El último escollo hacia La Moncloa

Meses antes de las elecciones municipales y autonómicas del 22-M, la cúpula dirigente del PP intentó en vano que Francisco Camps renunciara a presentarse a la reelección como presidente de la Comunidad Valenciana por el caso de los trajes. El calendario judicial previsto situaba al político valenciano en el banquillo de los acusados en plena campaña electoral de unos comicios legislativos anticipados, y la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, y los suyos pusieron toda la carne en el asador para que tirara la toalla. Sin embargo, Camps aguantó la presión, y Rajoy tragó.

Si de aquella batalla interna el mayor damnificado fue el líder de los populares, que volvió a dar muestras de una alarmante falta de autoridad -la baja valoración ciudadana que atesora aún en las encuestas del CIS tiene mucho que ver con la imagen de indolente que le acompaña-, el líder del PP es ahora el máximo beneficiario de la dimisión de Camps.

Aunque el molt honorable presidente de la Comunidad Valenciana asegurara ayer mismo, en su despedida, que lo suyo era "una decisión personal, a favor de mi partido, que pretende que Mariano Rajoy sea el próximo presidente del Gobierno", a nadie se le escapa que al PP y al propio Rajoy les ha costado lo suyo convencerle de que no cabía otra tras sentarlo el juez José Flors en el banquillo de los acusados. Sin duda, ese esfuerzo de convicción y autoridad ante uno de los barones del PP con más peso político y respaldo popular -y también aliado fiel cuando Esperanza Aguirre intentó en 2008 el asalto de Génova- disipará dudas sobre la solidez de su liderazgo y sobre su capacidad para tomar decisiones difíciles en unos tiempos no menos complicados. Al menos, mejorará el flanco más débil de su imagen, ése en el que aparece en la inopia envuelto por el placentero humo de un buen y eterno habano.

De camino, es de suponer que Rajoy y los suyos, con la salida de Camps, engrasarán algo más la coherencia en un discurso sobre la corrupción descompensado. Hasta ahora, por poner un ejemplo, el caso de los ERE en Andalucía era el mayor caso de corrupción de la historia de España -y está entre los más graves-, y el caso Gürtel y demás mangancias de la cosecha popular eran una conjura judeo-masónica entre Rubalcaba, un grupo de policías filosocialistas, un sastre con muy mala medida de las cosas y el rojerío judicial. Ahora podrá digerir el caso de los trajes como lo que es y sacar conclusiones razonables: no como un simple cohecho impropio de 40.000 euros -es verdad que no ha sido el único político que ha recibido prebendas en nuestra democracia-, sino como la punta del iceberg de una trama delictiva que campó a sus anchas en la Comunidad Valenciana gracias al apoyo de dirigentes del PP, con Camps mimando a golpe de concesiones más que dudosas a sus amiguitos del alma.

Por otro lado, si Rajoy y los suyos logran convertir esta dimisión en un acto ejemplarizante, pondrán presumir de hasta haber entendido una parte importante del mensaje del heterogéneo movimiento del 15-M, que se movilizó también contra la presencia de políticos bajo sospecha en las instituciones. Y no tener así que abusar -hasta romper la cuerda- de la fidelidad electoral de los suyos, que, aunque difícilmente faltan a la cita con las urnas por estos asuntos, rechazan, en el fondo, de la misma forma que el electorado de izquierdas la presencia de cargos públicos entre la delincuencia habitual.

Además, con un posicionamiento más claro en contra de estas desviaciones, ya sean propias o extrañas, el PP tendrá al alcance de su artillería la baza regeneracionista y de calidad democrática que el candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, prepara como parte fundamental de su programa electoral para intentar salvar los muebles del PSOE en las próximas elecciones legislativas.

Más allá de que es digno de elogio que Camps haya optado por dimitir en vez de atrincherarse en su aplastante mayoría absoluta en la Comunidad Valenciana a la espera de un jurado comprensivo, esta dimisión salva el último escollo que Rajoy tenía en su horizonte político hacia el Palacio de la Moncloa: ha demostrado que tiene autoridad.