Educación: la inclusión queda en papel mojado

La matriculación en enseñanzas no universitarias este año en la provincia se repartió entre los 204.489 alumnos de los centros públicos, 51.292 en privados concertados y 9.111 en privados no concertados. El total, 264.892 alumnos es –demografía mediante– bastante inferior a los 279.911 alumnos que se registraron en el curso 2015/16, pero el reparto del alumnado muestra que es el sistema público el que absorbe la mordida demográfica, ya que los centros privados (concertados o no) no sólo mantienen el número de alumnos sino que los han aumentado, ya que en 2015-16 contaban con 50.510 y 8.427 alumnos, respectivamente, mientras que los centros públicos sumaban 220.974 matriculaciones.

Para José Ignacio García, profesor, orientador y parte de Adelante Andalucía, en la pérdida de alumnos de la pública intervienen “muchas variables” pero una de ellas es, la “campaña de desprestigio” que se lleva a cabo desde hace años: “Es muy curioso que todos los años la pública pierda líneas y los colegios de los conciertos mantengan estabilidad, pues por acuerdo no se tocan en cuatro o cinco años: si un concertado tiene dos líneas y recibe 25 solicitudes, no puede cerrar las líneas y te monta dos grupos de doce”. Mientras que la bajada de la ratio en la pública, lo sabemos, supondría que se desatasen las diez plagas de Egipto.

“No entramos en la cuestión de que la concertada tiene la ratio más baja que la pública, pero desde 2018 los centros públicos de Andalucía acumulan ya 2000 líneas cerradas. Este año, han sido 300, y el 99% se da en la pública –continúa–. Lo mismo en el nuevo concierto se empieza a hablar de reducir número, pero ya la pública está tocada”.

Y el desbroce del sistema público no empezó con Juanma Moreno, ni con Aznar, ni fue idea de Ayuso, “en la LEA del PSOE se dice que el sistema público andaluz lo constituyen los centros públicos y los privados sostenidos con montante público. El modelo de concertado es una anomalía que, en toda Europa, sólo existe en Bélgica y en España: es un chollo para ellos, una forma de diferenciarse para la élite, o para quien quiere ser élite de alguna forma. Pero vaya, que no es nada distinto de lo que ha habido en Andalucía desde hace 300 años: educación en manos de la iglesia católica”.

La sensación general sería la de abandono por parte de la administración. Empezando por los propios centros, “muchos con problemas de infraestructura, porque no se han tocado de forma significativa en 40 años, y ahí tienen también responsabilidad ayuntamientos y comunidades”, dice García, comparando con esas imágenes idílicas de los colegios finlandeses (siempre es así): los nuestros, al lado de ese país de la piruleta, parecen cárceles. “Siempre estamos con lo de que hay que tener colegios dignos: no, hay que tener colegios atrayentes”.

“Realmente lo que ocurre es que cuando se abren líneas en la concertada y se cierran en la pública, hay familias que no tienen opción y buscan dónde llevar a sus hijos con el menor inconveniente posible –indica Juan José Ruiz, de USTEA-Cádiz–. Si te quitan la línea de tres años, ese centro va aumentando la ratio y perdiendo unidades, ingresos y apoyos al alumnado con necesidades educativas especiales”.

En la provincia, un total de 10.583 estudiantes se encuadran dentro de esta categoría. De ellos, la amplia mayoría, 8.417, se encuentran en centros públicos; 2.048, en concertados y 118, en privados no concertados. Si atendemos al grupo de alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) en la provincia, el número asciende a 18.557, de los que 14.721 son atendidos en centros públicos; 3.562, en concertados; y 274, en privados.

“En teoría, debería haber el mismo número de niños con necesidad de apoyo en la concertada que en la pública –señala José Ignacio García–. En la práctica, hay de todo, pero la mayoría están en la pública por esto de que en la concertada no tienen recursos: pues en la pública, tampoco”.

Juan José Ruiz añade que no son pocos los alumnos con estas características a los que “ponen pegas para ser matriculados en un centro concertado, y alguno entra pagándose la atención especial de su bolsillo... La pública es mucho más inclusiva en ese sentido, porque el tema es que el alumno vea también esa inclusión”.

“Nosotros estamos hartos de denunciar la ratio por encima de la norma, y la delegada dice que no existe –aseguran desde USTEA–. La estadística te da una media, pero todos sabemos lo que ocurre con las medias: hay muchos centros que están al máximo. La sobreratio implica un peor desempeño en general, pero es que, para colmo, la normativa no te dice cuál es el máximo de alumnos de atención especial que deba haber en una clase”.

TRIAJE DE GUERRA

La cuestión de la dotación y los recursos con los que cuenta el sistema educativo público ha entrado de nuevo en la conversación a partir del ataque de un alumno en el IES Elena García Armada de Jerez, que dejó heridos a varios profesores y alumnos. Tras las líneas de obligada preocupación, la primeras declaraciones de la consejera de Educación al respecto fueron para manifestar que no constaba que se hubiera abierto ningún protocolo de acoso.

Según la UNESCO, debería haber un orientador escolar por cada 250 alumnos: “Yo tuve un centro con 1200 alumnos –cuenta José Ignacio García–. Hay un orientador por instituto, y ahí te apañes, y todos los alumnos, familias y profesorado están atendidos por una sola persona”, desarrolla. A todo ello, sumamos que en Educación Primaria e Infantil no hay orientadores en los centros, sino por zonas, “y atiendes a cuatro o cinco centros”. ¿Qué haces entonces? “Pues estás de apagafuegos todo el día”. Cuando escasean los recursos, ya sabemos lo que toca: triaje de guerra.

