Cabaña y Garrido "presionaron" para favorecer ayudas a Alestis

El caso Bahía Competitiva dio ayer un nuevo giro inesperado. El fraude que nació de las ayudas otorgadas por el Ministerio de Industria a proyectos encabezados por el empresario gallego Alejandro Dávila Ouviña, salpicó a una nueva empresa, Alestis, y al que fuera durante años responsable de la Diputación Provincial de Cádiz, el socialista Francisco González Cabaña.

Todo surgió de la declaración del que fuera técnico de la Diputación de Cádiz y miembro de la comisión de evaluación de las ayudas del Plan Bahía Competitiva, Teodoro Clavijo. En su testimonio ayer ante la juez Lourdes del Río, declaró que "modificó la baremación de Alestis" para que accediera a subvenciones "por presiones", señalando que el exgerente del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación, Teodoro Garrido, le indicó que debía hacerlo "por orden del presidente de la Diputación", González Cabaña.

Hay que señalar que Alestis surgió en la Bahía de Cádiz como el principal proveedor aeronáutico del consorcio europeo Airbus, y lo hizo bajo la participación mayoritaria en su accionariado de la propia Junta de Andalucía.

Según han indicado fuentes del caso, tanto Clavijo como Garrido, que comparecían ayer por segunda vez como imputados, se han reafirmado en sus declaraciones anteriores. Es decir, Clavijo ha acusado a Garrido de pretender la modificación de la baremación de las empresas y Garrido, por su parte, lo ha negado.

En el transcurso de la declaración de Clavijo se refirió a una reunión mantenida con el propio Garrido en la que éste "hace unas propuestas de cambio". La juez le interrogó "si no veía raro" que se le conminara a la modificación de la baremación, a lo que Clavijo respondió que "Garrido me ordenó los cambios". El extécnico de la Diputación afirmó también que no le preguntaba a Garrido de quién recibía instrucciones, salvo una vez, que le cuestionó sobre la inclusión de una empresa en concreto, Alestis, pues "estaba en el puesto 47 de la lista de reservas". A esto -aseguró- que el entonces cabeza visible del IEDT respondió: "Porque así lo quiere el presidente", en alusión directa a Francisco González Cabaña. Además, Teodoro Clavijo dijo ayer "que fue en una reunión a solas con Garrido donde le indujo a modificar las baremaciones".

Por su parte, Garrido ha defendido ante la magistrada que "nunca" se ha reunido con Clavijo "a solas". El exgerente del IEDT aseguró que el técnico del ente provincial le había ocultado la existencia de un e-mail enviado por Rosa Rodríguez Cano -representante de Bahía Competitiva en la comisión de evaluación- donde se contemplaban una serie de cambios en la baremación.

Según las fuentes judiciales consultadas por este periódico, a raíz de estas modificaciones Garrido decide llamar a Rosa Mellado, gerente de la Agencia IDEA, para preguntarle si ella tiene conocimiento del citado correo electrónico, a lo que ésta contesta que sí. En ese momento Garrido vio oportuno informar a los respectivos responsables políticos, esto es, a Angelines Ortiz (la entonces delegada provincial de Innovación ) y a María José Valencia (diputada provincial responsable del IEDT), quien, a su vez, habló con Cabaña.

En la versión que ofreció Garrido ayer, manifestó su oposición a las modificaciones de las baremaciones y subrayó que "González Cabaña dijo telefónicamente a María José Valencia -quien fuera también vicepresidenta del IEDT durante el último mandato socialista-, que se hiciera lo que dijeran los técnicos".

Tanto Clavijo como Garrido se han negado a contestar preguntas que no fueran las del fiscal, de la juez o de su propia defensa. La defensa de Clavijo no ha hecho preguntas mientras que Garrido sí ha contestado a alguna de las realizadas por su defensa.