Ecologistas en Acción insiste en llevar al banquillo al ex alcalde de Grazalema

Imagen de archivo del desvío del río Guadalete. A la izquierda, el bloque erigido sobre el primitivo cauce. / Ramón Aguilar

Cádiz/Ecologistas en Acción va a seguir ejerciendo la acusación particular en el caso del desvío del río Guadalete a su paso por Grazalema. Así lo ha anunciado su portavoz Juan Clavero, quien además ha adelantado la intención de la agrupación verde de sentar en el banquillo al ex alcalde socialista del municipio serrano Antonio Mateos.

Desde Ecologistas en Acción entienden que el que fuera primer edil de esta localidad tenía pleno conocimiento de las irregularidades urbanísticas que se estaban cometiendo en el cauce del río en 2005 y "no hizo nada para impedirlas". Por eso, dice Clavero, "vamos a incluir al ex regidor Antonio Mateos en el escrito de acusación que estamos preparando".

Nos sorprende que la Justicia haya sacado a todos los políticos del procedimiento"

El representante de la agrupación verde ha manifestado que "nos sorprende que la Justicia haya sacado a todos los políticos investigados del procedimiento", en alusión al propio Mateos, al que la Fiscalía ha decidido no acusar, y a su sobrina, María José Lara Mateos, quien también llegó a ser alcaldesa de Grazalema y a la que la propia juez instructora apeó del caso en el año 2013.

Según Clavero, los dos ex regidores socialistas eran conscientes de "la mafia que estaba instalada en la Oficina Técnica del Ayuntamiento, un departamento que dirigía el arquitecto municipal Juan Prieto". Los ecologistas sostienen -al igual que la Fiscalía- que este aparejador emitió informes favorables para dar el visto bueno a construcciones con una edificabilidad mucho más alta de la permitida. "Y ello a cambio de las mordidas que se embolsaba", señala Clavero en referencia a las supuestas comisiones que cobraba Prieto por conceder permisos de obra.

Ecologistas en Acción insiste en que Antonio Mateos "no hizo absolutamente nada para investigar las actuaciones de Prieto dentro del Ayuntamiento de Grazalema". Es más, Clavero subraya que el entonces equipo de gobierno "actuó contra los denunciantes [los ecologistas] y no contra los denunciados [el propio Prieto, otro arquitecto y varios constructores]".

El portavoz de Ecologistas en Acción ha dicho que este colectivo viene denunciando las irregularidades ejecutadas en las inmediaciones del río Guadalete para edificar viviendas ilegales desde el año 2000. La entidad incluso ha solicitado al juzgado que todas estas demandas se aporten al procedimiento judicial como prueba. Sin embargo, los ecologistas no están seguros de que este requerimiento pueda ser atendido. "Hemos pedido al Registro Municipal una copia de nuestras denuncias y nos dicen que esos documentos no están. Nos aseguran que no hay querellas nuestras", lamenta Clavero. "Si se confirma que dichos expedientes han desaparecido, Ecologistas en Acción emprenderá acciones legales contar la ex alcaldesa María José Lara por destrucción de pruebas", asegura el representante de la agrupación ecologista.

A principios de este mes se dio a conocer el escrito de acusación formulado por la Fiscalía Provincial de Cádiz en el caso del río. Las conclusiones provisionales del Ministerio Público llegan doce años después de que las irregularidades urbanísticas investigadas en la operación Pinsapar saltasen a la luz pública.

La fiscal responsable de Medio Ambiente, Patricia Navarro, ha dejado fuera de la acusación pública al ex regidor Antonio Mateos. Los seis investigados que sí han pasado a ser procesados por el Ministerio Fiscal son el ex aparejador municipal Juan Prieto, el arquitecto Antonio Sebastián del Canto Bohórquez, los constructores Cristóbal David Barrera y Daniel David Salguero, y los empresarios Raúl Gascón y Rafael Torres, responsables de Inmocentral.

Los vecinos alertaron en 2005 al Ayuntamiento del desvío del río

Los vecinos de Grazalema avisaron en 2005 a la ex alcaldesa socialista María José Lara sobre las fatales consecuencias que podía ocasionar el desvío del río Guadalete, como las grietas que se estaban comenzando a apreciar en las casas colindantes. La primera queja que mandó la comunidad vecinal al Registro Municipal fue el 17 de agosto del 2005 y una semana después, el 24 de agosto, la regidora concedió el permiso para efectuar las obras. Pero los promotores, que no tenían licencia, ya estaban edificando encima del cauce natural de estas aguas tapándolas con cemento mientras abrían un nuevo canal con rocas y hormigón. Tras las numerosas denuncias por obras ilegales que Ecologistas en Acción interpuso durante varios años, la Junta y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir paralizaron las obras y abrieron expedientes en octubre de 2005. Por su parte, el ex arquitecto municipal Juan Prieto fue denunciado en mayo de 2006 por cobrar comisiones a cambio de conceder permisos de obra en la localidad serrana. La Guardia Civil llevó a cabo la operación Pinsapar para investigar el caso. Así se conocieron las pruebas que llevaron a imputar a Prieto y a otros promotores y constructores. N.C.