Demolición en Grazalema

Han tenido que pasar más de cinco años para que se sienten las bases para restaurar la legalidad en Grazalema, para que las máquinas derriben la parte de la promoción de pisos que la empresa Inmocentral levantara sobre dominio público hidráulico en la plaza de la Asamblea, tras desviar el cauce del río Guadalete.

La empresa Ger Sociedad Limitada, por encargo de Inmocentral, inició ayer los trabajos de demolición. Con ello, Inmocentral atendía tardíamente al igualmente tardío requerimiento del Ayuntamiento. Porque no ha sido hasta abril de este año cuando la Junta de Gobierno Local adoptó el acuerdo de dar un plazo de un mes a la constructora para que derribara lo construido sobre el cauce. Una orden que, informaron ayer desde el Consistorio serrano, "no cumplió en su momento, lo que le ha acarreado hasta la fecha la imposición de dos multas coercitivas".

Desde el Ayuntamiento aprovecharon para hacer balance de una controvertida actuación que ha terminado en los Tribunales, al destapar el caso del supuesto cobro de comisiones que deparó el encarcelamiento del ex arquitecto municipal y la imputación del anterior alcalde, Antonio Mateos (PSOE). Y la pendiente comparecencia judicial de su sobrina, y actual alcaldesa, María José Lara, para testificar como imputada.

La nota municipal recoge que le han impuesto a la empresa tres multas coercitivas, por importe cada una de 14.100 euros, la última, el pasado 21 de octubre, por no haber restaurado la legalidad. Pero, curiosamente, en la información que desde el Ayuntamiento se ha remitido a Ecologistas en Acción, el 21 de octubre no se tomó el acuerdo de imponer la tercera multa, sino la primera, debido a que de nuevo (y ya van cuatro veces) el expediente abierto a la empresa había caducado.

Fue en el verano de 2005 cuando Inmocentral inició las obras, sin licencia municipal. Vecinos de la zona dirigieron varios escritos al Ayuntamiento, denunciando las obras así como sus sospechas de que el cauce se estaba desviando. Pese a ello, se otorgó permiso a la empresa, y en octubre de 2005, tras denunciar Ecologistas el estropicio en el cauce, el Ayuntamiento paró la actuación. La Junta también abrió expediente, que culminó con una multa mínima. Y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir primero, y después, la Agencia Andaluza del Agua, tras el traspaso de competencias, expedientaron a la empresa, procedimiento que dejaron en suspenso al estallar el caso de las comisiones.

Y es que, por la enorme polémica desatada, los promotores y contratistas de la obra del río acabaron denunciando a la alcaldesa que el arquitecto municipal, Juan Prieto, pedía comisiones. Lara despidió al arquitecto e informó a la Fiscalía, en abril de 2006. A resultas de ello, se ordenó a la Guardia civil investigar, y en mayo, con la Operación Pinsapar, los agentes detenían al arquitecto y al contratista, Cristóbal David Barrera, al decir éste que pagó a Prieto 36.000 euros en la reunión con la alcaldesa. Una comisión que, según la confesión del contratista (que negó luego haber dicho tal cosa), habría cobrado Prieto en obras en su casa, a cambio de que la empresa de Barrera ejecutara las obras de la primera promoción en la Asamblea.

Junto a Prieto y el contratista, que saldrían de la cárcel tras pagar fianzas de 50.000 euros, fueron detenidos dos representantes de Inmocentral, Raúl Gascón y Rafael Torres; Antonio del Canto y José Antonio Martínez, arquitecto e ingeniero de Ubrique. A estos seis imputados se les sumó el ex alcalde por supuesto delito de prevaricación, al descubrirse que la primera promoción se ejecutó con un exceso de edificabilidad.

El caso aún no ha pasado de diligencias en el Juzgado de Ubrique, donde debe declarar la alcaldesa y otras dos concejales en calidad de imputadas en el mismo asunto.