¿Qué es el nuevo registro de huella de carbono aprobado por el Gobierno?

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto que refuerza el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono en España. Esta nueva normativa amplía las obligaciones para empresas y administraciones, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar en la transición ecológica.

¿Qué es la huella de carbono y por qué es importante?

La huella de carbono es el total de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que genera una actividad, organización o evento. Medirla permite identificar oportunidades. Según ha explicado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, "medir la huella de carbono nos permite reducir las emisiones, mejorar los procesos productivos, ser más eficientes y competitivos, impulsar la innovación y ser menos dependientes de los combustibles fósiles".

Un registro con impacto probado

Desde su creación en 2014, el registro de huella de carbono del Ministerio para la Transición Ecológica ha sido una herramienta clave en la lucha contra el cambio climático en España. Hasta la fecha, cuenta con más de 14.250 huellas de carbono inscritas, 23.348 hectáreas de superficie repoblada y 154.406 toneladas de CO2 compensadas.

El nuevo Real Decreto amplía el alcance del registro, permitiendo la inscripción de nuevas tipologías de proyectos de absorción de CO2 y de eventos, además de mejorar la tramitación y reforzar la coordinación con registros autonómicos.

Nuevas obligaciones para empresas y administraciones

Una de las novedades más importantes de esta normativa es la obligatoriedad del cálculo de la huella de carbono y la elaboración de planes de reducción de emisiones para determinadas empresas y todas las instituciones de la Administración General del Estado.

Las empresas sujetas a esta obligación son aquellas que ya estaban contempladas en la Ley 11/2018, que incluye grandes corporaciones con más de 500 empleados y entidades de interés público. En el caso de la administración, ministerios, organismos autónomos y otras entidades del sector público estatal deberán calcular anualmente su huella de carbono.

Además, las organizaciones inscritas en el registro podrán compensar sus emisiones mediante proyectos forestales dentro del territorio nacional, contribuyendo no solo a la reducción de CO2 en la atmósfera, sino también a la generación de beneficios ambientales y sociales.

Sostenibilidad y lucha contra el cambio climático

Con esta medida, el Gobierno aspira a reforzar su compromiso con la transición ecológica y el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de cambio climático. La ciudadanía española, como ha señalado la ministra Aagesen, "respalda mayoritariamente las acciones de lucha contra el cambio climático. Nos piden a los gobiernos que hagamos más, no menos". Sobre la percepción social del cambio climático ha añadido que "la gran mayoría de la sociedad española no es negacionista, y teme al negacionismo".