La Fiscalía pide 11 años de inhabilitación para el alcalde de Espera por formalizar contratos ilegales

Cádiz/El actual alcalde de Espera, Pedro Romero (Izquierda Unida), irá a juicio el próximo día 5 de mayo en la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Jerez acusado de un delito continuado de prevaricación. En concreto, la Fiscalía procesa al que ha sido primer edil de la localidad serrana durante 18 años por realizar tres contratos ilegales y pide para él 11 años de inhabilitación especial para el cargo de regidor, concejal y cualquier otro de naturaleza electiva que implique su participación en un gobierno municipal, autonómico, estatal o europeo.

El primer edil espereño ya fue condenado en firme a cuatro meses y medio de inhabilitación para ejercer su puesto tras una sentencia dictada a raíz de un contencioso que mantuvo con una chatarrería ubicada en el pueblo serrano una chatarrería. En esta ocasión, el juez también le impuso el pago de una multa. “Me condenan por desobediencia a la Justicia. Si este es el precio que tengo que pagar para quitar la chatarrería de mi pueblo, me voy orgulloso del Ayuntamiento ”, dijo en octubre de 2020, cuando se hizo pública esta resolución judicial.

La nueva causa que lleva a Romero al banquillo de los acusados se centra en tres supuestos casos de enchufismo. Según el escrito de calificación fiscal, el alcalde serrano de IU formalizó los mismos "con conocimiento de la ausencia absoluta de procedimiento de selección y sin respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, como así le puso de manifiesto en numerosísimas ocasiones verbalmente el Secretario del Ayuntamiento”.

Según el fiscal, las contrataciones que fueron suscritas por el acusado "prescindiendo de manera grosera del procedimiento legalmente establecido" fueron: un contrato de peón de obras públicas desde el 11 de noviembre de 2011 hasta el 8 de febrero de 2012; un contrato de monitor de actividades recreativas y de entretenimiento desde el día 16 de junio de 2015 hasta la terminación del servicio; y otro contrato de peón de obras públicas desde el día 6 de julio de 2015 hasta la terminación del servicio.

Pedro Romero "mantuvo contratadas a estas personas pese a que el Secretario Interventor, al fiscalizar las nónimas de estos trabajadores, le advirtió de la ilegalidad de estas contrataciones", apuntan las conclusiones provisionales de la Fiscalía.

Fuentes judiciales consultadas por este periódico hablan de "una alarmante contratación a dedo en las poblaciones de la Sierra de Cádiz" que viene de largo. Lo cierto es que ya hay una condena al que fue alcalde de Villamartín, José Luis Calvillo (PSOE), pendiente del Tribunal Supremo; otra condena a la ex alcaldesa de Alcalá del Valle, Dolores Caballero (IU), pendiente de confirmación; y una más al que fue alcalde de Puerto Serrano, Pedro Ruiz (IU), por casos de enchufismo.

A éstas hay que añadir otros procedimientos abiertos contra los que dirigieron el Ayuntamiento de Arcos en la anterior legislatura (PP y Aipro), contra el actual alcalde de Villamartín, Juan Luis Morales (PA), y el último caso ahora hecho público del alcalde de Espera, Pedro Romero.

Asimismo, en la comarca de la Costa Noroeste fue muy sonado el caso de la ex alcaldesa de Chipiona, Dolores Reyes (PSOE), condenada por suscribir hasta 345 contrataciones de personal laboral eventual para el Ayuntamiento de forma irregular.