El PP, entre la irresponsabilidad y el ridículo

EN la política española se queman a diario casitas de papel, pero a veces se le prende fuego a palacios barrocos. Del Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles salieron llamas de las que arrasan con todo. El primer mal que aqueja al modelo de financiación y todo lo que le rodea es el espíritu frentista del partidismo español. Se abordan las discusiones trágicamente. Todo se convierte en un frente de batalla. Ésa es una de las más serias dificultades del país para avanzar hacia consensos institucionales sólidos. En realidad no es muy diferente a lo que ocurre en otros países con sistemas políticos descentralizados, en los que las fricciones entre los territorios y el Gobierno central son frecuentes sea por el dinero, las políticas públicas o las competencias. Lo que nos diferencia es la forma de abordarlo. Alemania, cuyo modelo federal tuvo gran influencia en la Constitución española, es un ejemplo de ello. En 2013, los tres estados que más aportan a las arcas centrales germanas recurrieron al Tribunal Constitucional contra el modelo de compensación. Cuatro años después se reestructuró el sistema de financiación, lo que requirió modificar varios artículos de su Carta Magna sin que mediaran profecías apocalípticas ni consecuencias adversas. De hecho, Alemania ha reformado ya su Constitución más de 70 veces. Una ley flexible que sirve a los ciudadanos, no un texto esclerotizado protegido del paso del tiempo en una vitrina. Pero para manejar eso hacen falta alemanes.

El PP renuncia a ser Estado

En realidad, disponemos de los canales adecuados para resolver las diferencias. Pero son puentes volados, como casi todos los que ayudan a acercar posiciones en la España de 2025. La decisión del PP de abandonar el consejo al entender que la propuesta de condonación de la deuda (83.252 millones) a las comunidades autónomas era un paripé del PSOE para poder salvar los acuerdos con ERC es políticamente insostenible, por más que los populares esgriman argumentos serios y que han de ser considerados por el Gobierno. O que digan cosas ciertas, como que la propia Montero siendo consejera andaluza se negó con Montoro en Hacienda a negociar una quita antes que un nuevo sistema.

Pero lo primero es antes, decía el clásico. Es difícil entender que lleven años reclamando quitas de deuda del pasivo autonómico que soporta el Estado y abandonar la sesión en la que se decide esta cuestión sin ni siquiera discutirlo. La democracia son procedimientos. Al PP le cuesta estar en las mesas en las que no tiene la mayoría. El resultado es que los Gobiernos del PP dejaron a sus ciudadanos sin representación en la comisión en las que las comunidades pueden debatir con el Gobierno. No obedecieron a sus intereses, sino a los de Feijóo. Los representantes de 14 Gobiernos autonómicos renunciaron a ser Estado. Antepusieron el discurso contra los pactos de Sánchez a los intereses de sus administrados. El asunto es grave y retrata a un partido.

Un plantón que no le saldrá gratis

La estrategia del PP no se entiende del todo. ¿No era más fácil aceptar la condonación apelando a la responsabilidad del administrador público y admitiendo que lo contrario sería ocasionar un daño imperdonable a los ciudadanos –pura lógica– y acto seguido denunciar que ese acuerdo es indigno, que obedece a intereses espurios y cientos de cosas más que tuvieran a bien decir? ¿No era más sencillo, una vez el dinero en la faltriquera, exigir la apertura inmediata del proceso de reforma del sistema de financiación?

