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Nicolas Sarkozy logró ayer una victoria judicial con una decisión que no sólo obliga a retirar las conversaciones que se habían publicado de las grabaciones que le hizo su exconsejero Patrick Buisson cuando era presidente, sino que pretende disuadir a quienes quisieran hacer públicas otras nuevas.
El Tribunal de Gran Instancia de París, ante el que Sarkozy y su esposa, Carla Bruni, se habían querellado para que actuara por el procedimiento de urgencia, impuso a Buisson el pago de 10.000 euros a cada uno de ellos por haber violado su intimidad al grabarlos sin su consentimiento.
El tribunal consideró al que fuera uno de los principales consejeros del anterior jefe de Estado francés durante su mandato (2007-2012) responsable de la divulgación de esas conversaciones porque aunque se las hubieran sustraído y no fue él quien las dio a la prensa, existían por su culpa.
Los jueces también instaron al sitio de información Atlantico, que puso en línea una decena de minutos de las numerosas horas de grabaciones, a que las retire bajo la amenaza de una sanción de 5.000 euros diarios. "Espero que todos escuchen este mensaje", señaló Richard Malka, uno de los abogados de Sarkozy, en un mensaje dirigido a quienes estuvieran tentados a sacar otros fragmentos que pudieran ser comprometedores para su cliente.
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