El Ayuntamiento de Barbate condena el acto vandálico sufrido por la jueza del ‘caso Barbate’

El alcalde, Miguel Molina, en nombre del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Barbate, ha condenado “enérgicamente” los actos vandálicos sufridos en el vehículo de la jueza instructora del 'caso Barbate', un ataque que califica de “inaceptable contra la justicia y el Estado de derecho”, qué en su opinión, “no representa los valores de nuestro municipio”.

Asimismo, desde el Ayuntamiento reiteran su firme rechazo a cualquier acto incívico que atente contra la seguridad, el mobiliario urbano y los bienes públicos y privados. Este tipo de comportamientos, asegura la primera autoridad local, “no tienen cabida en nuestra sociedad y afectan negativamente a la convivencia ciudadana”.

Desde el Consistorio hacen un llamamiento a la responsabilidad y el respeto, así como a la colaboración de la ciudadanía para denunciar y frenar este tipo de actos.

Por otro lado, el sindicato Jupol, de la Policía Nacional, manifestó su "firme respaldo" a la labor de la juez instructora del denominado 'caso Barbate' y han afirmado que "con este ataque se demuestra una vez más la absoluta impunidad con la que se sienten los narcos".

"Reconocemos y valoramos su compromiso y dedicación en la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Cádiz, una tarea que consideramos esencial para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos", manifestó la asociación en relación con la jueza encargada de investigar la muerte de los dos guardias civiles al ser arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate en febrero de 2024, que según ha denunciado la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) sufrió actos vandálicos en su vehículo.

Asimismo, Jupol expresó su "profunda preocupación y descontento" respecto al Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, promovido por el Ministerio del Interior, al considerar que "ha resultado ser un auténtico fracaso, evidenciado por el incremento de la violencia y la actividad delictiva en la región". "Este plan no ha logrado proporcionar los resultados esperados en términos de seguridad y eficacia en la lucha contra el narcotráfico", afirmaron.

Así, exigieron "la implementación de medidas urgentes que incluyan un endurecimiento legislativo que incluya la reforma de las leyes actuales, para imponer sanciones más severas a quienes participan en actividades relacionadas con el narcotráfico y la delincuencia organizada".

"Insistimos en la necesidad de declarar la provincia de Cádiz como Zona de Especial Singularidad, que permitiría dotar a la región de recursos adicionales y específicos para enfrentar la problemática del narcotráfico, reconociendo la complejidad y peligrosidad de la situación que enfrentan diariamente nuestros agentes", añadieron.

Finalmente, Jupol indicó que "es urgente llevar a cabo el reconocimiento de la Policía Nacional como profesión de riesgo", señalando que "es esencial que se reconozca oficialmente la peligrosidad inherente a las funciones que desempeñan los agentes, lo que facilitaría la implementación de mejoras en sus condiciones laborales, de seguridad y de salud".