Atentado a un diputado en La Isla

En la historia del parlamentarismo español, no resulta fácil encontrar una figura como la de Isidoro de Antillón y Marzo, cuya permanencia en las Cortes fue muy corta -ocho meses escasos- y, sin embargo, sobresalió en ellas de manera extraordinaria.

Acendrado liberal, partidario de los derechos del hombre y opuesto radicalmente a toda forma de despotismo, ignorancia y superstición, defendió la soberanía nacional por encima de los reyes a los que conceptuaba sólo como jefes de Gobierno, en la consideración de que la naturaleza no había formado señores y esclavos, nobles y vasallos, ya que tales divisiones eran consecuencias de la fuerza y de las instituciones humanas.

Su vida sirve de ejemplo para significar hasta dónde pueden alcanzar la voluntad y el espíritu de superación, pues pocas veces la naturaleza se ha mostrado tan injusta, aprisionando en un cuerpo sumamente débil y enfermizo a un sujeto de mente vigorosa, vasta instrucción y acendrada virtud.

Nacido en Santa Eulalia de Jiloca (Teruel) el 15 de mayo de 1778, alcanzó a ser bachiller, doctor en leyes, doctor en cánones, catedrático de Geografía, Cronología e Historia del Real Seminario de Nobles de Madrid, individuo de mérito literario en las Reales Sociedades Aragonesa y Matritense, abogado de los Reales Consejos, académico supernumerario de la Historia, vocal de las Juntas de Teruel y Albarracín en la Guerra de la Independencia, redactor de la parte histórica del Semanario Patriótico, director comisionado del Archivo de Indias, redactor principal de la Gaceta del Gobierno y Oidor de la Real Audiencia de Mallorca, donde fue el principal inspirador y editor del periódico La Aurora Patriótica Mallorquina. En esta isla provocó las iras de los serviles, muy en particular de los clérigos retrógrados, quienes lo difamaron de todos los modos posibles.

En febrero de 1813 fue elegido diputado propietario a las Cortes generales y extraordinarias por Aragón, entrando a jurar y tomar asiento el siguiente 23 de mayo. Luego quedó como suplente en las primeras Cortes ordinarias hasta la llegada de los representantes propietarios, lo que se produjo en Madrid el 15 de enero de 1814, concluyendo así su corta pero intensa diputación. Siempre representó lo contrario de un parlamentario vulgar y adocenado, singularizándose por su fecundidad y brillantez oratoria. Tenaz y enérgico en la defensa de sus proposiciones, fue comparado por sus coetáneos con el divino Argüelles, advirtiéndose que lo que en éste era facilidad de palabras, en Antillón era facilidad de ideas.

Desde que las Cortes de la primera legislatura ordinaria abrieron sus sesiones el 1.º de octubre de 1813, y empezaron a debatir la salida de la ciudad de Cádiz y el traslado a Madrid, se distinguió por oponerse a la partida con sólidos argumentos. Convertido, a la sazón, en el más destacado de los diputados reformistas, la firme defensa de sus postulados acrecentó la gran inquina que le tenían los sectores reaccionarios.

Con el Congreso de nuevo en la Isla de León, en la sesión extraordinaria del 3 de noviembre se deliberó sobre el dictamen evacuado por la comisión especial de traslación. El turolense participó con su habitual energía y bien estructurado discurso, dejando ver a las claras las contradicciones de sus antagonistas, en particular las del diputado Cuartero. Aquella sesión se prolongó hasta muy tarde y alrededor de las diez y media de la noche, cuando se retiraba a su casa, fue acometido en la entrada de la calle del Vestuario -actual Tirso de Molina- por tres individuos armados, uno de los cuales le descargó un golpe fortísimo de sable sobre la cabeza, que le hizo caer en tierra y quedar sin sentido. Los atacantes huyeron de inmediato. Por fortuna, la manera en que se hallaba la víctima cubierta con el sombrero y el capote impidieron que la hoja del arma penetrase y que mayor fuera el daño producido. Con prontitud se pasó aviso al presidente de las Cortes y el herido fue atendido por el cirujano 1.º de la Armada Pascual de Morales, de las Brigadas de Artillería.

En la jornada siguiente, la Asamblea trató sobre esta acción tan infame y alarmante. Al ser leído un oficio remitido desde su domicilio por Antillón, en el que narraba lo ocurrido y señalaba que se hallaba postrado en cama con una contusión en la frente y sin otra lesión notable, "aunque débil y desconcertado, sin riesgo ni calentura", resonó un grito de indignación general. El presidente manifestó que, nada más conocer el hecho, ordenó diversas providencias, entre ellas la de que el diputado fuese examinado por el facultativo referido, de quien recibió un parte que se hizo público. Además, propuso que, ante este acontecimiento sin precedentes, se nombrara una comisión especial parlamentaria -compuesta por los diputados Castanedo, Mendiola, Ledesma, Gordoa y Sombiela- que debería informar en un término de seis horas, en la sesión extraordinaria que comenzaría a las ocho de la noche del mismo día.

