Huelga Cádiz: Metal al rojo vivo

“Hemos perdido quince años”. Ésta es la impresión de un veterano empresario del sector del metal de la provincia de Cádiz, que afronta su tercera semana de parálisis por la huelga convocada por los sindicatos CCOO y UGT para protestar contra el bloqueo de la negociación del nuevo convenio colectivo, que afecta a unos 20.000 trabajadores de la provincia.

Las movilizaciones han derivado en momentos puntuales en incidentes que hacía años que no se veían en la Bahía, con enfrentamientos a pedradas con la Policía, el corte del tráfico ferroviario en la estación de Cádiz y un caos circulatorio tanto en la capital como en el Campo de Gibraltar, además de un camionero herido tras ser golpeado por un piquete en San Roque.

La preocupación es máxima por la repercusión de cara a la obtención de nuevos contratos, especialmente en el sector naval. El origen del conflicto es la renovación del convenio provincial del metal, que ampara a los trabajadores de la industria auxiliar que trabajan para las empresas tractoras, como Navantia, Airbus o Dragados Off-Shore en la Bahía de Cádiz, o Acerinox y Cepsa en el Campo de Gibraltar. Estas grandes compañías cuentan con un convenio propio y sus plantillas no están incluidas en la huelga, aunque varios comités de empresa han expresado su solidaridad con las movilizaciones.

La actividad de las grandes empresas sí que está sufriendo un grave perjuicio, no sólo por la acción de los piquetes que impiden el acceso de los trabajadores a sus instalaciones, sino sobre todo por su dependencia de las contratas para el cumplimiento de los compromisos con sus clientes. Como resume un experto en el sector, “Navantia logra los contratos y la industria auxiliar los ejecuta”. Aunque es una frase que admite matices, expresa la íntima relación entre las tractoras y su tejido auxiliar, formado fundamentalmente por una constelación de pymes e incluso microempresas con sede en la provincia y que a veces sólo trabajan con un único cliente. Estas pequeñas compañías no cuentan con la capacidad financiera de las grandes, y muchas se encuentran en una situación muy difícil al prolongarse en el tiempo el conflicto.

La escalada del IPC trastoca la negociación

La negociación del convenio corre a cargo de la Federación de Empresas delMetal de Cádiz (Femca) por la parte patronal, y los sindicatos CCOO y UGT por la social. El convenio anterior expiró el pasado 31 de diciembre, pero dada la situación de pandemia, que obligaba incluso a mantener reuniones por videoconferencia, los negociadores acordaron darse más tiempo para acordar el nuevo marco laboral. Las conversaciones encallaron a partir del mes de septiembre fundamentalmente por el incremento salarial.

El aumento desbocado de la inflación por el alza de los costes de la electricidad trastocó la negociación. Hay que recordar que tras años de estabilidad de precios, el IPC inició una escalada el pasado verano que le ha llevado en octubre al listón del 5%, el dato más alto desde 1992.

Ante la negativa de la patronal a asumir, entre otras reivindicaciones, la subida salarial que marcara el IPC para los años de vigencia del nuevo convenio, UGT y CCOO convocaron dos jornadas de huelga el 8 y el 9 de noviembre, con la opción de un paro indefinido a partir del 16 de noviembre.

Paros en el sector del metal

Las dos primeras jornadas paralizaron la gran industria de ambas bahías, aunque en el resto de comarcas la actividad fue relativamente normal, según la patronal, que redujo su seguimiento a un 15% en global. Estas dos jornadas culminaron con una manifestación entre el astillero de Navantia Cádiz y la sede de la patronal que sirvió de anticipo de los sucesos que vendrían después.

Un numeroso grupo se desgajó de la marcha oficial y recorrió las calles de Cádiz sorprendiendo a la Policía y generando un gran caos al inmiscuirse los manifestantes entre el tráfico de la avenida principal. Los antidisturbios tuvieron que desplegarse ante la sede de la patronal. Dos días después, la Consejería de Empleo citó a ambas partes en Sevilla en un intento infructuoso de acercar posturas.

Huelga indefinida

La huelga indefinida arrancó el martes con piquetes en las grandes industrias e incidentes en la puerta de Navantia Cádiz, donde los manifestantes levantaron barricadas y lanzaron objetos contundentes a la Policía, aunque la tensión disminuyó después de que el comité de empresa mediaran con los piquetes.

Al día siguiente, la tensión subió de grado. Los piquetes colocaron un coche en medio de la avenida de Astilleros y le prendieron fuego a modo de barricada. También cortaron el tren en la estación de Cádiz y quemaron también una caseta prefabricada de una obra situada entre la factoría y el ferrocarril, a menos de cien metros de una gasolinera.

La movilización del jueves fue más pacífica. Los piquetes se movieron por toda la ciudad de Cádiz, generando un colapso circulatorio. Cuando se dirigían al Ayuntamiento, el alcalde de la ciudad, José María González Kichi, salió a su encuentro para arengarles. “Hemos tenido que meter fuego para que Madrid nos haga caso”, gritó el regidor megáfono en mano, dejando una de las imágenes icónicas de la huelga.

El viernes, más tensión. Los trabajadores volvieron a recorrer de forma pacífica la ciudad en un itinerario improvisado que apenas daba tiempo a la Policía Local para cortar el tráfico. Al dirigirse hacia el Puente de la Constitución de 1812, se encontraron con un fuerte dispositivo de la Unidad de Intervención Policial, que tuvo que hacer una pequeña carga contra manifestantes que intentaron bloquear esta infraestructura clave. Desde la Subdelegación del Gobierno no ocultan su preocupación ya que achacan los incidentes a la infiltración de elementos radicales procedentes de otras provincias como Sevilla.

