Inversión tecnológica y más plantilla: las propuestas de los abogados gaditanos para la 'nueva' Justicia

La Justicia en la desescalada

El Colegio de Abogados reclama además una adecuada programación de los actos procesales y puntualidad rigurosa en su celebración

Pascual Valiente, decano del Colegio de Abogados de Cádiz / Jesús Marín
J. Alarcón

08 de junio 2020 - 06:00

Cádiz/"La Justicia no puede quedar paralizada por más tiempo, porque las consecuencias serían gravísimas para todo el sistema judicial". Pascual Valiente, decano del Colegio de Abogados de Cádiz, muestra así su preocupación por el stand by casi total que ha sufrido la Justicia durante el estado de alarma, que ha puesto de manifiesto la insuficiencia de medios tecnológicos que adolece esta administración. "De haber dispuestos ellos, se habría podido continuar prestando este imprescindible servicio público", afirma el representante de los abogados gaditanos.

Para superar esta situación y recuperar la normalidad en la actividad judicial, afirma Valiente, es fundamental que se refuercen los medios técnicos y personales de los órganos judiciales, "tanto para reprogramar las agendas judiciales -y recuperar todas las actuaciones que se han suspendido durante estos casi tres meses- como para evitar que la situación se agrave con la entrada de nuevos asuntos, especialmente en los Juzgados de lo Mercantil y lo Social". La solución, según el decano, pasa por "importantes inversiones tecnológicas, la reincorporación de todos los funcionarios y un incremento de las plantillas, incluidos jueces y Letrados de la Administración de Justicia".

Desde el Colegio de Abogados de Cádiz expresan igualmente su preocupación por las condiciones de la reanudación de la actividad judicial, que exigirá la adopción de medidas sanitarias en las salas de vistas y oficinas judiciales para evitar la suspensión de las actuaciones por falta de habilitación de las dependencias. "Actualmente, con excepción de las salas de vista de la Audiencia de Cádiz, en el resto de sedes judiciales de la provincia las salas tienen un tamaño limitado, que puede dificultar la celebración de juicios en los que estén previstos numerosos intervinientes".

Asimismo, Pascual Valiente considera relevante establecer una adecuada programación de todos actos procesales y que estos se celebren con rigurosa puntualidad para evitar la concentración de personas en situación de espera. "La celebración de actos judiciales por medios telemáticos sólo será posible con carácter muy excepcional para aquellas actuaciones que no precisen de pruebas personales. Por lo tanto, estos medios telemáticos no son la solución al problema del atasco judicial”, añade.

Como consecuencia de todo lo anterior, los letrados gaditanos temen que durante los próximos meses se genere un clima de incertidumbre. “Por eso, a fin de evitar situaciones de inseguridad jurídica, desde el Colegio de Abogados reclamamos a los órganos judiciales que informen con suficiente antelación, tanto a los profesionales como a los justiciables afectados, de aquellas actuaciones que se van a poder celebrar y las que, por el contrario, van a quedar suspendidas”.

La polémica habilitación del mes de agosto

El Colegio de Abogados de Cádiz se ha mostrado desde el principio contrario a la habilitación parcial del mes de agosto. "Es una medida ineficaz que perjudica a profesionales como abogados y procuradores, sin ningún beneficio para la mejora en la Administración de Justicia".

Según los abogados, "resultaría muy complicado celebrar en agosto por las dificultades para realizar los actos de comunicación con justiciables, testigos, peritos... en esa fecha, lo que originaría numerosas suspensiones".

Además, aseguran, es "contraproducente, dado que al ser agosto hábil, el personal judicial distribuiría sus vacaciones en un intervalo más amplio, desde junio a septiembre y durante el mes de diciembre, ralentizando así la actividad durante un periodo de tiempo mucho mayor".

La abogacía ha venido reclamando la concentración de las vacaciones en Justicia durante el mes de agosto, "lo que finalmente ha acogido el Consejo General del Poder Judicial en las recomendaciones que ha realizado a los órganos judiciales".

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