Escuela rural en Cádiz: el reto de cambiar de siglo

La realidad del CEIP Profesor Gálvez, en Villaluenga, ejemplifica la de otros colegios de localidades pequeñas. La escuela del pueblo de menor tamaño de la provincia de Cádiz cuenta actualmente con 35 niños en total, contando los tramos de Infantil y Primaria. La rutina es organizar a los chavales por ciclos pero, para el año que viene, ya saben que habrá dos alumnos menos: esto supone la pérdida de una unidad (de cuatro a tres) y, por tanto, la pérdida de profesorado. No es una irregularidad administrativa, admite su director, Abelardo Gómez, “pero está mal hecho”. De los seis profesores actuales, el próximo curso habrá que prescindir de uno o dos: “Cuando yo llegué al centro, éramos cuatro, con tres unidades de Infantil y dos de Primaria –sitúa su director–. Pero hubo un momento en el que sólo había dos profesores: uno, con Infantil y primero de Primaria; y luego, el resto”.

Esta realidad se traducirá, también, en pérdida de horas de dirección: “Si hasta ahora había cinco, ahora ya no habrá ninguna”, indica. Pero la carga burocrática sigue existiendo: el papel tiene que salir. “Con este tipo de centros, ocurre que la plaza de dirección sale pero no hay propuestas, porque todo el mundo sabe lo que implica: mucho más trabajo, con el complemento más bajo que hay, porque va en función de las unidades”, añade Gómez. Hemos dicho que es el director del centro. También es el equipo directivo, el jefe de estudios, secretario, administrativo y conserje. Él es el que abre y cierra la puerta del cole. Admite que está en Villaluenga por vinculación con el lugar, por concursillo: su plaza está en Jimena.

Evidentemente, es un puesto que no se puede confiar a la vocación, lo sentimental, los nexos, el sentido de la responsabilidad o el idealismo: hace un par de años, Benaocaz vivió esta realidad. El director de siempre decidió irse y el claustro se fue con él, de modo que nombraron director al que llevaba más tiempo de servicio dentro de la nueva plantilla.

Para la Junta Electoral de Personal Docente, un puesto en el medio rural “requiere mucho compromiso y esfuerzo, y quien llega no siempre lo hace con el perfil más adecuado, ya que mucha gente utiliza este tipo de destinos como refugio, o porque no quieren estar en centros con mayor ratio, y se colocan por concurso de traslados por delante de quienes sí quisieran. Además, al puntuar el doble siendo funcionario definitivo, hay quien lo pide sin interés alguno en la realidad del centro, y lo mismo ni se incorporan, porque permanecen en otro sitio por concursillo”.

“Hay quien solicita estos puestos buscando la tranquilidad, creyendo que va a ser un alivio, y luego encuentran que supone muchísimo trabajo –confirma desde Ustea María Jesús de León–.Además, al ser puestos voluntarios, suelen tardar mucho en cubrirse”. “Es un tipo de trabajo distinto, que te tiene que gustar, y hay profes que no lo aguantan”, afirma Gómez.

Desde tiempo inmemorial, los colegios de pueblo se ven, irremediablemente, como un castigo. Un purgatorio que hay que pasar hasta llegar al Cielo de una plaza definitiva en mitad de la “civilización”. Quienes, como su actual director, saben ver el otro lado, consideran que es una pena. Porque la vida del pueblo, para niños pequeños, es la vida. Porque la relación con las familias es distinta. Porque, al tener tan pocos alumnos, los conoces mucho mejor –ahora mismo, en Villaluenga, hay cinco estudiantes de primero y cinco de segundo; una sola de tercero y seis de cuarto; dos de quinto y siete de sexto–. Frente al pandemonium que a cualquiera se le viene a la cabeza al imaginar una clase con varios cursos, Abelardo Gómez apunta el alto grado de personalización, de enseñanza individualizada, que tienen estos niños: “De hecho, muchos padres vienen buscando este tipo de centro por eso mismo”, añade.

Un ejemplo ilustrativo de la situación que viven los colegios de pueblo está en la hora del recreo. El patio del colegio Profesor Gálvez es la plaza de Villaluenga. La estampa tiene mucho encanto; a los niños les flipa y los turistas que se descuelgan miran con cara de curiosidad. Pero lo cierto es que una situación así es un chivato de carencia infraestructural.

La cuestión de las instalaciones es, de hecho, otra de las quejas comunes: “Este edificio, por ejemplo, tiene escaleras, poca accesibilidad...”, enumera Gómez. Bien es cierto –reconoce– que cuentan con ayuda por parte del Ayuntamiento, que colabora con talleres, dinero para las excursiones, “así como la implicación absoluta del AMPA”, añade. Tampoco hay comedor, refuerzo, aula matinal ni demás hierbas: cualquier extra, lo organiza el Consistorio. Viene a la cabeza ese chascarrillo: la palabra más usada en el grupo de Whatsapp de los padres de un colegio concertado es bizum; en un público, reunión.

Todo este escenario, asegura el director del Profesor Gálvez, es algo que los habitantes de Villaluenga tienen asumido: la mayor parte de los padres “han estado aquí toda la vida, y las circunstancias no eran muy distintas”, cuenta.