El plantón y la negativa no le va salir gratis al PP, ya que el Ministerio de Hacienda, con la participación de las tres comunidades socialistas que siguieron en la reunión, tenía mayoría sobrada para aprobar la condonación y así lo hizo. Así que los disidentes tendrán la condonación a su alcance después de haber hecho la performance mediático-política. Salvo que una vez abiertas las reuniones bilaterales con el Gobierno decidan rechazar la quita, aunque tendrían que haber perdido el oremus definitivamente para hacerlo. ¿Los ciudadanos asumirán peores servicios sociales, peor sanidad y educación por órdenes de la calle Génova? Es un planteamiento absurdo en sí mismo. Podrán enredar, decir que la letra pequeña está envenenada, que el 50% de la quita de la deuda es insuficiente, recurrir al TC o cualquier estratagema. Pero la realidad no se va a mover: aceptan liberarse de buena parte de la deuda, se alivian y pagan menos intereses, o siguen debiendo lo mismo y gastando más para devolver lo que deben.

Las comunidades del PP (12 sobre 17) se beneficiarán de la medida (52.000 millones sobre un total de 83.000) que, en efecto, lleva la firma indeleble de ERC. En realidad, como todo lo que viene ocurriendo en esta legislatura, que es fruto de condicionamientos y presiones de Junts, ERC o de sus propios socios del Gobierno. En realidad, así funciona el sistema: los minoritarios aprietan a los mayoritarios cuando sus votos pesan lo suficiente. Y en este caso, todas las comunidades resultan beneficiadas. Como viene ocurriendo cada vez que se avanza en aspectos de la financiación, la fuerza tractora ha sido Cataluña. Lo ocurrido, a la vez, forma parte de un guión preestablecido: nunca se ha aprobado una reforma del sistema con el Gobierno central en manos de un partido y la mayoría de las comunidades gobernadas por el otro.

Un modelo caducado hace 11 años

El sistema lleva caducado 11 años. Se reformó por última vez en 2009, con Zapatero en la Presidencia. Debió reformarse de nuevo en 2014, cuando gobernaba Rajoy. Su contexto era complejo: sólo a finales de ese año empezaba a enderezarse ligeramente la economía (con un crecimiento del PIB del 1,3%) y el Gobierno catalán impulsaba el referéndum de autodeterminación, lo que centró todos los esfuerzos del Ejecutivo. El PP gobernaba 12 de las 17 comunidades. Así que el Gobierno no hizo esfuerzo alguno por atacar la reforma del sistema y sus comunidades miraron para otro lado. Urgencias de partido.

Pero lo cierto es que la reforma del sistema urge. Hay comunidades infrafinanciadas (Castilla-La Mancha, Andalucía, Valencia y Murcia), la insuficiencia de refuerzos para los servicios públicos básicos es evidente: el incremento de los precios de todo ha ido disparándose en los últimos años mientras mermaban los ingresos (desde la recesión), lo que ha provocado una bola de deuda que solo ahora, en virtud de la polémica quita, puede aliviarse. Hay propuestas de expertos que sugieren permitir a las comunidades modificar el tipo impositivo del 50% del IVA que les corresponde o la creación de instrumentos específicos para momentos de crisis.

Otro melón por abrir es el reparto de las transferencias del Estado que vaya más allá de la llamada población ajustada (se perciben los fondos en función de sus necesidades o por distintos criterios como el envejecimiento o la dispersión de la población). Otra cuestión que señalan los expertos es la adaptación de las reglas fiscales a la normativa europea, de forma que se establezca con claridad cómo se reparte el techo de déficit entre las tres administraciones. En general, se reclama un sistema más simple y transparente y con un reparto de roles que aleje cualquier confusión. Se abre paso igualmente la necesidad de reducir las diferencias de financiación entre el régimen común y el foral (País Vasco y Navarra) sin que suponga un cuestionamiento del modelo, algo que nos metería en profundidades tan insondables como imposibles.

El PSOE se la juega

A todo esto, el futuro modelo viene interseccionado por el compromiso del Gobierno de conceder a Cataluña una financiación diferenciada. Singular le dicen. Aún hay mucha teoría y pocos datos sobre la mesa. Pero el resultado final no puede ser otro que garantizar que todos los españoles, vivan donde vivan, tengan una financiación justa y el acceso al mismo nivel de servicios y prestaciones. España trabajó mucho e hizo su trabajo para evitar una Europa de dos velocidades como para consagrar ahora una España de primera y otra de segunda.

