Cambio climático en Cádiz: atascados en las buenas intenciones

Horas antes de la inauguración de la Cumbre del Clima en Glasgow, Joe Biden acudía a la reunión del G20 en Roma con una escolta de ochenta coches. Detalle que no le impidió, nada más aterrizar en tierra escocesa, lamentar que "nos estamos quedando cortos" en los plazos para reducir emisiones y subrayar la necesidad de alcanzar pronto el objetivo del 1,5 grados de subida. ¿Es una imagen insultante? Sin duda. ¿Estúpida? Por supuesto. Pero aún más que insultante y estúpida es otra cosa: paradigmática. A otra escala mucho más insignificante, Joe Biden somos todos.

Tras un rosario de Cumbres del Clima arropadas por informes cada vez más enconados del IPCC sobre la necesidad de reducir las emisiones, el público en general, y las agrupaciones ecologistas en particular, son más que escépticos al respecto: para Ecologistas en Acción, los buenos propósitos chocan "de manera frontal con los bajos compromisos de reducción de las emisiones aportados por los diferentes países". En un intento por simplificar las cosas, la actual COP26 transmite dos mensajes: la importancia de reducir de forma drástica las emisiones y la necesidad de proteger los escenarios vulnerables.

Reducir emisiones. El trotante unicornio tras el laberinto de la transición ecológica. En la provincia de Cádiz, la fotografía al respecto es compleja. Si hay una imagen que ejemplifique el descabezado cambio de modelo es la de los campos sembrados de huertos solares. En el término municipal de Jerez, ya llegan a la veintena los proyectos de fotovoltaica. El pasado verano, Castellar, Jimena, Tesorillo, Gaucín y Casares solicitaron a la Junta de Andalucía una moratoria sobre los proyectos de huertos solares en sus municipios, para que estos se desarrollaran de "forma sostenible y ordenada". En 2020, el año de pandemia, la producción energética por placas solares creció un 50% en Andalucía. La provincia gaditana ha duplicado en una década su potencia en electricidad generada en paneles, según datos de la Agencia Andaluza de Energía. A fecha del pasado 30 de junio, la potencia fotovoltaica conectada a red de la provincia era de 274MW y de 0,66 MW en sistemas aislados, lo que supone un 9,2% del total andaluz.

Respecto a la planificación de las plantas solares, la actitud de la Junta –afirman desde Ecologistas en Acción– pasa por "ponerse de perfil". Es el mercado, amigo, y no se puede controlar el mercado, “pero sí se necesita una planificación y, sobre todo, la promoción de comunidades energéticas locales reguladas, así como financiación para conseguir pequeños parques fotovoltaicos o eólicos con capital municipal y otros activos”, indica desde la formación Daniel López.

El fomento del autoconsumo y del recurso de cercanía es, realmente, el factor que debería ir de la mano del desarrollo de las renovables. Aunque ya existe un decreto autonómico que regula el autoconsumo energético, “todavía hay mucha reticencia, tanto desde los propios usuarios como desde las administraciones locales –prosigue López–. Las esperas suelen durar meses en vez de ser llave en mano, y la remuneración respecto a la energía excedente es irrisoria”.

En este sentido, el Ayuntamiento de la capital gaditana sí que ha mostrado compromiso con el fomento de la fotovoltaica. La propia Eléctrica de Cádiz tiene una instalación de autoconsumo y, hasta 2019, se habían colocado 390 placas fotovoltaicas. Además, quienes hubieran instalado este sistema en sus viviendas o negocios en 2020 podían solicitar la exención del 50% del IBI. Aun así, admite Daniel López, es un "desembolso importante a realizar en las comunidades de vecinos".

En su convocatoria de 2021 el Programa PROINDES de Diputación subvenciona actuaciones en municipios menores de 20.000 habitantes en instalaciones solares fotovoltaicas para autoconsumo. “Estamos en una primera fase de subvención autonómica de consumo fotovoltaico, y se abrió ya el plazo en edificios públicos –comenta, desde la institución provincial, el técnico medioambiental Pablo Quero–. Ahora mismo, hay muchas ayudas, pero también, todavía, mucha suspicacia”.

Lo que brilla por su ausencia, comenta Daniel López, son las comunidades energéticas. “Lo que hace falta sobre todo es difusión, como las jornadas que organizamos el pasado junio junto a EnerAgen –indica Quero–. Ten en cuenta que, hasta este verano, era una figura que ni siquiera estaba legalmente definida. Ahora el MITECO está al 100% con este tema. Digamos que una comunidad energética puede definirse como una serie de productores y consumidores de energía que se organizan al estilo de una cooperativa agraria. La deslocalización sería el principal beneficio”.

