La orden judicial con la que venían los inspectores de la Junta de Andalucía se ha cumplido, y la vivienda de Matilde García se convirtió en una montaña de escombros unas horas después de que la retroexcavadora contratada para dicha demolición entrase en la propiedad, la parcela número 46 del polígono ocho de la zona conocida como La Ribera de la Oliva. Se trata de una zona próxima a las marismas del río Barbate, en terrenos fuera de posible ordenación urbanística. Es una de las más de 200 viviendas que fueron expedientadas en diciembre de 2022 por la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía.

Matilde García, la propietaria de esta vivienda derribada, aseguró que llevaba tres años inmersa en un proceso judicial, que se ha visto agravado en los últimos cuatro meses, donde no ha parado de recibir notificaciones judiciales, que la instaban a derribar la vivienda en la que reside con otros familiares, una hermana y un sobrino de dos años. Aseguró que “judicialmente no se podía hacer nada más”.

Así, un día antes de hacer cumplir el mandamiento judicial estuvo haciendo un llamamiento a sus convecinos para que acudiesen a la puerta de su casa para evitar el derribo. Una petición que tuvo respuesta, ya que algo más de medio centenar de personas acudieron al lugar donde realizaron barricadas, quemaron neumáticos y colchones, así como colocaron en el carril maderas llenas de clavos que provocaron el pinchazo de los neumáticos de algunos vehículos de la Guardia Civil. También tuvieron que intervenir los Bomberos de Barbate para evitar que las llamas se propagasen a la maleza que rodea este camino vecinal.

Según se acercaba la hora acordada, las diez de la mañana, se hizo más elevada la presencia de efectivos de la Guardia Civil, entre ellos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), y agentes de la Policía Autonómica.

Tanto en la fachada de la parcela expedientada como en algunas de las barricadas se colocaron pancartas en las que se expresa que “No somos expedientes, somos familias”. Precisamente junto a las puerta de acceso a la propiedad un grupo de vecinos, entre los que estaba la propia afectada, corearon consignas como “no al derribo”, a la vez que increparon a los agentes, a los inspectores e incluso al maquinista que intentaba acceder a la parcela para realizar el cometido encomendado, y que finalmente no pudo hacer al desistir en su empeño, teniendo que tomar su relevo otro compañero, que sí realizó la demolición comenzando por el trecho y los pilares de hormigón que sostenían la construcción. Antes de entrar la maquina la Guardia Civil precisó entrar en la vivienda que estaba ocupada por una persona que se había metido en ella hace unos días, ya que la familia afectada había retirado la mayoría de los muebles y enseres que tenía en la casa.

Hasta llegar a ese momento, se vivieron momentos de tensión entre los manifestantes y los agentes, aunque los efectivos de seguridad superaban en número a los que protestaban, ya que el acceso a la propiedad fue cortado para evitar un mal mayor.

La propietaria de la vivienda repetía una y otra vez que esa era su única casa, y que había intentado en varias ocasiones empadronarse en esa vivienda, un propósito que no logró del Ayuntamiento de Barbate. Aseguró que se sentía engañada por el alcalde, Miguel Molina, con el que se reunieron, pero no le sacaron ningún compromiso de regularizar su situación.