“Es normal que se escapen muchas situaciones, pillas las cosas que más se ven –se lamenta–, pero luego hay otras situaciones, que lo mismo no son las más graves del mundo, pero cuyos protagonistas también tiene derecho a ser tratados: chavales con dificultades de aprendizaje, problemas familiares...”

En Andalucía, el texto que legisla el acoso está en la orden de 20 de junio de 2011 del BOJA: un cuerpo “garantista”, indica José Ignacio García, “con un protocolo adecuado pero que es muy difícil de poner en práctica: si por cada mínima señal de acoso, y no todo lo que te llega lo es -ha de ser sostenido en el tiempo, con una jerarquía, acosadores...-, tienes que levantar todo ese proceso, has de dedicar a un profesional a eso. Así que, hay veces que, en el día a día, se te puede escapar algo gordo y otros, en los que te dedicas tanto a un protocolo que se te escapan otros”.

Un punto curioso en la normativa es que no estipula en ningún caso que haya que apartar -cambiar de clase, de centro, mandar a otras actividades, etc-, al alumno acosado. “Algo que hay que evitar totalmente. Si al final hay que tomar medidas, si hay que sacar a alguien de clase es al acosador”, asegura García, y la normativa refrenda que si, es necesario, se lleven a cabo “correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado agresor implicado”.

En lo que respecta a la figura de la enfermera escolar, el modelo andaluz apuesta por la atención sanitaria desde el centro de salud: “La profesional está en algún ambulatorio de la zona y, además, ha de atender las llamadas de todos los centros que están bajo su paraguas. Nosotros decimos que está bien que exista esa enfermera en el centro de salud, pero que habría que tener una enfermera propia en los centros educativos, quizá no en todos. Pero que sepamos que, ante esa ausencia, los centros privados están empezando a meter esta figura”, explica García.

La presencia de una enfermera escolar en los centros educativos andaluces es una exigencia que llevan haciendo desde hace tiempo los Colegios de Enfermería de Andalucía, cuyo consejo autonómico lanzaba la campaña ‘Enfermería Escolar ya’ coincidiendo con el inicio del curso.

En este caso, la ratio también tumba de espaldas: aunque este año, el porcentaje de enfermera por alumno había mejorado en un 30%, la cifra aún se colocaba en una sanitaria por cada 6.685 estudiantes. Algo que está muy lejos de los parámetros deseables, que rondarían los 750 alumnos y en el caso de educación especial, los 350. Más del 70% de las enfermeras escolares consultadas en una reciente encuesta del Colegio General de Enfermería reconocía haber atendido situaciones graves, Más del 70% de las enfermeras escolares consultadas en una reciente encuesta del Colegio General de Enfermería reconocía haber atendido situaciones graves,como crisis respiratorias, hipoglucemias o crisis alérgicas.

Es sorprendente que el escenario al respecto no haya mejorado ni siquiera después de haber atravesado una pandemia:“Nosotros hemos tenido quejas de varios centros este año a los que no les habían dicho quién era su enfermera de referencia –abunda Juan José Ruiz–. El trasfondo de todo esto es la falta de inversión en educación, que todo el mundo sabe que es fundamental, pero luego siempre estás recortando recursos necesarios para que la enseñanza despegue. Desde 2008, hay centros que han recortado la mitad de presupuesto y todo el personal apoyo”.

El tema de la salud mental es, afirman ambos, un farolillo rojo, sabiendo que en la adolescencia cuestiones como las autolesiones o las ideaciones suicidas son muy frecuentes, envueltos en la vuelta de tuerca que, en muchas ocasiones, suponen las redes y su exposición.

“Si los orientadores somos los responsables de alguna manera, ya te digo que es imposible –continúa José Ignacio García–. En enero, por ejemplo, se puso en marcha un llamado programa de bienestar emocional: hay 22 responsables para toda Andalucía”.

Otra situación difícil dentro del sistema educativo es la que vive el Personal Técnico de Integración Social (PTIS), que se encarga del alumnado con necesidades especiales. Así, aquí encontramos dos problemáticas distintas: por un lado, las horas de atención. “Normalmente, a menos de dos horas por centro y no todos los días: lunes y miércoles, de 10.00 a 12.00, por ejemplo. Y el resto de días, ¿qué hacemos con el alumno, lo mandamos a casa? Y luego –prosigue José Ignacio García-, está la circunstancia de que es personal que llega a través de empresas privadas: quien está a jornada completa cobra 800 euros, pero la mayoría no está así. En una situación, además, de cesión ilegal de trabajadores: porque trabajan para el sistema público, pero cobrando 400 euros”.

Así que, por muy grandes que sean las palabras, las buenas intenciones de la inclusión se quedan en papel mojado. Mueren solitas, por falta de oxígeno.

“El paradigma de la inclusión educativa –afirma José Ignacio García–, si te limitas a ponerlo en un papel, y no das recursos, no es más que una mentira. Y, al final, somos los profesores los que nos comemos todas estas situaciones: altas capacidades, adaptación sociocultural, necesidades especiales... Por eso decimos que la bajada de ratio es una cosa fundamental”.

Ambos lamentan que, en la pública, están siempre señalando los problemas: “Nos vendemos muy mal, hay muchos problemas también en la concertada que, simplemente, no se mencionan, y nosotros no ponemos en valor las cosas buenas, como que los mejores expedientes siempre están aquí”. Destaca Juan José Ruiz iniciativas como el Espacio de Paz de los centros y la figura del alumno ayudante, que “suelen ser de los primeros que detectan un tema de acoso. Y, a pesar de las dificultades –prosigue–, la cuestión de la atención a la diversidad en nuestro país es admirable en toda Europa: porque se supone que la escuela pública está para eso, para ser un sistema de compensación de la desigualdad”.