Investigan la malversación de ocho millones en el Consorcio de Bomberos
La UDEF lleva años recabando información tras una denuncia sindical a la Fiscalía
Ayer declararon en Comisaría los dos anteriores presidentes, Andrés Beffa y Fernando García
Cádiz/La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional está a punto de finalizar una larga investigación que arrancó en el año 2013 y que tiene en el punto de mira una presunta malversación de fondos en el Consorcio Provincial de Bomberos. Según fuentes sindicales consultadas por este medio, estos hechos habrían costado al erario público nada menos que ocho millones de euros.
En la mañana de ayer comenzaron a desfilar por comisaría para prestar declaración algunos de los altos cargos que han llevado las riendas del consorcio en los últimos años. De hecho, entre las tres primeras personas investigadas citadas por la Policía se pudo ver a dos de los tres últimos presidentes del consorcio: el socialista Andrés Beffa, que fue concejal en Jimena; y Fernando García, ex senador del PP y ex alcalde de Bornos. A García le sustituyó en el cargo Francisco Vaca, que a lo largo de este mes también tendrá que declarar, al igual que otros altos directivos.
Lo que la UDEF trata de dictaminar, entre otros posibles delitos, es si el seguro contratado por el Consorcio de Bomberos para que sus miembros puedan prejubilarse a la edad de 60 años pero seguir percibiendo la totalidad de sus nóminas hasta los 65, cumple con la legalidad.
Aunque la investigación entra en este otoño en su fase decisiva, tanto por las extensas y duras pesquisas policiales como por la implicación del fiscal anticorrupción y la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, lo cierto es que fue en mayo de 2013 cuando el Sindicato de Bomberos de Cádiz (SBC) presentó la denuncia en Fiscalía que destapó lo que los sindicalistas consideraron entonces "una presunta estafa".
Al seguro denunciado por el SBC se le conoce como plan de previsión social, que básicamente garantizaba a los bomberos y altos cargos una renta salarial creciente hasta su 65 cumpleaños. Lo que la Policía trata de averiguar es cuánto costó esa póliza. Se habla de 2,4 millones de euros, pero fuentes del CSIF aseguraban ayer a este diario que podrían ser hasta ocho millones de euros de dinero público los utilizados para pagar primas de prejubilación a altos cargos del consorcio.
Desde el CSIF se criticó ayer que esa póliza establece "diferencias abismales" según el cargo que se ocupaba. "Estamos hablando, para que se hagan una idea, de que un alto cargo del consorcio por el hecho de jubilarse puede recibir unos 300.000 euros hasta el momento de su jubilación, aunque algunos se llevarán más dinero. Esta práctica, que se ha llevado a cabo desde hace muchos años, arrojaría una suma de muchos millones de euros".
Cuando en 2011 el SBC detectó estas presuntas irregularidades lo puso en conocimiento del entonces presidente, el socialista Andrés Beffa, pero, tras no obtener respuesta, sus dirigentes se vieron obligados a poner el asunto en manos de la Fiscalía.
Precisamente los sindicatos consideran que fue en el periodo de Beffa cuando se contrató este seguro con la compañía Aviva por la nada desdeñable cifra de 2.400.000 euros. El supuesto objetivo de esa póliza era compensar la pérdida de retribuciones de todos los bomberos que se jubilan a los 60 años. "Pero, realmente, el objetivo, sobre todo, era beneficiar más a los bomberos a los que les queda poco tiempo para jubilarse y no a la gran mayoría de la plantilla. O sea, es una especie de seguro de jubilación a la inversa, cuanto menos tiempo estés bajo la aplicación de esa póliza más te beneficias, al contrario que cualquier seguro ordinario, de ahí ese elevado coste económico. Se da el hecho de que hay bomberos que con un mes de aplicación del seguro se han jubilado con casi 40.000 euros, en cambio a los que nos quedan más de 20 años nos quedarían, supuestamente, solo 1.500 euros, según la póliza", afirman fuentes sindicales de los bomberos.
Según los sindicatos, un total de 65 miembros del consorcio se beneficiarán de este seguro, que fue aprobado en el acuerdo regulador 2009-2018 entre el Consorcio y CCOO.
Desde el CSIF lamentan que los altos cargos, "que jamás han puesto su vida en peligro, que jamás se han expuesto a humos tóxicos, se beneficien de este seguro en cantidades inmensamente más elevadas que las que puede alcanzar un bombero".
"Sin este seguro, los dirigentes del consorcio cobrarían cuando se jubilen una pensión de 2.400 euros al mes, de acuerdo a la ley. Pero con el seguro de Aviva seguirán cobrando los grandes sueldazos que tienen actualmente y que en algunos casos se van hasta los 120.000 euros anuales, como el caso del presidente. Es decir, que son dos millones de las antiguas pesetas brutas al mes", afirmaban ayer desde el CSIF.
Desde los sindicatos se asegura que esta práctica que investiga ahora la UDEF puede ser considerada como "malversación" y que "la mayoría de los bomberos ni pedimos este seguro ni lo disfrutaremos. Esto se lo han guisado unos cuantos, que curiosamente se jubilan pronto. Concretamente, antes de que acabe el convenio de 10 años que negociaron. Qué casualidad".
Algunos bomberos que prefieren mantener el anonimato se han quejado desde el pasado año en diferentes foros de los sobresueldos que cobrarán en los próximos cinco años algunos altos cargos, y que podrían ir de los 478.000 euros de los máximos responsables a los 112.000 que podrían llevarse los jefes de parque.
No obstante, parece que esta presunta malversación no es el único delito que investiga la UDEF dentro de un Consorcio de Bomberos que puede quedar muy tocado si la justicia encuentra hechos delictivos en su gestión.
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