El Consistorio de Vejer niega que la Junta haya tumbado el PGOU de esta localidad

El delegado territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta, Daniel Sánchez, se ha reunido con el alcalde de Vejer, Manuel Flor y el concejal de Urbanismo, Alejandro Manzorro para analizar las apreciaciones detectadas por los técnicos provinciales y que han sido recogidas dentro de la Declaración Ambiental Estratégica (DAE). Un informe que se precisa para que siga su trámite administrativo el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Así, el Ayuntamiento de Vejer sale al paso del comunicado lanzado por Ecologistas en Acción. Con ello quieren informar que el PGOU está siguiendo un procedimiento ambiental “impecable”, y confían en que en los próximos meses pueda adaptarse a unos condicionantes ambientales “ya bastante avanzados para aprobar definitivamente un gran documento”.

En esta reunión se fijó el calendario próximo para aprobar definitivamente el documento del PGOU con las subsanaciones planteadas.

Manzorro aclara que la Declaración Ambiental Estratégica (DAE) emitida por la Delegación provincial se formula por ser un informe preceptivo y determinante, que se ha realizado dentro de un procedimiento normal y que garantiza que el PGOU de Vejer va a cumplir escrupulosamente con los condicionantes nuevos, que por la propia legislación, se obligan a cumplir a los ayuntamientos”.

En cuanto a los crecimientos urbanísticos propuestos, “son prácticamente inexistentes y responden a un modelo para dar acogida a la oferta de vivienda pública que establece la normativa vigente, ciñéndose como un suelo urbanizable sectorizado de continuidad con la trama urbana actual por la zona de La Bodega y El Valle, y hacia la carretera de los militares”, explica el concejal.

Se trata de un crecimiento “irrisorio teniendo en cuenta que un plan tiene que prever suelo para los próximos 15 años, aunque también para dar acogida a un crecimiento de uso industrial necesario en una posición estratégica”, expone Manzorro.

Por otro lado, explica que el suelo urbanizable sectorizado turístico de Montenmedio proviene de un plan parcial aprobado inicialmente hace muchos años, habiéndose reducido la sectorización a la mitad para cumplir con los presupuestos del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA). Igualmente ocurre con El Palmar, donde se ha quitado casi toda la sectorización que ya estaba prevista en el Suelo Acto para Urbanizar (SAU) 5.

En cuanto al Plan Parcial de Malcucaña, el concejal de Urbanismo tacha de “inciertas y malintencionadas las afirmaciones de Ecologistas, pues en ningún punto de la Declaración Ambiental Estratégica (DAE) se niega “que los planes urbanísticos aprobados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 9/2006 sobre evaluación, están obligados desde el 21 de julio de 2006, a someterse a Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)”.

Por el contrario, se indica que la Modificación Puntual del PGOU M-3 Malcucaña fue aprobada definitivamente el 22 de marzo de 2004, anteriormente a la fecha de 21 de julio de 2004 establecida en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley 9/2006, sobre planes y programas iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la misma, a partir de la cual los planes y programas iniciados posteriormente debían someterse a Evaluación Ambiental Estratégica.

Manzorro continúa explicando que caso aún más notable son los suelos de Trafalgar Golf, iniciativa que no propone el nuevo PGOU, sino que es la propia legislación y las sentencias acaecidas, las que imponen que sea obligatorio su inclusión.

Los suelos como Malcucaña, Montenmedio, y otros en el ámbito de El Palmar, asegura el edil vejeriego, “no los propone el nuevo plan, sino que son suelos ya clasificados que tienen que ser integrados y ajustados en el nuevo modelo, pero que ya cuentan con una clasificación previa como urbanizables”.

También se aclara desde el Ayuntamiento, que ni la Declaración Ambiental Estratégica emitida, ni el informe del Departamento de Costas de la Delegación Territorial, establecen expresamente que no se respete el Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) o sus servidumbres, sino que se condiciona a una serie de consideraciones necesarias para el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Costas y su Reglamento General de Costas.

“El comunicado de Ecologistas incurre en falsedades, al manifestar que en El Palmar y La Chanca no se respeta el Dominio Público Marítimo Terrestre, y al hablar de que se incumple la normativa en materia de aguas, dado que se tienen informes favorables, y lo que se solicita es la justificación anterior”, afirma el concejal.