Negociación bloqueada

En paralelo, volvían a naufragar los intentos de desbloquear la negociación con la mediación de la Consejería de Empleo. El último encuentro se prolongó hasta la madrugada del viernes. La patronal presentó dos propuestas dos propuestas diferentes. La primera ofrecía un periodo de vigencia de 2021 hasta 2024, con un incremento salarial del 2% en cada año (en el caso de 2021 con carácter retroactivo desde el 1 de junio) salvo en 2024, que habría un 2,25%. Al termino de este intervalo, si el IPC hubiera sido superior a estos porcentajes, se abonaría en un pago único el diferencial entre el alza del coste de la vida y el incremento salarial.

A continuación se lanzó una segunda propuesta, con un año menos de vigencia, hasta 2023. En este caso, se recogería un alza salarial del 2% en cada ejercicio, y al igual que en la anterior, se abonaría el diferencial con la inflación si el IPC es superior a este incremento salarial.

Al mantener los sindicatos como exigencia la revisión anual de las tablas salariales, los mediadores lanzaron su propio borrador con un incremento del 1,5% a aplicar en 2021, elevándose al 1,75% en 2022 y 2023, y consolidando en las tablas a posteriori entre el 20% y el 30% de la desviación sobre el IPC. Además, se abonaría en un pago único la diferencia entre las subidas aplicadas y el IPC real de los tres años de vigencia del convenio.

Objetivo: no perder poder adquisitivo

Los sindicatos las rechazaron ya que se marcan como objetivo prioritario que “los trabajadores no pierdan poder adquisitivo”, y exigen que se traslade cada año a las tablas salariales el IPC real. A su parecer, las propuestas de la patronal no consolidan el incremento del coste de la vida en las tablas salariales del convenio, ya que se abonaría el diferencial con el IPC en una paga extra.

Asimismo, reiteran que este pago único de la desviación del IPC no es viable en el sector por su alto nivel de temporalidad, lo que llevaría, según su versión, a que muchos eventuales no recibirían ese pago al extinguirse su relación laboral antes de cobrarla. “Qué trabajador reclama luego esa cantidad para que no le vuelvan a llamar”, cuestionaron este viernes los secretarios provinciales de Industria de UGT y CCOO, Antonio Montoro y Juan Linares, respectivamente. Además, rechazan que el nuevo convenio tenga más de dos años de vigencia.

Los sindicatos sostienen que este conflicto se ha convertido en “un referente” nacional, según apuntó Antonio Montoro el viernes. Aludía así a que el convenio de Cádiz podría marcar la pauta si logran sus reivindicaciones salariales, ya que contrastan con la moderación de la subida salarial pactada en los últimos años, y que se sitúa actualmente en el 1,5% según el Ministerio de Trabajo.

Por su parte, las empresas de la industria auxiliar argumentan que el convenio provincial es uno de los más generosos de España y no pueden asumir este incremento de la masa salarial, ni lo pueden repercutir en sus contratos con las grandes compañías.

Presión a las tractoras

Una de las bazas con las que cuenta la parte laboral para presionar a la patronal es que cada día de paro supone un retraso en los contratos de las tractoras. Esto explica las declaraciones de los representantes sindicales que critican que las grandes empresas no hagan “nada para arreglar este conflicto” cuando “tienen mucho que decir porque son los pagadores de las industrias auxiliares del metal de Cádiz”, según indicó el responsable provincial de Industria de CCOO, Juan Linares.

La más afectada sería Navantia, donde fuentes del sector han expresado su preocupación por el impacto en el encargo de las cinco corbetas para Arabia Saudí. La botadura del quinto y último buque estaba prevista para el cuatro de diciembre. Al correr el rumor de que una contrata iba a entrar este fin de semana en el astillero de San Fernando para acometer trabajos en uno de los buques, un piquete de unas 300 personas se concentró ayer en la zona del puente de Hierro. Y no sólo inquieta el contrato actual, sino sobre todo el impacto en términos de imagen de cara a futuros encargos, en un momento en el que Arabia Saudí está estudiando licitar la construcción de buques de asalto anfibio, varias lanchas de desembarco y una nueva clase de fragatas ligeras.

Donde hay más desazón es entre las empresas implicadas en la reparación de cruceros. Las mismas fuentes recuerdan que Cádiz fue una de las grandes beneficiarias de una huelga que paralizó los astilleros de Marsella, una circunstancia que ayudó a que la Bahía se posicionara a nivel mundial en este segmento de negocio, y ahora podría sufrir el efecto inverso.

En el dique cuatro del astillero de Cádiz se encuentra un buque de Carnival, naviera que habría decidido no volver a Cádiz, según las mismas fuentes. En la factoría está también atracado un crucero de Royal Caribbean, el Radiance of the Seas, y en el dique seco de Puerto Real está el Marella Explorer pendiente de culminar su varada. Otro importante encargo que se acomete en la Bahía es la construcción en Dragados Off-Shore del módulo para el parque eólico Dolwin 6, un contrato de más de 350 millones.

En un contexto en el que la unidad de reparaciones ha pasado a depender de Cartagena y de presión gallega para un dique cubierto en Ferrol, el temor entre las empresas es que los astilleros de la Bahía de Cádiz queden relegados a depender únicamente de las migajas que dejen otras factorías de Navantia y de contratos públicos vinculados a la Armada, como el nuevo Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática, cuya construcción aún no ha comenzado pese a contar con 53 millones asignados en los Presupuestos Generales del Estado de 2021.