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La Diputación de Cádiz pedirá al Gobierno que rectifique para evitar la exclusión de ayuntamientos gaditanos en los próximos PFEA

La institución provincial advierte que el cambio de criterio introducido por el Gobierno de España podría dejar fuera de este programa de empleo agrario a municipios pequeños y grandes

IU Cádiz rechaza los cambios del Ministerio de Trabajo en el PFEA porque “perjudican a los pequeños municipios"

Novedades en el programa de empleo agrario 2024-2025

El diputado Javier Bello durante unas obras de los fondos PFEA en Arcos. / D.C.

El gobierno de la Diputación de Cádiz lamenta los cambios de criterios que el Servicio Público de Empleo Estatal ha anunciado que aplicará en adelante para la adjudicación de las subvenciones del programa de Empleo Estable del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) por entender que castiga a los trabajadores del campo de los municipios pequeños y de los de mayor población.

Esta modificación de la normativa conlleva, por un lado, que la vertiente del PFEA denominada de Empleo Estable, que subvenciona el Ministerio de Trabajo, pasa a ser de concurrencia competitiva en vez de atender a un criterio de reparto proporcional como hasta ahora. Esto, sumado a que los ayuntamientos podrán presentar tres proyectos en lugar de uno, dificultará la viabilidad del programa en muchos pueblos de la provincia que no cuentan con personal para redactar y gestionar los proyectos y es la Diputación de Cádiz, a través de un equipo técnico propio específico para el PFEA y los SAM, quien les presta este servicio, que colapsaría al no poder asumir el triple de volumen de trabajo.

La labor que realiza la Diputación a través de este equipo técnico es vital para los pueblos. En este sentido, en la actualidad gestiona 95 de las 103 actuaciones del PFEA en la provincia gaditana.

Por otro lado, los trabajadores agrarios de los municipios con menos hectáreas de cultivo de la provincia también se verán afectados por la introducción de estos nuevos criterios, puesto que exigirán que la ratio de demandantes agrarios sobre la totalidad de los demandantes de empleo del municipio supere el 10% para que el proyecto presentado obtenga puntuación para recibir la subvención. Este sistema conducirá a que haya gaditanos que se vean discriminados por desarrollar su trabajo en un municipio en vez de en otro lo que supone, a juicio del gobierno provincial, “discriminar a los trabajadores del campo en función de dónde vivan”.

Desde la institución provincial, el diputado provincial de Cooperación -área encargada del PFEA-, Javier Bello, lamenta que “los nuevos criterios que pretende incluir el Ministerio de Trabajo del Gobierno de la nación rompan con la participación proporcional de los municipios y deje en una situación muy comprometida a muchos trabajadores agrarios”.

Para intentar evitar que muchos ayuntamientos se queden fuera de unas subvenciones que permiten crear empleo agrario, generar actividad económica y frenar la despoblación en los municipios más pequeños, la Diputación de Cádiz va a solicitar de manera oficial al Gobierno de España que rectifique la orden ministerial y que los criterios para que los municipios puedan ser beneficiarios del PFEA en la vertiente de Empleo Estable sigan atendiendo a la proporcionalidad según el número de trabajadores agrarios que tenga cada municipio. “Y que de este modo el Ministerio de Trabajo no siembre discordia entre los municipios de la provincia, ya que si los criterios que nos han hecho llegar finalmente son aprobados, cada alcalde o alcaldesa tendrá que luchar por hacer mejor proyecto que el pueblo vecino para optar a una subvención”, añade el diputado.

El escenario que se plantea para las siguientes ediciones del PFEA, entiende el equipo de Gobierno, “abriría además un clima de competición insana entre los pueblos por lograr que su proyecto sea subvencionado”.

Bello ha mostrado su preocupación por que los criterios que la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, presentó la pasada semana a los alcaldes y alcaldesas, “condenará a que algunos municipios puedan estar hasta tres años sin poder ser beneficiarios de unos fondos que hasta hoy llegan a todas las localidades de la provincia de manera proporcional”.

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