Indignación en Arcos porque un profesor investigado por abusos diera clases
Provincia
La madre de una alumna del colegio El Santiscal, fundadora de la primera asociación nacional contra los abusos a menores, asegura que “con dos casos anteriores, éste no tendría que haber pasado”
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La detención de un profesor en Arcos por presuntos abusos sexuales a dos niñas de 8 y 9 años llenó ayer de indignación a padres y madres del centro El Santiscal de la localidad serrana, donde se produjeron unos hechos que la Guardia Civil sigue investigando. De hecho, ayer mismo agentes de la Benemérita siguieron tomando declaración a testigos para avanzar en la instrucción de un caso que, de momento, se ha saldado con la suspensión de empleo y sueldo del detenido, L.C.R., de 42 años, durante seis meses mientras que su implicación en los hechos se aclare.
Lo que a los padres del centro más preocupa es entender cómo esta persona daba clases a menores cuando ya había sido investigado por hechos similares en Santiago de Espadas (Jaén) y Prado del Rey el pasado año. La consejera de Educación, Patricia del Pozo, aseguró ayer en Huelva que “no constaba ningún antecedente en Educación”. “No existe ningún tipo de denuncia que haya llegado a algo en firme”, indicó. Y aclaró que “puede haber algún procedimiento abierto, alguna denuncia que no haya tenido todavía su fallo final, y eso no se recoge”, explicó la consejera.
Este diario pudo hablar ayer con Begoña Machuca, madre de una de las alumnas del centro arcense que es, además, una de las personas que más sabe de abusos a menores del país. De hecho, fue fundadora y primera presidenta de la Asociación para la Ayuda y Defensa de los Menores Víctimas de Abusos Sexuales (Adebam), la primera de este tipo a nivel nacional y que vio la luz en Cáceres en 2002. “No sé si la gente es consciente de la gravedad de lo que ha ocurrido. Es muy grave. Menos mal que estas niñas han hablado, porque generalmente no lo hacen. Y más a esa edad, 8 y 9 años, que fue la edad a la que le pasó a mi hija mayor. Ella no lo contó, yo lo sospeché porque actuaba muy rara. Si estas niñas no hubieran hablado, mi hija pequeña y sus amigas también podrían haber sufrido estos abusos. Y si para la Junta de Andalucía no es grave para mí sí lo es. Y quiero que se me escuche porque me dediqué cinco años a luchar por esto en cuerpo y alma, dejé mi trabajo, me gasté la herencia de mi madre para luchar contra abusos sexuales. Los sufrí siendo menor y sé las secuelas que traen parejos”, dijo.
Para Begoña “esto sigue pasando porque se permiten leyes como el Sí es Sí. Porque la sociedad no se une. Hay que controlar que un maestro, si ha estado investigado por presuntos abusos, ya no pueda ejercer con menores. Que lo pongan a dar clases a chicos y chicas de FP. Se lo dije a la directora del centro”, insiste.
Para Machuca es fundamental que desde la Junta de Andalucía se controle más este aspecto de los docentes. “¿Quién controla esto? Una de dos, o no se controla o a alguien le ha dado igual. Ambas opciones me parecen vergonzosas”.
Reconoce que entre los padres y madres del centro El Santiscal hay miedo. “La gente tiene miedo. Hay madres que han preguntado a sus niñas si han tenido tratos con este señor, si las ha tocado. Yo no tengo miedo. Ya pasé todo el miedo que tenía que pasar. Los jueces deberían reunirse con gente que ha sufrido abusos para que vieran las secuelas que quedan. Para poder condenar hay que saber las secuelas que dejan estos abusos. Que pregunten qué nos ha costado. El abuso sexual no puede tener tan poca condena. ¿Qué más da que te penetren o no?, si el daño psicológico te mata igual, el físico no es igual, pero el mental es el mismo. Las secuelas que le quedan a un menor que pasa por este trance son terribles. Eso de que los niños olvidan en seguida es una mentira gigante. Yo puedo decirlo. A mí me ha costado muchos psicólogos”, asegura.
“No sé lo que ha ocurrido –continúa–, pero estas niñas tendrán que tener terapia porque el daño está hecho y quedan secuelas. Esto se hubiera prevenido si este señor no hubiera dado clases. Si hubiera habido una vigilancia. Y menos mal que las niñas han hablado”.
Según Machuca, cuando un menor habla de abusos en el 90% de los casos es cierto. “Es muy raro que un niño pequeño, sin la maldad de una persona de 20 o 30 años, invente que un profesor le ha hecho algo. Y más dos veces, y más tres veces. En diferentes lugares. Algo tiene que haber”.
Para Begoña el problema de los abusos a menores “es que no se toma con el mismo daño que una violación, y es el mismo, porque alguien te está haciendo algo que no quieres. El daño es el miedo que te meten en el cuerpo, el daño son las amenazas”.
Considera fundamental que en los centros educativos se ofrezca información sobre los abusos. “Hay que hablarle a los niños de los peligros que existen”.
“Mi rabia –prosigue Begoña– es que este caso en Arcos no tenía que haber pasado. Si hubiera actuado quien corresponde esto no habría pasado. No entiendo que los políticos que nos gobiernan no hagan nada. No entiendo que en los colegios no se hable de esto con los niños. Y lo sufren más las chicas pero también niños. Esto es más fuerte de lo que la gente se imagina. Todos tenemos hijos. Mañana puede ser el tuyo. Y el colmo es lo de los ataques cometidos por menores, si eres menor puedes matar, violar y hacer lo que te dé la gana. ¿Y la menor qué derechos tiene, qué derechos le dejas?
Begoña Machuca no disimula su “rabia e indignación como madre” tras la detención de este hombre por los presuntos abusos sexuales. “¿Qué hubiera pasado si esas niñas no hablan? ¿Habrían más afectadas?”, se pregunta en voz alta.
La Junta defiende su protocolo de actuación
Según el Ministerio de Educación, “todo el personal que esté prestando servicios en el ámbito de gestión de este ministerio, ya sea docente o no, que trabaje en contacto habitual con menores, tanto funcionarios de carrera, interinos o laborales, debe aportar certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales”, y esto es lo que ha ocurrido, según fuentes de la Junta de Andalucía.
Estas mismas fuentes afirman que “en este caso concreto la dirección del centro detecta un incidente y lo comunica a la Inspección Educativa, que lo analiza, y a su vez llama a la familia para para determinar y detallar qué ha pasado”. Es entonces cuando se inician dos vías en paralelo, “una la judicial, en la que la familia tiene que iniciar el proceso de denuncia”. Y otra es la administrativa, “que pone en marcha Educación de la Junta, que en esta tercera ocasión ha actuado ya con medidas cautelares una vez realizada la denuncia que determina la suspensión de empleo y sueldo durante seis meses a este docente mientras se resuelve el proceso judicial”.
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