Condenan a Qualytel por "vulnerar el derecho a la huelga"

Redacción

22 de junio 2018 - 01:40

Cádiz/El Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz aseguró en una sentencia que aceptar unos servicios mínimos del 100% "sería como prohibir el derecho fundamental de huelga" y por ello ha condenado a la empresa del servicio de atención telefónica del 085 a indemnizar con 2.188 euros al sindicato CGT.

En una sentencia difundida por CGT, el juez dicta esta condena a Qualytel Teleservices por vulnerar el derecho a la huelga en el 085 en el paro organizado a nivel nacional el 17 de marzo de 2017, con motivo de la negociación del convenio colectivo del Contact Center. En aquella convocatoria, recuerda la sentencia, la empresa propuso al Consorcio Provincial de Bomberos que los servicios mínimos del 085 fueran del 100 %, un porcentaje que este organismo aceptó "sin realizar ninguna actuación negociadora".

El juez así lo estima al fijar en el 100% los servicios mínimos en la huelga del 085

Por ello se fijaron servicios mínimos del 100 % de la plantilla, cuando, según recuerda la sentencia, en otra actividad similar, el 112 del servicio de emergencias se habían fijado el 50% para personal técnico y el 80% para personal de sala.

"Ya por definición un servicio mínimo no puede ser el máximo, es decir el 100%, como aquí ha ocurrido", explica el juez, que añade que la empresa sabía "desde el principio que ese porcentaje es igual a inexistencia del derecho de huelga" y que "pudo tomar otras decisiones organizativas o productivas que no implicasen la anulación absoluta de ese derecho a su personal".

Por ello condena a la empresa a abonar al sindicato demandante una indemnización de 2.188 y a pagarle 450 euros de los honorarios de sus abogados. El juez aplica un grado "medio" de indemnización por la vulneración del derecho a la huelga porque estima la "atenuante" de que fue el Consorcio Provincial de Bomberos quien dictó la resolución de los servicios mínimos que propuso Qualytel Teleservices, lo que ha reducido la compensación desde los 6.250 euros que se podrían haber impuesto.

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