El emisario submarino de Zahara ya suma cuatro imputados
El alcalde de Barbate, su antecesor y la actual diputada de Turismo tendrán que declarar en abril
Cádiz/La querella que la Asociación de Comerciantes de Zahara de los Atunes (Acoza) interpuso el año pasado contra el Ayuntamiento de Barbate por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por la entrada en funcionamiento del emisario submarino de Zahara, tiene ya sus primeros imputados. En concreto, el Juzgado de Instrucción número uno de la localidad barbateña ha citado ya a declarar en calidad de investigados (antes imputados) a cuatro concejales de la Corporación barbateña. Así, para el 26 de abril están citados por el juez el actual alcalde, Miguel Molina (PA), y la concejala María José Corrales, quien asumió la Delegación Municipal de Urbanismo antes de que abandonara el gobierno y las filas del PA para quedarse como concejal no adscrita. Y al día siguiente, el 27 de abril, le tocará el turno al ex alcalde Rafael Quirós (PSOE), y a María Dolores Varo, ex delegada municipal de Turismo, Medio Ambiente, Playa y Comercio y que actualmente es concejala del Grupo Socialista en la oposición y diputada provincial encargada del área de Turismo. También tendrá que declarar el representante legal de Aqualia S.A., empresa que gestiona el tratamiento de las aguas residuales en todo el municipio barbateño.
Este procedimiento judicial tiene por objeto analizar si los munícipes barbateños cometieron delito al decretar la entrada en funcionamiento del emisario submarino de Zahara. Esa conducción fue ideada y aprobada en los últimos años del gobierno socialista de Quirós, y fue mantenida por Molina una vez que éste accedió a la Alcaldía a mediados de 2015.
Durante muchos años la depuradora de Barbate que trata los residuos de este municipio y de la pedanía de Zahara de los Atunes vertía directamente el agua tratada al río Barbate. Todo cambió cuando a principios del verano de 2011, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta decretó el cierre al baño de la playa del Carmen al detectar inmundicias en el agua. Eso hizo que el Ayuntamiento retirara la concesión de la depuradora a la empresa que la gestionaba, le adjudicara luego el servicio a Aqualia y que ésta pusiera en marcha en 2014 el referido emisario submarino.
En concreto, desde ese momento la depuradora de Barbate vierte al Atlántico en un enclave ubicado a mitad de camino entre Barbate y Zahara, en concreto a la altura de la playa del Botero. Esa conducción apenas tiene 300 metros de longitud y sólo está en funcionamiento entre los meses de junio y septiembre. El resto del año se sigue vertiendo al río.
Este emisario enoja mucho a los vecinos de Zahara de los Atunes, que entienden que estos vertidos son los responsables de que se retirara la bandera azul a la playa zahareña, que critican los malos olores y que consideran que todo ello pone en riesgo la hostelería de un enclave eminentemente turístico. Este malestar desembocó en una querella que al principio estaba impulsada por tres colectivos, aunque con el tiempo se retiraron de la misma el PSOE zahareño y el partido independiente Gente de Zahara. Finalmente la querella sólo está respaldada por la Asociación de Comerciantes de Zahara (Acoza), aunque con el apoyo de siete vecinos que se han sumado a la misma a título particular.
Los querellados, por su parte, rechazan que hayan cometido delito y anuncian que, si finalmente quedan absueltos, emprenderán medidas legales contra los denunciantes.
La Fiscalía pide que se hagan análisis del agua
La Fiscalía de Cádiz ha dado por ahora credibilidad a la querella presentada por la Asociación de Comerciantes de Zahara (Acoza) contra el Ayuntamiento de Barbate y ha solicitado al Juzgado de Instrucción que lleva el caso diferentes diligencias que permitan esclarecer los hechos denunciados. Entre ellas está la petición de que se realicen análisis del agua tratada que sale de la depuradora barbateña. La fiscal de Medio Ambiente, Patricia Navarro, propone que ese estudio lo haga el Servicio de Valoración Toxicológica y Medio Ambiente del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses con la ayuda del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.
3 Comentarios