Anticorrupción pide tres años y medio de cárcel para el alcalde de San José del Valle

Antonio González Carretero, alcalde de San José del Valle, regresa al banquillo de los acusados, esta vez, procesado por pagar con dinero de su partido, el PSOE, una sanción a una militante que montó un bingo ilegal. El fiscal Anticorrupción considera que el regidor vallense ha incurrido en un delito de apropiación indebida y en otro de falsedad en documento mercantil y solicita para él la pena total de tres años y medio de prisión.

Según recoge el escrito de acusación fiscal, por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de San José del Valle de 27 de junio de 2019, se aprobó una subvención a cargo del Presupuesto General de la corporación a favor de los grupos políticos con representación municipal, entre ellos el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de San José del Valle.

Conforme se estableció en dicho acuerdo, esa asignación económica procedente de los presupuestos de la corporación debía de ir destinada al funcionamiento del grupo político municipal.

La subvención, según el pacto alcanzado, se pagaría de manera trimestral y la justificación de los importes recibidos se realizaría mediante declaración jurada del portavoz de cada grupo, a quien correspondía acreditar el destino de la cuantía recibida conforme a los fines para los que se concedió.

“El portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de San José del Valle y alcalde del mismo, el acusado Antonio González Carretero, junto al también acusado Jerónimo Gámez Quiñones, Secretario de Organización del PSOE de la Comisión Ejecutiva Municipal de San José del Valle y primer teniente de alcalde a la fecha de los hechos, acordaron, con ánimo de propiciar un enriquecimiento ilícito, destinar parte del dinero que había recibido el grupo municipal a finesajenos al funcionamiento del grupo e incluso ajenos al propio PSOE; en concreto, emitieron un cheque por importe de 2.000 euros para el pago de una multaparticular”, sostiene el fiscal Anticorrupción.

Dicha multa fue impuesta el 11 de enero de 2019 por parte del director general de Patrimonio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, a la también acusada en este caso A.G.B. por organizar un bingo sin autorización administrativa. Para el Ministerio Fiscal, A.G.B. es cooperadora necesaria de un delito de apropiación indebida y solicita para ella un años y seis meses de prisión. Para Jerónimo Gámez pide, al igual que para Carretero, tres años y medio de cárcel.

Las conclusiones provisionales de la Fiscalía exponen que el 30 de octubre de 2020 se ingresaron en la cuenta del Grupo Municipal del Socialista de San José del Valle la cantidad de 4.400 euros procedentes de los presupuestos del Ayuntamiento a partir del acuerdo del Pleno antes descrito.

Posteriormente, prosigue el fiscal, el día 3 de noviembre de 2020 Jerónimo Quiñones y Antonio González Carretero transfirieron 4.000 euros del Grupo Socialista del Ayuntamiento de San José del Valle a la agrupación local del PSOE, “extendiendo ambos un cheque a A.G.B. por la cantidad de 2.000 euros para el pago de la multa por organizar un bingo ilegal”.

El cheque se hizo efectivo el día 5 de noviembre de 2020 en la propia entidad bancaria y se saldó la multa correspondiente.

“Así, ambos acusados, con la finalidad de disponer del dinero percibido por el acuerdo del Pleno a su antojo y con fines particulares ajenos al funcionamiento del Grupo Municipal, aprovecharon de manera fraudulenta la firma de un convenio de 3 de enero de 2020 suscrito por ellos mismos por virtud del cual, el Grupo Municipal Socialista abonaría al Partido Socialista Obrero Español de San José del Valle la cantidad de 11.200 euros anuales como contraprestación de los servicios de infraestructura recibidos por el PSOE del Valle por concepto de secretariado y servicios varios, así como por la realización de los trabajos de información y difusión de éste”, recoge el escrito de calificación fiscal.

Anticorrupción afirma que Antonio González Carretero y Jerónimo Gámez Quiñones “ocultaron a la Ejecutiva Provincial del PSOE de Cádiz y a los militantes del PSOE de San José del Valle que se habían destinado 2.000 euros de las asignaciones municipales al pago de una multa particular de una militante del PSOE del pueblo, la encausada A.G.B”.

“Por parte de Jerónimo Gámez Quiñones, previo acuerdo con Antonio González, se consignó en las cuentas del partido dicho gasto como ‘Servicios Profesionales Independientes’, cuando ningún servicio se había prestado en dicho sentido”, mantiene la Fiscalía.

Al finalizar el año 2020 y ser requerida desde la Ejecutiva Provincial de Cádiz la presentación de las cuentas del partido, esos 2.000 euros no estaban justificados al no estar acompañados de factura alguna. Entonces, según la acusación pública, Jerónimo Gámez Quiñones, sin conocimiento de Antonio González Carretero, “se dirigió a una ferretería del pueblo y solicitó una factura falsa con el compromiso de pagarle el IVA con el fin de enmascarar los 2.000 euros gastados ilegalmente en el pago de la multa de un bingo en una ficticia compra de 2.000 euros en hipoclorito, si bien por el encargado de la tienda se negó a la emisión de dicha factura falsa”, asegura Anticorrupción.

Las conclusiones de la Fiscalía precisan que por parte del PSOE provincial de Cádiz se renuncia a todo tipo de indemnización. Sin embargo, el Ministerio Fiscal plantea una indemnización de 2.000 euros a favor del Ayuntamiento que deberán abonar los tres encausados conjuntamente en caso de condena.

Otras causas judiciales de Carretero

Son muchos los líos judiciales en los que Antonio González se ha visto involucrado. En diciembre de 2017, el portavoz del PP, Antonio García, le arrebató la alcaldía tras salir airoso de una moción de censura que, sin embargo, fue declarada ilegal meses más tarde, de manera que Carretero recuperó el bastón de mando.

De nuevo en el sillón, el primer edil vallense salió absuelto en primera instancia tras no derribar ni sancionar una construcción ilegal de un vecino del pueblo. El segunda instancia, el TSJA lo condenó a inhabilitación por este mismo caso, si bien finalmente el Tribunal Supremo lo volvió a exculpar.

Algo parecido ocurrió con una causa abierta al regidor socialista por injurias a la Policía Local: primero fue condenado por asegurar en una emisora de radio que los agentes actuaban como una “policía política” y después quedó absuelto al considerar la Audiencia que sus manifestaciones, “desafortunadas”, se amparaban en “su derecho a la crítica”.

Carretero tiene actualmente otra causa pendiente por el cobro irregular de tasas municipales a unos feriantes.