Admitida una demanda contra 127 ex Delphi por su formación en Inteca

El Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla ha admitido a trámite la demanda de impugnación de actos administrativos presentada por la Asociación para la Calidad Europea (Inteca), entidad vinculada al exconsejero andaluz Ángel Ojeda, contra la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y contra 127 extrabajadores de Delphi a los que impartió formación y que se habrían beneficiado de contratos laborales supuestamente simulados. El sindicato USO ha anunciado un recurso de reposición en defensa de sus afiliados. En la diligencia de ordenación del juzgado con fecha de 2 de marzo, a la que ha tenido acceso Europa Press, se especifica que el acto de juicio se señala para el 21 de junio de 2018.

Esto es así después de que el juzgado haya admitido a trámite la demanda en materia de impugnación de actos administrativos para que se suspenda la resolución de la Dirección General de Empleo que impone a Inteca una sanción por importe de 793.877 euros por la supuesta comisión de 127 infracciones tipificadas por el artículo 23.1 e) de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, es decir, por concertar contratos de trabajo supuestamente simulados.

Inteca ha venido reclamando la suspensión de dicho procedimiento hasta que se resuelvan definitivamente las diligencias previas que se tramitan por la vía penal por los mismos hechos ante los Juzgados de Instrucción número 6 de Sevilla y número 2 de Cádiz. Al respecto, ha argumentado que la normativa establece que una sentencia firme condenatoria excluirá la imposición de sanción administrativa por los mismos hechos. Asimismo, ha argumentado que en caso de que la vía penal estime que no existe simulación contractual, la denegación de suspensión del procedimiento administrativo sancionador puede ser "irreparable" para Inteca.

Por otra parte, el juzgado ha admitido también la demanda contra los 127 extrabajadores de Delphi que participaron en los cursos, tras alegar Inteca la "vulneración del principio de igualdad" si no se reclaman cantidades por parte de la Administración a los trabajadores, ya que supondría "sancionar sólo a una de las partes, a pesar de la participación de dos en el supuesto fraude a la Seguridad Social propiciado por la simulación contractual". Entre otras cuestiones, Inteca argumenta en su recurso que no se dan los requisitos de simulación contractual, puesto que "se ha limitado a percibir una subvención que fue destinada a la finalidad expresamente perseguida por las administraciones públicas que la concedieron".

Al respecto, abunda que la Administración Pública Estatal "no puede considerarse un tercero ajeno, ni mucho menos perjudicado", pues ha sido "parte activa en la creación, destino y control de la subvención percibida" por la empresa. Así, sostiene que Inteca "no es más que el último eslabón de una serie de decisiones y acuerdos adoptados por las distintas administraciones públicas para mejorar la empleabilidad y para formar a determinados trabajadores", que ha "cumplido a rajatabla". Y calificó de "contrasentido" que, "siete años después", la Administración Pública "pretenda declarar nulos unos contratos de trabajo por considerarse perjudicada cuando, de ser así, la Seguridad Social tendría que reintegrar a las entidades empleadoras los seguros sociales".