Denunciados por intrusismo doce vigilantes sin titulación en Cádiz

Algunos cuentan con antecedentes por tráfico de drogas o delitos contra el patrimonio y la integridad de las personas

Uno de los vigilantes intrusos fotografiado en una obra. / D. C.
Redacción

28 de agosto 2019 - 18:29

La Policía Nacional ha detectado a doce falsos vigilantes privados en la provincia de Cádiz en lo que va de año que ejercían el trabajo en el sector de la seguridad privada sin titulación. La mayoría de los casos detectados se producen en el ámbito de la construcción, “donde las empresas buscan protegerse, mediante la contratación de personal low cost ante robos de materiales de construcción u ocupaciones de fincas listas para la entrega a sus legítimos propietarios”, según ha indicado la Policía en una nota.

Los casos de intrusismo no se circunscriben a este tipo de actividad, sino que “también se dan en la vigilancia de comunidades de vecinos, explotaciones agrícolas e industriales, puertos deportivos y en garajes comunitarios, donde en la mayor parte de los casos se intenta camuflar la prestación de un servicio efectivo de vigilancia y protección de bienes y personas simulando actividades de mantenimiento o de conserjería inexistentes”.

El objetivo es ahorrar el coste adicional que supone la contratación de una empresa de seguridad para que ésta le aporte el personal habilitado que necesita, que, “además cuenta con la formación necesaria, ha pasado un riguroso proceso selectivo para su habilitación por el Ministerio del Interior y está sometido al control de la Dirección General de la Policía”.

La prestación de servicios de seguridad por empresas no autorizadas y el desempeño de las funciones de vigilancia por personal no habilitado se encuentra “severamente” “con multas que en los casos más graves para las empresas oscilan entre los 30.001 y los 600.000 euros y pueden conllevar la inhabilitación para el ejercicio de su actividad mercantil”. En el caso de las personas físicas no habilitadas que los presten, la cuantía de las sanciones van “desde los 6.001 a los 30.000 euros”.

En tres de los casos, los trabajadores no habilitados contaban con un “amplio” historial delictivo, principalmente por delitos contra el patrimonio y contra la integridad física de las personas, y en otra de las ocasiones por tráfico de drogas.

Igualmente, en otra de las situaciones denunciadas, al trabajador intruso le fue intervenido un dispositivo lanzadestellos, similar a los utilizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que colocaba visible en el techo de su vehículo a fin de ahuyentar a posibles ladrones. Paralelamente, en varios casos se dio cuenta a la Inspección de Trabajo de presuntas irregularidades detectadas en la contratación de los “intrusos” y de las precarias condiciones laborales a las que estaban sometido, pues son muy habituales las interminables jornadas de trabajo y unas cotizaciones mínimas a la Seguridad Social.

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