La Audiencia Provincial emite de nuevo fallos contradictorios sobre demoliciones

El derribo de viviendas ilegales sigue cosechando fallos contradictorios en la Audiencia Provincial de Cádiz. De nuevo coinciden en el tiempo un auto de una Sección que aboga por ratificar el derribo acordado en primera instancia, y otro de otra Sección diferente que rechaza que la piqueta entre en acción con el sempiterno argumento de una futura legalización.

El auto que ratifica la demolición es obra de los magistrados de la Sección Primera, que desestiman con ello el recurso de apelación interpuesto por el propietario de una vivienda ilegal radicada en Barbate. El fallo ratifica la demolición acordada por el Juzgado de lo Penal 5 de Cádiz. En los razonamientos jurídicos, los magistrados sostienen que "las sentencias firmes deben ser ejecutadas en sus propios términos, lo cual constituye un trasunto del principio de legalidad y del Estado de Derecho". Al tiempo, en el fallo se recoge que la vivienda ilegal no ha devenido con el tiempo compatible con el ordenamiento urbanístico por modificaciones sobrevenidas en el planeamiento".

De ahí que de modo textual, la sentencia señale que "por ello mismo, la resolución judicial debe confirmarse: han transcurrido más de cuatro años desde que devino firme la ejecutoria y ésta no puede quedar sine die supeditada en su ejecución, pues sería tanto como burlar la cosa juzgada material de las resoluciones firmes, y los principios básicos y fundamentos del estado de derecho".

Paradójicamente, en otro auto, éste de la Sección Tercera, lo magistrados desestiman el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal y ratifican la resolución del Juzgado de lo Penal 1 de Cádiz que revocó parcialmente un fallo de demolición, suspendiendo temporalmente el derribo de una casa en El Puerto ante la posibilidad de que la zona termine siendo legalizada en el futuro planeamiento urbanístico. Y es que para los magistrados de esta Sección, en este caso se ha iniciado un procedimiento de revisión que podría culminar en la futura legalización de la vivienda.