Según los últimos datos generales de producción y consumo energético, la provincia no es una pobre huerfanita. Los datos de 2019 situaban la energía generada en 13,1MW por habitante: una cifra muy superior a la media andaluza (4.2MW) y que supera también en más del doble a la nacional (5.5MW). Respecto a la cantidad de energía renovable producida, la cifra por habitante seguía siendo superior también a nivel provincial, con 2,6 MW por habitante frente a los 1,6MW andaluces y el 2,8 nacional. La potencia eléctrica no renovable era de 3,8 KW por gaditano, casi cuatro veces más que las medias andaluza y nacional (1,1,KW); por su parte, la potencia eléctrica de renovables se mostraba más igualada: 1,3 KW/habitante en el caso gaditano, 0,9 en el andaluz y 1,04 en el nacional. Curiosamente, la potencia eléctrica instalada por gaditano era más del doble que la del resto de andaluces y españoles: 5,1 KW en comparación con los 2KW de instalación por persona en Andalucía y 2,2 en el conjunto del país.

El cierre oficial de la térmica de Los Barrios se produjo en marzo de este año. Como alternativa energética, hay tres iniciativas de producción de hidrógeno, ya sea verde (100% renovable) o gris (mitad verde y mitad gas natural). El plan del consorcio Energy, Enagás y White Summit incluye obtener el hidrógeno mediante electrólisis a partir de paneles.

"Aunque hay que tener en cuenta –comenta Daniel López– que hay muchas expectativas al respecto pero que, en estos momentos, no es una técnica rentable; lo que sí cuenta es con muchas ayudas oficiales". Pendientes y dependientes, sobre todo, de los fondos europeos para la descarbonización. "Corremos el riesgo –continúa– de que todo esto sea solvente mientras dura la famosa curva de aprendizaje, pero puede ser un boom que acabe en quiebra y desaparezca cuando se terminen las ayudas. Puede que estemos en un escenario de inflación, con proyectos no sostenibles".

No todos los planes a desarrollar en la zona son tan verdes como los pintan. Endesa plantea la instalación de una planta de GNL en terrenos cercanos a la antigua térmica. "Se trata de un proyecto que contribuye a avanzar en la estrategia de descarbonización mediante la reducción de emisiones, que supondrá la generación de 120 empleos en la construcción", declaraba al respecto la Consejería de Medio Ambiente en el BOPA del pasado 6 de mayo. Ocurre que el principal componente del GNL (95%) es el gas metano, uno de los agentes de emisiones más potentes.

Al respecto, esta semana se conocía el cierre del gaseoducto que atraviesa el Estrecho desde Marruecos. La Alternativa que podría presentar el del Gas Natural Licuado lleva a un escenario, "muy volátil –afirma Daniel López–, literal y metafóricamente. El transporte en barco vale el doble que meterlo por un gaseoducto, y no hay tantos buques preparados: el trayecto entre Algeria y Campo de Gibraltar, tan corto, no compensa en comparación a las compañías".

Además, el gas no está listo cuando llega a puerto, sino que una vez allí "lo tienes que regasificar". En nuestro país, tenemos ya dos precedentes al respecto: las dos grandes centrales gasificadores que había en Gijón y Coruña no salieron rentables. "Y nosotros, por ahora, carecemos de esa infraestructura", apunta López.

Cumbres por el clima, con el clima, contra el cambio climático. El paso de esos grandes despachos y de esas grandes declaraciones a la realidad de cada cual es lo que parece cosa de alquimia. Diputación coordina, por ejemplo, el Pacto de Alcaldías por el Clima, que proponía una reducción de la huella de carbono municipal en un 20% para 2020 (si se lo preguntan, no, no se ha conseguido). El nuevo compromiso suscrito por los municipios incluye el objetivo de reducir las emisiones de CO2 en su territorio en un 40 % como mínimo de aquí a 2030:“Hace dos o tres semanas –explica Pablo Quero–, se pusieron las bases de la estrategia del Plan de Adaptación al Cambio Climático en la Provincia (Pacca), que estudia la vulnerabilidad de los municipios, inventario de emisiones y posibles actuaciones”.

Para los ecologistas, "seguimos en el escenario del blablaba. Hay buenos estudios genéricos de adaptación y demás, pero aún estamos pendientes de la ejecución. Es un error metodológico considerar que los Planes de Adaptación son algo del futuro, cuando ya hay embalses en la provincia al 20% y la cuenca del Guadalquivir ha entrado ya oficialmente en sequía".

Javier Benavente, profesor del Departamento de Ciencias de la Tierra de la UCA, forma parte de los especialistas de la universidad gaditana a los que las administraciones recurren para establecer análisis y planes de acción. Su visión no es tan oscura, pero tampoco optimista: "Se supone que todos los municipios se están encaminando hacia la creación de planes de adaptación, a distinto ritmo, pero lo están haciendo. Eso sí –puntualiza–, no parece algo prioritario dentro de la agenda de los ayuntamientos, y va a ser algo urgente dentro de poco”.