El Gobierno, dispuesto a endurecer las penas contra la logística del narcotráfico

Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad, anunció este martes en Cádiz que el Gobierno tiene intención de emprender una reforma legal que endurezca las penas al negocio del petaqueo con el que las narcolanchas se abastecen de combustible sin necesidad de tocar tierra.

Tras presidir en el Parador Atlántico una reunión de trabajo de la Mesa de Coordinación Operativa (MECO) del IV Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, en el que se ha hecho balance de los dos primeros meses del presente ejercicio, Pérez ha hablado de cuestiones esenciales en la batalla contra el narcotráfico, que considera que “estamos ganando”, a la par que ha asegurado que desde la llegada del PSOE a la Moncloa “se está recuperando el principio de autoridad”.

El secretario de Estado aseguró que es "plenamente consciente de que la presencia de las narcolanchas incomoda, pero en ningún momento puede interpretarse en sentido distinto a que somos nosotros quienes estamos ganando la batalla al narcotráfico. Quien quiera lanzar una idea distinta, que solo atienda a resultados", explicó.

La prohibición de las narcolanchas

Pérez recordó que la lucha contra la logística para el transporte de hachís entre Marruecos y España empezó en 2018, cuando fueron declaradas ilegales este tipo de embarcaciones. "En este tiempo se han intervenido 1.400 embarcaciones, de las que se han destruido 800, junto con 900 motores".

En los meses revisados de este año, el Plan Gibraltar ha arrojado satisfactorios beneficios, como lo demuestra la realización de 1.712 operaciones policiales contra el narcotráfico, 106 de ellas de carácter financiero, como blanqueo de capitales; además, se han investigado o detenido a casi mil personas e intervenido 27 toneladas de sustancias estupefacientes.

Además, explicó que los ministerios de Justicia e Interior trabajan juntos para facilitar el castigo penal a la tenencia ilícita de combustible, algo que dificultaría los suministros de las narcolanchas.

Rafael Pérez valoró muy positivamente los resultados del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar: "Sabemos que por mucha inversión por mucho esfuerzo, por muchos resultados positivos que pueda haber, siempre va a haber ámbitos de mejora en la lucha contra las organizaciones criminales", e insistió en que pese a hechos recientes, como el asesinato de dos agentes de Barbate y de otros dos en un control preventivo de carretera en Sevilla, el principio de autoridad en la zona cero del tráfico de hachís "empezó a recuperarse" cuando se puso en marcha este Plan en 2018.

"Los problemas complejos no tienen soluciones mágicas, conllevan un trabajo sostenido en el tiempo", llegó a afirmar.

En la reunión de este martes, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, y la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, abordaron la necesidad de llevar a cabo modificaciones legislativas para agilizar la tramitación de estos juicios.

Las macrocausas

El secretario de Estado indicó que, además de la compleja reforma que requiere la modificación de la Ley de Organización del Poder Judicial, existen "otras fórmulas", como que sea la Audiencia Nacional, con más medios, la que asuma algunas macrocausas contra organizaciones de narcotráfico que podrían entrar dentro de sus competencias, ya que estas no actúan en una provincia sino en varias, al tener esta "un mayor conocimiento, una mayor capacidad de medios que los juzgados unipersonales, y además podrían tener una dedicación exclusiva para llevar este tipo de causas", dijo.

Avanzar y profundizar en las relaciones internacionales de la lucha contra el narco, especialmente con los países vecinos como Marruecos y Portugal, y en la vigilancia de los apoyos logísticos de las redes, fueron otras de las cuestiones abordadas en esta reunión en Cádiz, en la que participaron los principales mandos de la lucha contra el narcotráfico que intervienen en el Plan.

El secretario de Estado reiteró que desde 2018 el Ministerio del Interior ha invertido casi 120 millones de euros en medios materiales y humanos para esta lucha, y recordó que en las seis provincias andaluzas en las que está operativo el plan "hay más de 25.000 policías nacionales y guardias civiles dedicados a esta tarea, a la que se suman mensualmente unos 1.800 agentes en momentos específicos".

Críticas al PP

Aprovechó para dar un tirón de orejas al PP al recordar que “antes de 2018, con un Gobierno del Partido Popular, se perdieron más de 1.600 agentes en la zona, en un momento en que entraban a los hospitales a rescatar narcos de la custodia policial. Que se habla ahora de pérdida de principio de autoridad, cuando lo que se está produciendo es la recuperación del mismo, creo que no es de recibo”, aseguró.

Sobre la reclamación de sindicatos y asociaciones de agentes de que Cádiz sea declarada Zona de Especial Singularidad por la peligrosidad de la zona, insistió en que "el Ministerio sigue estudiando esta cuestión que debe abordarse en conjunto con otras zonas de España que tienen otras dificultades".