El colegio de Villaluenga entra dentro de la categoría CEIP: es decir, de centro convencional. No está catalogado como Colegio Público Rural (CPR) –de los cuales hay nueve en la provincia, en Algodonales, Campos de Conil, Junta de los Ríos, en la Florida en Jerez, en La Muela, dos en el término de Medina, uno en Tahivilla, en Tarifa, y otro en Zahora–. Pero el descenso en la natalidad y la despoblación progresiva –no es el caso de Villaluenga– están provocando que los centros situados en las localidades más pequeñas experimenten las mismas problemáticas que los colegios rurales propiamente dichos, explican desde Ustea: sobre todo, como vemos, en lo referente a la aglomeración de cursos y la itinerancia, el tener que ir de un sitio a otro. Una de las características de los centros rurales es la de tener a los ciclos agrupados en distintas sedes. Pero esto puede provocar, por ejemplo, casos como el del CPR de Algodonales, que tiene una sede en Benamahoma y otra, en la Muela. O el Poeta Julio Mariscal, en Junta de los Ríos (Arcos), que tiene otra sede por la carretera de Algar.

“Hablamos de niños que suelen ser pequeños y que no tienen más remedio que pasar parte de su jornada en autobús –prosiguen desde el sindicato–. Esto no sólo supone un gasto enorme en transporte público, sino un agravio comparativo respecto al derecho a la educación sólo por haber nacido en un entorno rural: los chavales de Grazalema, para ir a Ubrique, tienen que levantarse muchísimo antes, y llegan a su casa a las cuatro de la tarde”. Por no hablar de la cuestión de las necesidades especiales, donde los niños van al centro específico a golpe de taxi, dependiente de la administración.

“La Escuela Rural –prosiguen– suele ser primera en recibir los recortes y supresión de unidades. A la Consejería le es más rentable el transporte del alumnado en autobús que mantener abiertos estos pequeños centros, a pesar de su calidad y del derecho de esos niños y niñas a recibir educación en sus propios pueblos”.

“Hubo una época en la que la administración estaba por la idea de juntar este cole con el de Benaocaz –confirma Abelardo Gómez–. Pero parece que ha enraizado la idea de que, mientras haya niños, tiene que estar aquí. La dinámica creo que es continuar así, pero si lo que quieres enarbolar es la enseñanza de calidad como atractivo, pues atiéndeme”.

La inestabilidad del profesorado es otro de los puntos que Ustea señala en relación a los centros del entorno rural: la mayoría son interinos que no se pueden asentar porque cesan al finalizar cada curso, mientras que las vacantes que se cubren por personal definitivo, suele pedir traslado, incluso antes de incorporarse. “Aquí sólo hay dos plazas fijas, Infantil e inglés”, indica al respecto Gómez.

La naturaleza de estas plazas hace que también se den problemas a la hora de cubrir las bajas, además de la inestabilidad que provocan las itinerancias, “ya que el profesorado no está a tiempo completo”, con cuestiones como el hecho de tener que poner el coche personal para los traslados.

CLAVES DE FUTURO CON NORMATIVA DE 1988

La tan cacareada “fijación de población al territorio” en las pequeñas poblaciones pasa –por mucha fibra óptica y muchos nómadas digitales que metamos– por tener un colegio disponible. Todo lo demás son fuegos de artificio. Es uno de los motivos por los cuales, en contra de lo viciado del discurso, el dinero destinado a educación, como el destinado a sanidad, debería dejar de definirse como gasto: es una inversión.

“En estos tiempos –subrayan desde Ustea– hay que dar valor de verdad a la España vaciada y los principios que representa, buscar el apoyo de toda la comunidad educativa y de la sociedad en su conjunto para que este modelo educativo no desaparezca”.

“Por otro lado –continúa María Jesús de León– tenemos gente, incluso extranjeros, que buscan precisamente este tipo de educación más en pequeña escala, de atención más directa y más pegada a la naturaleza. La vida rural no se puede perder porque sostiene al resto de la vida. Yo en Grazalema he visto casos de parejas jóvenes que vivían en ciudades y se han vuelto al pueblo y querían criar a sus hijos en esta situación”.

“También se educa a los chavales con personas que dedican al campo, muchas de ellas, mujeres que mantienen las tradiciones rurales. Además –reflexiona al respecto–, la forma de cambiar esta crisis económica, de sistema, en la que estamos pasa por la cercanía, por economías más circulares y del entorno: el campo es la clave de futuro en un mundo que nunca ha estado más comunicado, y en el que nunca hemos estado más aislados. Hay que recuperar esas redes de cooperación porque es lo que te saca del aislamiento”.

Para Abelardo García, la administración es consciente de la labor que desempeñan estos colegios en el territorio, “pero deberían cuidarlos más, porque cunden mucho. La gente que viene a un pueblo se implica trabajando y personalmente, es una elección vital seria, y la cuestión es facilitar las cosas, no entorpecerlas”.

A nivel educativo, la escuela rural está empezando a organizarse para solventar unas carencias que empiezan por la normativa existente: un corpus obsoleto, que no se cambia desde 1988. El primer grupo de trabajo surgió en la serranía de Málaga, y a partir de ahí –con el empuje del informe al respecto del Defensor del Pueblo el año pasado– los sindicatos de la provincia malagueña y gaditana comenzaron a trabajar juntos en la cuestión. El objetivo es crear una plataforma de escuelas rurales a nivel andaluz y elaborar una tabla reivindicativa clara.

De momento, la Junta de Personal Docente No Universitario de la Delegación Territorial de Educación de Cádiz ha elaborado una resolución en defensa de la Escuela Rural y los CPR. Este miércoles, 15 de mayo –un día después de la huelga docente general convocada por Ustea– en El Bosque tienen programada una protesta porque llevan años con una cubierta en mal estado, por la que se filtra el agua: “Los centros rurales –abunda María Jesús de León– sufren especialmente la falta de inversión en la escuela pública a veces, con décadas de espera para acometer obras: aún estamos descubriendo estructuras con amianto mientras seguimos pagando los conciertos. Seguimos sosteniendo a personas que hacen de la educación un negocio, cuando la enseñanza concertada es una figura que ya no se necesita”.