Portugal aprueba una moratoria histórica sobre la minería submarina

En un paso sin precedentes en Europa, Portugal ha aprobado una ley que establece una moratoria sobre la minería en aguas profundas hasta 2050, convirtiéndose en el primer país europeo en consagrar esta prohibición en su legislación nacional.

La medida responde a la creciente preocupación de la comunidad científica y de organizaciones ambientales sobre los riesgos que implica la extracción de minerales con maquinaria pesada en los fondos marinos, tanto para los ecosistemas como para la pesca y el clima global.

Muchos gobiernos han expresado su rechazo a esta minería, pero Portugal es el primero en recogerlo en una ley. Según la organización WWF, en el verano de 2024 ya eran 32 los países que se oponen firmemente a esta actividad (entre ellos España) y su número sigue creciendo. Tras la última asamblea de la ISA (Autoridad Internacional de los Fondos Marinos) en Jamaica en julio 2024, tres grandes aseguradoras han excluido esta industria de sus servicios, y SAP, la empresa más valiosa de Alemania, se ha unido a otras 51 empresas que piden también una moratoria.

En el caso de Portugal, a nueva legislación, ya promulgada por el presidente Marcelo Rebelo de Sousa, no podrá ser revertida sin un nuevo debate parlamentario, garantizando estabilidad a largo plazo, incluso en un contexto de inestabilidad política. “Portugal es el primer país en aprobar esta moratoria en letra de ley, lo que la dota de mayor jerarquía y estabilidad que una simple resolución parlamentaria”, subrayó Tiago Pitta e Cunha, presidente de la Fundación Oceano Azul, en declaraciones a ONU News.

Los científicos alertan de que la minería submarina podría liberar grandes cantidades de carbono almacenado en los sedimentos marinos, alterando su papel como reguladores climáticos y agravando la crisis climática. Además, la actividad minera genera enormes nubes de sedimentos que contaminan la columna de agua, afectando gravemente la biodiversidad y la pesca, una fuente vital de proteína para millones de personas.

Un liderazgo ambiental con proyección internacional

Portugal refuerza así su posición como referente global en la defensa de los océanos. Ya en 2022 fue coanfitrión de la mayor conferencia de la ONU sobre océanos junto con Kenia, y en los últimos tres años ha impulsado más decisiones de protección marina que en las tres décadas anteriores.

Esta legislación también podría tener repercusión en el seno de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), el organismo de la ONU encargado de regular la minería en aguas internacionales. La postura firme de Portugal puede presionar para una moratoria global, en un momento en que gobiernos, científicos y organizaciones ecologistas reclaman una mayor protección de los ecosistemas marinos.

En el caso de España, el Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley demandando el establecimiento de una pausa precautoria de la minería submarina, acordando estudiar su prohibición en aguas españolas. La proposición, registrada por Unidas Podemos, ha salido adelante con una enmienda del PSOE.

El caso de España

España no ha establecido una ley que prohíba explícitamente la minería submarina de manera absoluta en todas sus aguas jurisdiccionales hasta la fecha actual, 3 de abril de 2025. Sin embargo, sí ha tomado medidas significativas para restringirla y aboga por una postura cautelosa a nivel nacional e internacional.

En abril de 2022, entró en vigor un real decreto en España que introdujo por primera vez un freno a la minería submarina en aguas españolas. Este decreto, relacionado con los informes de compatibilidad con las estrategias marinas, responde a las demandas de grupos ecologistas como Ecologistas en Acción. No establece una prohibición total, pero sí incorpora una referencia a la moratoria internacional solicitada por el Parlamento Europeo en su resolución de junio de 2021 sobre la estrategia para la biodiversidad en 2030. Además, está vinculado a una reforma en curso de la Ley de Minas de 1973, que comenzó su trámite parlamentario en paralelo y que podría endurecer las regulaciones.

Finalmente, en febrero de 2023, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley demandando el establecimiento de una pausa precautoria de la minería submarina, acordando estudiar su prohibición en aguas españolas. La proposición, registrada por Unidas Podemos, salió adelante con una enmienda del PSOE.