna, según fuentes de este organismo, que han detallado que se ha hecho siguiendo el protocolo que se aplica a las Fuerzas Armadas, distinto al civil y que viene establecido por la Subsecretaría de Defensa.

Según dicho protocolo, han indicado las fuentes, al JEMAD y otros generales les correspondía la vacuna, por edad, una vez se había administrado a los sanitarios y a todos los militares que se iban a ir a una misión, tanto en el extranjero como en territorio nacional.

Así, dice el EMAD -órgano que gestiona las operaciones de las Fuerzas Armadas-, se le ha inyectado también a militares y civiles implicados en la planificación, dirección y coordinación de las operaciones de otros escalafones, también de la tropa.

Robles pide un informe

A raíz de la noticia adelantada por El Confidencial Digital de que el JEMAD, así como los generales Francisco Braco, comandante del Mando de Operaciones, y Fernando García González-Valerio, jefe del Estado Mayor Conjunto, se habían vacunado, Robles ha informado de que ha pedido a Villarroya un informe sobre el asunto que le llegará hoy mismo.

"En función a lo que diga el informe, veremos", ha asegurado la ministra, que ha añadido que en el Ministerio de Defensa, que se rige por el protocolo de otros organismos civiles, "no se ha vacunado a nadie".

La ministra socialista nombró JEMAD a Villarroya, general del Ejército del Aire, en enero de 2020 y hasta entonces había ejercido de director del Gabinete Técnico tanto de Robles como de su antecesora, María Dolores de Cospedal.

La vacunación de los militares se ha unido a la polémica esta semana por las dosis administradas, saltándose los protocolos, a alcaldes, concejales y consejeros, tanto del PSOE como del PP, en municipios de Alicante, Huelva y Murcia, así como en el Gobierno de esta última comunidad y de Ceuta.

Tres alcaldes más y un cura

Este viernes se han añadido a la lista los alcaldes de las localidades zaragozanas de Luesia y Asín, Jaime Lacosta (PP) y Rogelio Garcés (PSOE), quienes, después de que sus partidos les hayan abierto sendos expedientes, han justificado su vacunación en que estaba establecida en los protocolos del centro de salud de zona por su contacto con residencias de ambas poblaciones.

En el caso del alcalde de Luesia, ha solicitado su baja del PP pero no abandonará la alcaldía, una decisión que deja en manos de sus vecinos, mientras que el Ayuntamiento de Asín ha afirmado que la vacunación de Garcés estaba "respaldada" desde el centro de salud.

También se ha vacunado el alcalde socialista del municipio vallisoletano de Villavicencio de los Caballeros, Alberto de Paz, junto con otros ediles y el cura del pueblo.

La Junta de Castilla y León le ha acusado de utilizar la condición de patrono de una residencia de la tercera edad que le atribuye su puesto para ser vacunado en condición de trabajador.

Algunos de los vacunados, como el consejero de Sanidad de Murcia, Manuel Villegas (PP), han dimitido de sus cargos, pero otros no.

Es el caso de la alcaldesa popular del municipio murciano de Molina de Segura, Esther Clavero, donde este viernes el PP ha puesto a disposición del grupo socialista sus siete concejales para registrar una moción de censura contra ella.

Ante el goteo de informaciones sobre políticos vacunados, el PSOE ha pedido a sus cargos públicos que dimitan si se les ha administrado la dosis cuando no debían.

Y la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha tachado su conducta de "nada ejemplar" y "completamente reprochable", así como una muestra de "absoluta indignidad".

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha reiterado este viernes la posición de su partido condenando estos hechos, después de haber registrado una proposición no de ley en el Congreso para que haya una mayor transparencia en la gestión de las vacunas y que los partidos se comprometan a apartar de sus cargos a los que se salten el orden para vacunarse.

"No puede ser que haya millones de personas esperando vacunarse mientras unos políticos se ponen la vacuna. Y no es un caso aislado", ha subrayado Arrimadas.