La Justicia inhabilita a Marine Le Pen y le cierra el camino al Elíseo

El mismo día en el que un sondeo le colocaba como favorita para las presidenciales de 2027, la líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen vio comprometido su futuro político por una condena por desvío de fondos del Parlamento Europeo que incluye cinco años de inhabilitación con aplicación preventiva.

Un terremoto en la vida política del país cuyas consecuencias son ahora difíciles de valorar, puesto que la inhabilitación de Le Pen se mantendrá pese al recurso que presentará, y que anunciaron sus abogados.

La política, de 56 años, que llevó al partido que heredó de su padre a las cotas más altas en las urnas y lo situó al borde del poder, ve ahora como su carrera puede tocar a su fin por lo inusual de la inhabilitación preventiva que sus lugartenientes se apresuraron a criticar.

La única y remota posibilidad que tiene ahora de presentarse a las elecciones es que el nuevo juicio en apelación acabe antes de 2027 y en el mismo sea absuelta o no incluya la inhabilitación preventiva. Algo que varios especialistas consultados por EFE consideran poco probable.

La inhabilitación con carácter inmediato eclipsó el resto de la pena, cuatro años de cárcel, de los que solo cumplirá dos y con arresto domiciliario y un brazalete electrónico, y 100.000 euros de multa, algo menos de lo que había pedido en su contra la Fiscalía.

Ella misma, que había acudido al Palacio de Justicia para la lectura de la sentencia, lo abandonó visiblemente airada poco antes de escuchar su pena, cuando la presidenta del tribunal ya había dicho que le impondría una pena de inhabilitación con aplicación inmediata.

Los gestos airados con los que escuchaba a la magistrada dejaban entrever su enfado y, tras hablar con su abogado, abandonó el lugar sin hacer declaraciones y se dirigió a la sede del partido, donde también acudió su delfín, Jordan Bardella, de 29 años, sobre quien previsiblemente ahora reposan las opciones electorales del partido.

Bardella reaccionó en redes sociales afirmando que la condena a su mentora supone "la ejecución" de la democracia francesa, aferrándose al argumento que ha mantenido la defensa de Le Pen, la de que los jueces no pueden privar a once millones de electores de su candidata.

El resto de la clase política reaccionó de forma dispersa. Desde la izquierda pidieron que cumpliera su pena como cualquier otro ciudadano, como la líder ecologista, Marine Tondelier, o el izquierdista Manuel Bompard, mientras que otros políticos consideraron que supone una intromisión en la vida democrática del país.

El propio primer ministro, François Bayrou, que hace unos meses escapó por los pelos de una condena similar en un caso también de financiación ilícita con fondos del Parlamento Europeo, evitó valorar la sentencia, pero según sus colaboradores, citados por el diario Le Parisien se mostró "desconcertado" por la misma.

Instigadora del sistema

La sentencia considera que Le Pen heredó en 2009 el "papel central" en el sistema que su padre había urdido en 2004 para financiar el partido con el dinero de los asistentes parlamentarios de la Eurocámara, un rol que ella ejerció con "autoridad y determinación".

Por ello, no solo le condenó por los cuatro asistentes que ella misma tuvo en los años que pasó en la Eurocámara, sino también como cómplice de todos los demás, un esquema que causó un perjuicio de 4,1 millones de euros a esa institución.

La presidenta del tribunal insistió en "la gravedad de los hechos" y justificó la dureza de la condena por la necesidad de probidad de la vida pública y porque el sistema de financiación ilícita del partido atentó contra la neutralidad democrática, al permitirles concurrir en condiciones ventajosas a las elecciones.

"El tribunal ha tenido en cuenta el riesgo de reincidencia y de desorden público que puede acarrear el hecho de que concurra a unas elecciones presidenciales una persona condenada", señaló la presidenta del tribunal, Bénédicte de Perthuis.

A la líder ultra le impuso la pena más dura, pero también condenó a otros ocho eurodiputados, actuales o pasados, incluido el alcalde de Perpiñán, Louis Aliot, la ciudad más grande que nunca ha gobernado la extrema derecha.

Sobre Aliot recayó una pena de tres años de inhabilitación pero sin aplicación inmediata debido a su condición de electo a nivel local.

La onda expansiva de la condena histórica se sintió fuera de las fronteras francesas. El presidente húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, envió un mensaje en redes sociales diciendo "Je suis Marine", mientras que el Kremlin consideró la sentencia "una disfunción democrática".

En un breve comentario, el Parlamento Europeo, personado como acusación particular, se limitó a valorar que su objetivo era "salvaguardar los fondos de los contribuyentes europeos y su presupuesto".