La sentencia de los ERE se conocerá después de las elecciones autonómicas

Es materialmente imposible que la sentencia del juicio de los ERE se haga pública antes de las próximas elecciones autonómicas, que podrían adelantarse a noviembre o a la primavera de 2019. La decisión de la Audiencia de Sevilla sobre los 22 ex altos cargos acusados, entre los que se encuentran los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, no tendrá, por tanto, una influencia destacada en los comicios. Ni para bien, ni para mal. Como mucho y en el supuesto de que las elecciones se adelantaran al mes de noviembre, lo único que se conocería es que el juicio probablemente habrá quedado visto para sentencia, en el mejor de los casos, tras la exposición de los informes de conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción, las demás acusaciones, y las defensas de los ex altos cargos. Sí habrá, en ese momento, nuevas fotografías de los ex presidentes y de los otros ex consejeros procesados sentados en el banquillo de los acusados, con el evidente desgaste mediático que eso representa. El tribunal autorizó el pasado 17 de abril, una vez concluidas las declaraciones de los acusados, que éstos se ausentaran de la vista oral hasta la fase final del juicio.

El calendario fijado en su día por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla contempla, en principio, sesiones del juicio hasta el próximo 31 de octubre, aunque el tribunal baraja que la vista finalice a principios de noviembre, lo que ya ha provocado daños colaterales en otras Audiencias provinciales como la de Cádiz, que ha tenido que suspender el juicio por el denominado caso Quality Food –una estafa a la Zona Franca– ante la coincidencia de varios abogados personados en el caso de los ERE.

Si como está previsto el juicio de los ERE finaliza en noviembre –algunas fuentes apuntan a que podría retrasarse hasta diciembre incluso con la exposición de los informes de las partes–, a partir de ahí es cuando los tres magistrados (Juan Antonio Calle Peña, Pilar Llorente y Encarnación Gómez) se retirarían a deliberar sobre el caso, un proceso complejo en el que, en primer lugar, deben analizar sí se han cometido los delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales, así como quiénes de los 22 acusados serían o no responsables. Para la deliberación y la redacción de la sentencia, que correspondería al ponente del caso, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, el tribunal estaría en principio liberado de otras funciones jurisdiccionales, con lo que tendrían dedicación exclusiva al asunto, al menos en lo que se refiere al ponente.

La deliberación y la redacción de la sentencia es un proceso muy complejo, más incluso en un caso de la envergadura de los ERE, teniendo en cuenta la complicación técnica de lo que se está enjuiciando en el denominado “procedimiento específico” de los ERE, es decir, sí se creó o no realmente un procedimiento para defraudar y si la totalidad de los 741 millones de euros concedidos durante una década en ayudas sociolaborales y directas a empresas pueden considerarse fraudulentos por las deficiencias del procedimiento, algo que a priori no está nada claro porque los más de 6.000 trabajadores beneficiarios de los ERE siguen a día de hoy percibiendo dichas ayudas y no han sido traídos al proceso en su condición de partícipes a título lucrativo del delito.

En la deliberación y redacción del fallo, que a buen seguro ocupará centenares de folios, el tribunal necesitará como mínimo entre cinco o seis meses, con lo que si el juicio acaba en noviembre, el fallo no se daría a conocer hasta los meses de abril, mayo o junio. El fallo tiene que analizar individualmente, uno a uno, los delitos que se atribuyen a cada uno de los acusados, y realizar un detalle pormenorizado de los hechos, motivando los fundamentos por los que los jueces consideran que los acusados son inocentes o culpables, y en el caso de culpabilidad ese análisis de la implicación suele ser aún más motivado si cabe que en el caso de que la Sala haya decidido un fallo absolutorio.

Hay algunas fuentes que apuntan a que incluso la Sala necesitaría hasta ocho o nueve meses en elaborar la sentencia, lo que podría retrasar el dictado del fallo hasta después del verano de 2019, en los meses de septiembre u octubre. Estas fuentes consideran en cualquier caso que, en las condiciones más favorables, el fallo de los ERE no estaría hasta el mes de julio, con lo que en ninguna de estas posibilidades la sentencia se conocería antes de las elecciones autonómicas.

En el caso Malaya, cuyo juicio se prolongó durante casi dos años –se inició el 27 de septiembre de 2010 y finalizó el 30 de julio de 2012, la Audiencia Provincial de Málaga tardó más de un año en poner la sentencia, anunciada en principio para julio de 2013 pero que al final se retrasó hasta octubre de ese mismo año. Claro que en este caso el número de acusados era muy superior al de los ERE, dado que fueron juzgadas 86 personas relacionadas con la corrupción vinculada al ayuntamiento de Marbella y su asesor de urbanismo.

Comparando un caso con otro, no es descartable que la Audiencia de Sevilla necesite más de seis meses para redactar la sentencia, sería incluso lo lógico, aunque en otros supuestos aparentemente de menor complejidad técnica, como el caso de las tarjetas black, la Audiencia Nacional tardó menos de un mes en dictar la sentencia que condenó a penas de entre tres meses y seis años a los 65 acusados. Esta sentencia, cuya ponencia correspondió a la juez Teresa Palacios, tiene 259 folios y fue dictada el 23 de febrero de 2017, tan sólo 21 días después de acabar el juicio, el 2 de febrero.

La Audiencia de Navarra tardó cinco meses en dictar la condena de los cinco miembros de la denominada Manada por la violación de los Sanfermines, un caso que suscitó una enorme expectación mediática, circunstancia que también concurre en el juicio de los ERE.

Hay otro elemento que podría influir en el retraso en la finalización del juicio de los ERE, puesto que las defensas podrían solicitar al tribunal un parón de una o dos semanas para preparar sus informes definitivos de conclusiones, una vez que la Fiscalía Anticorrupción y las demás acusaciones populares expusieran su informe de conclusiones. Así, en el caso Malaya, la Sala decidió suspender la vista durante varias semanas para permitir que las defensas pudieran elaborar y presentar un escrito detallado con los principales argumentos de su informe. Lo que no está tan claro es que el tribunal de los ERE vaya a permitir esta posibilidad.