Bouza firmó certificaciones erróneas por un millón de euros
Algunos cursos acreditados que llevaban la rúbrica del ex delegado no contaban ni con los partes de asistencia de los alumnos
Los casos concretos detectados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los que se detectaban abiertas irregularidades en cursos de formación y que contaban con la rúbrica del ex delegado de Empleo, Juan Bouza, sumaban subvenciones de algo más de un millón de euros.
El informe de la investigación señala cinco casos flagrantes. Uno de ellos tiene que ver con una administración pública, como es la Mancomunidad de Municipios de la Sierra, a la que Bouza dio el visto bueno a una actividad subvencionada de 124.170 euros. La Intervención se pronuncia contra lo acreditado por el responsable político: no hay expediente que permita comprobar que los alumnos cumplen los requisitos, ni se indican los repartos de los costes directos y los costes asignados a la docencia se las asignan a una persona que no había desempeñado las labores de formador.
La mayor cantidad aprobada en estos cursos que se dieron por buenos hasta que Intervención, de manera aleatoria, localizó los errores, corresponde a Fyser XXI, la sociedad que surgió de Foryser y que puso en marcha a la Escuela de Hostelería de Jerez, con una enorme reputación en el sector. En este caso, en el que se entregó una subvención de 425.820 euros, dado por bueno por Bouza, no se encontraron las actas de selección para la admisión de alumnos firmadas por los técnicos del SAE, había descuadres evidentes en la imputación de los costes asignados a la docencia, se incluyen facturas de productos que no tienen relación alguna con las materias impartidas o se imputan costes en concepto de dirección al beneficiario, pese a que, según la Guardia Civil, no realizaba función docente alguna.
Sin embargo, el caso que más irregularidades detecta, pese a contar con la aprobación del máximo responsable político del área, es el de Afanas, en El Puerto, a quien se otorgó una subvención de 139.847 euros. Esta asociación, que presta ayuda a personas con necesidades socioeducativas especiales y que durante la crisis ha sufrido graves recortes económicos, ofreció cursos, pero no existe ni siquiera un expediente de los partes diarios de asistencia del alumnado. La auditoría entregada a intervención, en uno de esos documentos incompletos enviados por el SAE, ni siquiera consta en el expediente y la documentación entregada constaba tanto de copias compulsadas como sin compulsar que carecían del estampillado acreditativo. Que además en ese mismo local se explotara un restaurante hace difícil verificar qué gastos eran para el restaurante y cuáles para la actividad formativa. Bouza dio el visto bueno.
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