Editorial: Fraude en la formación

ESTA vez no ha habido coincidencia entre la campaña electoral y las decisiones judiciales. La juez Mercedes Alaya desplegó ayer, dos días después de las elecciones autonómicas, la operación Barrado contra el fraude en los cursos de formación en el transcurso de la cual agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil practicaron dieciséis detenciones en las ocho provincias andaluzas. A los detenidos se les tomó declaración en relación con presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones en la gestión de las ayudas a la formación de trabajadores por parte de la Junta de Andalucía. Mientras las macrorredadas anteriores se dirigieron contra los propietarios y gestores de las empresas organizadoras de cursos de formación subvencionados, la de ayer afectó básicamente a los responsables políticos de los mismos a distintos niveles. Entre los detenidos se encuentran dos ex directores generales de la Junta y varios ex delegados provinciales de Empleo -el de Sevilla, Antonio Rivas, también imputado en el caso de los ERE-, los ex directores provinciales del Servicio Andaluz de Empleo y dos delegados de Empleo en activo, Aurora Cosano, de Sevilla, y Eduardo Manuel Muñoz García, de Huelva, antiguo alcalde de Nerva. Los dos fueron destituidos ayer mismo de sus cargos por el Gobierno andaluz, cuyo portavoz, Miguel Ángel Vázquez, subrayó que "aunque la Junta respeta la presunción de inocencia y está convencida de que los altos cargos en activo son personas honestas e íntegras, ha decidido apartarlos de sus funciones porque es necesario actuar de manera implacable con el objetivo de preservar el buen nombre de la Junta de Andalucía". Se trata de una respuesta rápida y contundente, acorde con el compromiso repetido por la presidenta Susana Díaz de luchar sin ambages contra la corrupción. La juez, que había detectado varias bolsas de fraude y se basaba en los informes de la Intervención General de la Junta que constataron diversas irregularidades en los cursos de formación, decretó el secreto parcial del sumario, que incluye las millonarias ayudas otorgadas a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo y las subvenciones extraordinarias para los ex trabajadores de Delphi. Independientemente del balance final de la instrucción y de las responsabilidades penales individuales a que pudiera haber lugar, ha quedado evidenciado desde el punto de vista político que los anteriores gobiernos andaluces han mantenido una ausencia de control sistemática sobre la gestión de los fondos públicos que ha permitido su desviación ilícita a fines distintos a los que justifican la existencia de las acciones de formación.