El problema del agua en las viviendas irregulares en la provincia de Cádiz

No hay agua. O no el agua que todos quisiéramos. En un arco que va saltando desde el extrarradio de Chiclana hasta Tarifa, pasando por El Palmar, Zahora o Caños de Meca, abundan las viviendas sin abastecimiento ni saneamiento: “A cualquiera que le digas que esto existe dentro de la UE, no da crédito”, comenta desde Ecologistas en Accion, Juan Clavero.

La práctica de extracción y obtención de agua entre el extenso número de urbanizaciones ilegales no siempre entra dentro de la ortodoxia. El pirateo es, de hecho, un ejercicio común, conocido y dilatado en el tiempo. Esta semana, el Seprona informaba de una investigación abierta contra trece personas por presunta extracción ilegal y venta de agua del acuífero existente entre Conil y Chiclana. A pesar de ser sólo apta para riego, se comercializaba para uso particular y hostelería, especialmente, para llenar piscinas y aljibes. Los niveles de nitritos de una de las piscinas analizadas superaban por diez los recomendables: traduciendo, el agua no era apta ni para darse un baño.

El principal investigado en la operación es el conocido empresario de Cubas de Agua El Pipa. Desde la delegación de Ecologistas en Acción en Chiclana, contemplaban la actividad desde el pasmo: un tráfico continuo de camiones que pensaban se limitaba a la extensa red de viviendas del término municipal, y que se concentraba sobre todo en la zona de Pago del Humo, donde el acuífero está muy esquilmado. “Veíamos que, además, se exponía mucho, con anuncios, cartelería, y con un discurso en la línea de que no era más que el proveedor de un servicio público”, indican. Al final, la presión ha partido de “varios agricultores de Conil, que notaban cómo bajaba el nivel del agua en sus pozos”, apuntan los ecologistas, que consideran personarse también en la causa.

El alcalde de Conil, Juan Bermúdez, afirma haber tenido conocimiento de esta situación a través del sector agrario, “que ha estado intentado que interviniera el Seprona”:“El derecho al agua existe –apunta el responsable– pero en unas condiciones dignas y aptas para el consumo humano. No tenemos nada en contra de este tipo de negocio, siempre y cuando no afecte a terceros”.

Si son legales, los pozos particulares tienen un abastecimiento máximo de 7000 metros cúbicos al año: no puedes movilizar volúmenes enormes de agua para su venta. “Si haces un pozo ilegal, afectas al sistema tremendamente sensible de los acuíferos”, apuntan los ecologistas.

Los acuíferos subterráneos funcionan como una esponja: todo el agua disponible se va acumulando a través de la porosidad de la arena y la roca caliza. Y es un mecanismo muy delicado: una vez lo alteras, se contamina o, en el caso de los acuíferos costeros, se saliniza, el proceso es irreversible. La salinización de este tipo de balsas de agua es, de hecho, uno de los peligros relacionados con la subida del nivel del mar. Hasta ahora, el sistema de acuíferos funciona porque al pesar menos que el agua salada, el agua dulce queda por encima y no se mezclan.

“Del agua de los acuíferos costeros –continúa Juan Clavero– beben Vejer, Barbate, muchas zonas de Tarifa... No sólo la población, sino también la agricultura, que en el caso de Conil es importantísimo. Un factor en el que no podemos pensar las consecuencias si falla, a nivel económico y de salud, por no hablar de turismo... Al fin y al cabo, si traficas con agua, traficas con un bien público, estás robando algo que es de todos”.

Pero el acceso al agua es, claro, un derecho esencial: “Esa es una de las consecuencias más perversas del urbanismo ilegal –prosigue Clavero–. Que tengas 15.000 viviendas ilegales en Chiclana, 3000 en Barbate, subsistiendo con enganches ilegales de luz y agua”.

Más que planear nuevas construcciones, lo que los ayuntamientos deberían hacer, indican, es deshacer esa inmensa madeja:“La mitad del extrarradio de Chiclana se ha construido sin licencia: es el segundo municipio de Andalucía con un mayor número de viviendas irregulares –apunta David, de Toniza-EA Chiclana–. El último PGOU ha caído en los tribunales, y eso arrastra todos los planteamientos, incluida la ordenanza de regularización. Pero vaya, que hay una vigente desde hace dos o tres años y no se ha regularizado ninguna zona”.

“Desde nuestra postura, no podemos decir vamos a tirarlo todo –prosigue–. Hay algunos sitios que nunca aceptaramos que se regularicen, zonas inundables, vías pecuarias, espacios protegidos... En las otras zonas, es muy complicado siquiera poner de acuerdo a los vecinos, empezando por el conflicto de los precios: te encuentras desde gente con mucho dinero, hasta el que tiene un campito humilde, así que habría que plantear cargos que pudieran irse pagando con facilidad”. Y dotar de servicios también tiene una parte vinculante, más allá de la evidente: “Las depuradoras de Chiclana, por ejemplo, están a lo justo:si vas a a meter más servicios, hay que mejorarlas”.

A nivel administrativo, los ecologistas denuncian la afición por nadar y guardar la ropa de las autoridades. Si hablamos del papel que juega la administración local, señala Juan Clavero, los ayuntamientos “han terminado convirtiendo las multas en una especie de impuesto o de cuota a pagar de tanto en tanto para que no tiren la casa”.

“Se ha permitido un cáncer –continúa– que, como un cáncer, luego tiene múltiples consecuencias desconocidas o que no se han considerado en primera instancia: las aguas de un pozo ciego, por ejemplo, van al acuífero otra vez, o directamente al mar”.

En la problemática del agua, el otro indicador clásico, el de los pantanos, arrastra unos niveles humildes. En la última actualización, los embalses gaditanos apenas arañaban en un su conjunto un 40% de su capacidad total. Balsas como la de Barbate o Charco Redondo rondaban el 26-27% .

“La planificación hidrológica –recuerdan desde Ecologistas en Acción– hay que hacerla según los mínimos de agua: ese es el volumen con el que contamos. No aprovechar los buenos porcentajes para plantear urbanizaciones, campos de golf, regadíos...”

Un gran desestructurador, advierten, está siendo el cambio de cultivo en la campiña de Jerez a un modelo de olivar intensivo: una superproducción que implica grandes volúmenes de agua.“Tira de los pantanos muchísimo, y es una irresponsabilidad que se repite”, indican los ecologistas, recordando lo cerca que estuvimos, hace 25 años, de quedarnos con los pantanos secos: “Al dar nuevas autorizaciones de regadío, aumenta la demanda a los pantanos, sumando que estos dos últimos años, además, han sido muy duros”.