Inicialmente, podría resolverse con más aportación de dinero para todos, pero a la larga un modelo privilegiado puede restar recursos al Estado y a las otras comunidades. Item más, si se consolida un acuerdo de esas características, el resto de comunidades dependerían de la concesión graciosa de recursos por parte del Estado para acercarse a un modelo catalán –que en lo sustancial trataría de imitar a los sistemas forales– y eso siempre estaría condicionado a quién gobierna y a quién se beneficia, de su voluntad y de la coyuntura económica. En cambio, Cataluña estaría blindada y lo tendría garantizado por ley. Otro riesgo no descartable es que otros territorios reclamen un régimen singular similar. Incluso hay expertos que advierten de que la fragmentación de la gestión tributaria complicaría la recaudación y el control del fraude.

El acuerdo final no podrá ser de una singularidad que acabe con la multilateralidad. Es cierto que el Estado va a tener que apretarse el cinturón a favor de las comunidades y no lo es menos que Cataluña recibe más ingresos que la media pero pierde más de 2.000 millones tras aportar a la solidaridad común. Es lógico que traten de reequilibrar ese decalaje. Lo que no es, como defienden cínicamente algunos promotores de la financiación diferenciada, una posibilidad alternativa abierta a todo el que la quiera aprovechar. Para reclamar sistemas semejantes hay que poder hacerlo. Y en realidad, sólo Madrid, Cataluña y Baleares son aportadoras netas al sistema. El presidente de Cataluña, Salvador Illa, que es el más listo de la clase, habla de “prosperidad compartida”, mientras activa todos los mecanismos inversores para tratar de que su tierra regrese a tiempos dorados.

En esto se la juega el PSOE. Para muchos años.

El ‘dumping’ de Madrid

Después está el caso de Madrid, que tiene otra lectura: en buena parte su PIB crece por los beneficios disparados de la capitalidad, pagada a escote por todos los españoles: los ministerios, las sedes legislativa y judicial, las instituciones culturales, los organismos reguladores, los centros de investigación, etc. El 30% de los empleados públicos están en Madrid. El 70% de los contratos adjudicados a grandes empresas tienen sede en la capital, frente al 30% de las que están en el resto del territorio. La fiesta del sostenimiento de esa administración la pagamos entre todos pero las permanentes rebajas de impuestos sólo benefician a los madrileños y a las empresas allí radicadas. Un dumping fiscal que por lo visto no preocupa al resto de comunidades del PP.

Sólo puede reformarse cuando hay dinero en la caja

Estamos en un momento en el que la economía crece al 3,2%. El modelo de financiación sólo puede negociarse cuando hay dinero en la caja, como ocurre hoy. Y urge hacerlo en previsión de que puedan venir las vacas flacas y el modelo caduco se eternice.

En todo caso, todas las variables a negociar son cuestiones que requieren consenso y buena voluntad, los dos grandes ausentes. Si no se sientan a dialogar cómo se va a acordar un nuevo modelo. Así, el modelo actual caducado va camino de convertirse en una reliquia inútil para perjuicio de los ciudadanos.

Mientras, el PP puede elegir: o rechaza definitivamente ahorrarse miles de millones en sus comunidades (y tendrán que dar muchas explicaciones a los ciudadanos perjudicados por tal decisión) o acepta la quita (quedando en una posición de encomiable ridículo). Ánimo con la decisión.