Con la agresión se había atacado la seguridad de la representación nacional y la libertad de sus integrantes, que eran inviolables. Presentado el dictamen por los comisionados en la sesión de la noche, se ordenó a la Regencia que no omitiera medio legal alguno y pusiera el máximo interés en el desempeño de este asunto, intentando averiguar quiénes habían sido los culpables de algo tan execrable, obligándose a comunicar al Congreso el desarrollo de las investigaciones. También se leyó un oficio del encargado del Despacho de Gracia y Justicia, participando que, apenas el Gobierno tuvo noticia de lo sucedido, había comunicado al juez de primera instancia de la Isla de León, Juan de Dios Aguilar, que practicase las más cuidadosas diligencias e informase diariamente de su adelantamiento. Entre los intervinientes en el debate se halló el diputado Capaz, quien propuso ofrecer un premio de 8.000 pesos fuertes para el descubridor del agresor, indultándose incluso al que lo hiciera aunque estuviese implicado en el atentado, a lo que se opuso radicalmente el diputado Martínez de la Rosa, señalando que tal recompensa era degradante para la nación que jamás debería acoger delitos, y que importaba menos que se ocultara el crimen que ir a buscar a los delincuentes "con los pérfidos lazos de la capciosidad, el espionaje y la recompensa de un proceder más horroroso, acaso, que el atentado con que se ha ofendido la soberanía".

Malparada salía la Isla de León con tan grave incidente. La misma comisión parlamentaria advirtió que la reputación de la villa había quedado muy seriamente manchada, y que su ayuntamiento se hallaba en la obligación principal de cooperar en la más rápida investigación y castigo, para así recuperar el honor del vecindario agraviado por cobijar en su seno a quienes habían cometido una "especie de parricidio". Entre las primeras medidas adoptadas para prevenir otra acción semejante, estuvo la de buscar al agredido un alojamiento nuevo, en la calle Real y cerca de la sede del Congreso, donde se encontrase mejor protegido.

Antillón reapareció en el Salón de Cortes ya comenzada la sesión del 8 de noviembre. Al acceder, mientras se trataba uno de los dictámenes relativo a los asuntos del día, el público -que se hallaba situado en el coro del templo del Carmen- dio muestras diversas de júbilo, que fueron contenidas por el respeto debido a las deliberaciones. Acabada la discusión del punto que en el momento se trataba, el diputado por Aragón, puesto de pie, habló en los términos siguientes: "Señor: al presentarme de nuevo en este lugar, por haberse dignado la Providencia preservar mi vida, reputo como el primero de mis deberes expresar mi gratitud a la representación nacional por el interés que ha tomado en mi desgracia; protestando de nuevo que sacrificaré gustoso mi existencia a favor de la libertad civil y de los derechos de los ciudadanos". Cuando concluyó, los espectadores prorrumpieron en aplausos.

Durante los meses siguientes y en distintas sesiones, las Cortes quedaron enteradas del estado de la causa criminal seguida contra los causantes del atentado, a través de oficios remitidos por el encargado del Despacho de Gracia y Justicia. Por el juzgado de primera instancia de la Isla se libró un exhorto al juez segundo de la misma clase de la ciudad de Sevilla para que evacuara diligencias contra personas que debían residir en la misma, y sobre las cuales existían indicios diversos.

En los ámbitos liberales españoles el suceso produjo una gran conmoción. Sólo dos días después de lo acontecido, desde Cádiz 43 firmantes dirigieron al diputado una carta en la que expresaron la mayor indignación y disgusto por "el ultraje cometido en la inviolable persona de V.S., por tantos títulos digna de respeto y amor". Otras manifestaciones de apoyo provinieron de Málaga y Mallorca.

El 29 de noviembre de 1813, las Cortes ordinarias celebraron sus dos últimas sesiones en San Fernando -título que las mismas habían concedido recientemente a la villa de la Isla de León-. En la de la mañana se leyó una exposición de Antillón dirigida al presidente, que iba acompañada de una certificación firmada por dos médicos acreditados, quienes describían el deplorable estado físico del diputado, agravado por el intenso trabajo parlamentario y muy empeorado a raíz del atentado. El solicitante pedía que, una vez finalizada su diputación, pudiese tomar las aguas minerales en Aragón y descansar durante seis meses, antes de pasar de nuevo a desempeñar su plaza de magistrado en Mallorca, a lo que se accedió.