Cádiz es la provincia andaluza donde más crece la morosidad en el alquiler

La coyuntura económica pesa en la situación que viven muchas familias y en los lugares donde las carencias estructurales no logran hacer de contrapeso, la vulnerabilidad se hace notar ante los primeros síntomas. La provincia gaditana es capaz de presentar en su balance de 2023 cifras muy positivas en cuanto a su nivel de crecimiento y batiendo récords en sectores como el turístico en el que es punta de lanza, pero mantiene indicadores que muestran sus grietas profundas y la situación de riesgo en la que se mueven tantas familias.

Un informe sobre morosidad en los arrendamientos urbanos a nivel nacional en 2023 sitúa a Cádiz entre los líderes de su lista, en este caso mostrando la crudeza de esa cara vulnerable de la situación socioeconómica de la provincia. Con un 3,41% de subida con respecto al año anterior, Cádiz es la primera en Andalucía y la cuarta española en cuanto a crecimiento de un año a otro, según un informe de la Fundación Alquiler Seguro que recoge datos del Fichero de Inquilinos Morosos.

Este dato la sitúa cerca de duplicar la media andaluza, que estaría en el 1,87% según el documento. Granada, Sevilla y Almería siguen la estela gaditana con porcentajes del 2 y 1,9, y las únicas provincias que reducen su morosidad con respecto a 2022 son Huelva y Jaén en un 0,33 y 0,19. A nivel nacional, la variación interanual la lideran La Coruña (4,18%), Murcia (3,83), Teruel (3,77) y Valencia (3,51), cerrando Cádiz ese top 5, aunque la media española se traduce en que el aumento de los impagos se limitó a un 0,85%.

Como explica Gerardo Neistat, director de comunicación de la Fundación, es complicado hacer un análisis de los datos puesto que no hay un registro de las viviendas de alquiler, solo hay estimaciones. El estudio no aporta el número de impagos, sino que se basa en los datos de registros de morosidad que, junto a un análisis de la oferta de viviendas de alquiler en la zona, va comparando la variación de un año a otro.

Otro dato difícil de obtener actualizado es el del porcentaje de contratos de alquiler que se ven afectados de algún modo por la morosidad. En octubre de 2020 alcanzaba el 7% según el Fichero de Inquilinos Morosos.

Una cifra que sí aporta el informe de la Fundación Alquiler Seguro es el de la morosidad media, alcanzándose en Cádiz una cifra en 2023 de 5.522,71 euros. En este caso, la cantidad media gaditana no está entre las más altas –tampoco entre las más bajas– en comparación con otras provincias. En Andalucía, por ejemplo, está en 6.890 euros de morosidad media, estando a la cabeza Málaga (los morosos de esta provincia presentan una deuda media en el alquiler de 8.862 euros). Cádiz sería la quinta provincia andaluza si la ponemos en lista por cantidad media adeudada y ocuparía el puesto décimo noveno en una clasificación nacional con los datos del año pasado.

El análisis que hace Sergio Cardona, responsable de estudios de la Fundación, es que la pandemia y el aumento de precios derivado de la guerra de Ucrania han dejado a las familias sin ahorros, de modo que "ahora tienen dificultades para hacer frente a cualquier gasto imprevisto".

Unos gastos que no paran de crecer. Un reciente estudio de Fotocasa ha desvelado que los alquileres en la provincia de Cádiz subieron durante 2023 un 10,1%, la segunda mayor subida en Andalucía tras el 13% de Huelva. La inflación gaditana a final de año alcanzaba el 4,4%, según estimaciones en diciembre del Colegio Profesional de Economistas de Cádiz.

El análisis de los gestores inmobiliarios

La valoración que hace de los datos de morosidad que presenta el informe Lucas Carrasco, presidente de GICA (Asociación de Gestores Inmobiliarios de Cádiz), es que dichas subidas en los impagos vienen provocados "por la nueva Ley de Vivienda, principalmente por el aumento de personas declaradas como vulnerables, ya sea de manera legal o fraudulenta. Esta situación dificulta a los arrendadores llevar a cabo procesos de desalojos ante impagos".

Analiza que la provincia gaditana presenta una situación generalizada en otras muchas provincias, que describe como "escasez de viviendas y aumento de los precios de alquiler. La nueva ley podría estar aumentando estos problemas, limitando las opciones de los arrendadores", concluye.

Y para ello, "es esencial proponer soluciones que equilibren la protección a inquilinos vulnerables y los derechos de los arrendadores. Esto puede incluir la revisión de aspectos de la Ley, junto con políticas que fomenten la oferta de viviendas asequibles y programas de apoyo tanto para inquilinos como para arrendadores", argumenta Carrasco.

El representante inmobiliario considera que "un análisis del mercado laboral en Cádiz y cómo este influye en el mercado de alquileres sigue siendo fundamental. A largo plazo, las tendencias demográficas y económicas, junto con el impacto de la situación laboral y el impacto de la economía sumergida, determinarán la dinámica del mercado de alquileres en la provincia".

Las medidas protectoras del Gobierno

El Gobierno central aprobó una prórroga de las suspensiones de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables y sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2024, dentro de las medidas socioeconómicas para compensar los efectos en los precios de las guerras de Ucrania y Oriente Próximo y la sequía.

Esta decisión gubernamental se suma a la Ley de Vivienda a la que hace referencia Carrasco, que "recoge mejoras en el procedimiento de desahucio que pueda afectar a la vivienda habitual de hogares vulnerables", según el Ministerio, ampliando plazos para que la administración pueda atender la situación de vulnerabilidad cuando se dan una serie de requisitos. La ley también limita las subidas en los precios de los alquileres, aunque por el estudio mencionado de Fotocasa no ha resultado muy efectivo de momento dicho obstáculo.

A su vez, estas medidas del Ejecutivo vienen acompañadas de compensaciones para arrendadores o propietarios afectados por la suspensión extraordinaria y que también han visto aumentar el periodo para solicitar dichas medidas hasta enero de 2025.

Según los datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial, los desahucios por no poder pagar el alquiler en el conjunto de Andalucía a finales de 2023 registraron la cifra más baja de al menos los últimos diez años. Habrá que estar vigilantes sobre cuáles van a ser las consecuencias de esta tendencia alcista en los precios del alquiler –y lo que no es alquiler– con el fin de las medidas protectoras del Gobierno en las familias más vulnerables.