BREVERÍAS

Mazón concreta: “pasadas las siete” son las 20:28

La jueza que instruye el caso de la dana de Valencia sostiene en el sumario, que ha trascendido esta semana, que lo que investiga son muertes y lesiones provocadas por una actuación imprudente. Deja pocas dudas respecto a qué persigue, con 224 fallecidos contabilizados, la mayoría de los cuales falleció antes de que se emitiera la alerta a las 20:11 del 29 de octubre de 2024. Mazón, después de meses enredando sobre la hora en que llegó al centro de control, ha admitido que llegó a las 20:28, una hora que encaja dentro del esquema retórico que ha defendido hasta ahora: “llegué pasadas las siete”. Pasadas las siete, una franja amplia que incluye exactamente las 24 horas posteriores. Se va aclarando el panorama. El sumario contiene testimonios escalofriantes y parece ir haciendo un dibujo certero de cómo ocurrieron las cosas. De hecho, la magistrada considera que la alerta masiva a los móviles fue “tardía” y contenía “un mensaje erróneo”. La magistrada ha inadmitido una querella de Hazte oír contra la delegada del Gobierno al considerar que la responsabilidad era autonómica. Se intuye que el sumario terminará estableciendo con claridad qué es lo que ocurrió aquella noche y la responsabilidad de cada uno. Mazón ya tiene un tic tac debajo de la mesa. Y su partido parece aliviado con la posibilidad de que caiga a plomo y cuanto antes.

Monedero y la izquierda que mira para otro lado

El caso Monedero, unido al de Errejón, arrastra ya a dos de los fundadores de Podemos, a falta de que los hechos denunciados resulten probatorios de una conducta de acoso sexual. Una alumna de la Complutense, donde da clases el ex político, fue quien lo denunció. También se ha sabido que Podemos recibió dos denuncias por “violencia sexual” contra él a finales de 2023. Aunque el partido apartó a Monedero de la actividades públicas del partido, tampoco hizo mayores averiguaciones, por lo que todo quedó en nada. Los casos que afectan a ambos están vivos y pendientes de confirmación, pero la izquierda a la izquierda del PSOE (Podemos y Sumar) está dando un bonito espectáculo contradictorio, conduciendo moralmente al mundo mientras tienen su casa sin barrer.

Los comisionistas de Madrid, contra Madrid

Luis Medina, el hijo del fallecido duque de Feria, acusado de estafar al Ayuntamiento de Madrid en pleno pico de la pandemia vendiéndole material sanitario defectuoso y embolsándose seis millones de euros en comisiones, ha decidido pasar al ataque. Se acabó el buen rollito con el alcalde Almeida. A través de su abogado se pregunta si en realidad no es el Ayuntamiento el que quiere dar un pelotazo al pretender confiscar la comisión que él y su ex socio Alberto Luceño se llevaron por las mascarillas de todo a cien. Igualmente, defiende que es irrelevante para el Ayuntamiento si existieron comisiones y si ascendieron a seis millones. Como si el dinero saliera de un surtidor de la fuente de Cibeles. Visto para sentencia ha quedado el juicio tras ocho sesiones.

Trump agrieta a Vox

Nos faltan herramientas de análisis para entender a Trump y al trumpismo con su filonazismo desatado, su verborrea provocadora, su vídeo obsceno de Gaza convertido en un balneario, el culto enfermizo al líder –la primera cita de su Gobierno comenzó con un plegaria: “Gracias, Dios, por el presidente Trump”, a cargo de un mamporrero–, y su decisión de quemar todos los puentes con sus aliados tradicionales. Lo único que se entiende rápido es que se están forrando o están en ello. Pero de momento, el alineamiento acrítico de Abascal con el presidente de EEUU ya tiene consecuencias en Vox. El líder del partido estuvo en el cuarto de invitados de segunda en la toma de posesión de Trump, empeñado en integrarse en la internacional ultra y en tejer alianzas con el resto de ultraderechistas del planeta.Y desde entonces se ha tragado todas las afrentas de Trump contra la UE y España. Ortega Smith, uno de los últimos fundadores que van quedando, ha puesto distancias, y el militar y ex diputado Agustín Rosetty ha pedido la baja del partido. Pero Abascal tiene un armario lleno de clones dispuestos a tomar la bandera y seguir. No parece que vaya a llegar la sangre al río.