“Creo que me hubiese levantado del debate de Àngels Barceló”

Cádiz/Un verdadero amante del deporte no puede dejar de practicarlo siquiera un día. Y si por alguna circunstancia se queda sin su sesión diaria, busca la manera de compensarla. Eso hizo el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el día que concedió esta entrevista. Subió por las escaleras hasta la décima planta del edificio Fénix de la capital gaditana, se fotografió en la azotea y bajó nuevamente por las escaleras. Un esfuerzo que se antoja agotador para los que utilizamos el ascensor, aunque nada comparado con encabezar actualmente la cartera de Justicia y hacer frente al debate sobre la independencia del Poder Judicial.

-La renovación del Consejo General del Poder Judicial es un asunto que sigue enquistado después incluso de que el Gobierno haya retirado la Proposición de Ley para reformar el sistema de elección de vocales. ¿Cuándo llegará el acuerdo?

-Renovar es una obligación y lo sabemos todos. La Constitución nos dice que tiene que haber renovación cada cinco años y esto no se produce. Es cierto que las dos veces que más dilación ha habido en este asunto, la estructura política ha sido la misma: el Partido Socialista ostenta el Gobierno y la oposición la tiene el Partido Popular. Curiosamente, la primera vez fue en el Consejo que yo fui vocal. En esa ocasión, el Partido Popular también tardó dos años en ceder.

No podemos permitir que esto siga así. El país se construye por la fortaleza de sus instituciones y una democracia sin instituciones es populismo. No queremos eso, por tanto, es necesario emprender la renovación del CGPJ, no hay alternativa, no hay una segunda oportunidad.

La independencia de los jueces está absolutamente garantizada. No lo dice este ministro, lo dicen ellos mismos. Un 98% de los jueces preguntados por esta cuestión ha asegurado que son rabiosamente independientes. ¿Qué falla entonces? Falla el ruido, las nebulosas, la contaminación en la que nos movemos, falta cambiar esa percepción que tiene la ciudadanía de que la Justicia actúa politizada. No hay que preocuparse por la independencia, sí por la percepción, que es tan importante a veces como la propia realidad. ¿Cómo descargar esa imagen de politización? Obliguemos a que cualquier decisión del CGPJ (son 20 más el presidente) tenga por lo menos 13 votos. Con eso, estaremos propiciando el consenso así como una mejor imagen de la Justicia.

-Pero, ¿estamos más cerca de esa renovación?

-Vengo diciéndolo hace muchos meses. El acuerdo está cerrado, falta oficializarlo. Es verdad que vinieron tiempos muy extraños. Hubo elecciones, una detrás de otra, ha habido una pandemia... Todo ello ha desembocado en una situación convulsa que hay que respetar. No lo estoy justificando, estoy intentando entenderlo y por eso, pese a que tenemos un acuerdo tremendamente cerrado, es cierto que no terminamos de rematarlo. Espero que a partir del día 4, tras las elecciones madrileñas, se den las condiciones de sosiego para que el acuerdo se pueda hacer público. Insisto, no hay alternativas, no hay excusas.

-El ambiente está, sin duda, enrarecido. 2.500 jueces han denunciado la violación del Estado de Derecho ante la Comisión Europea. Además, las redes sociales se han llenado de una peculiar protesta por parte de jueces de toda España que se han fotografiado de espaldas para protestar, dicen, contra el politiqueo que se ha adueñado del CGPJ.

-Yo puedo entender que esos 2.500 jueces tengan ganas de que haya renovación en el Consejo, las mismas ganas que tengo yo y la propia Comisión Europea. Mantuve horas de trabajo con la comisaria de Justicia Vera Jourová y ella entendió claramente lo que le exponía sobre la reforma aprobada en las Cortes para limitar las funciones del CGPJ cuando se encuentra prorrogado. Dijo que estaba en plena consonancia con el Derecho de la UE, no había pues ninguna quiebra del Estado de Derecho. Ninguna.

Antes de las Navidades y dado que la situación seguía enconada respecto a la proposición que rebaja la mayoría de 3/5 a mayoría absoluta para elegir a los vocales del CGPJ, el presidente Sánchez mandó al congelador esta reforma. Cuando me reuní con Jourová le transmití que iba a proponer a los grupos parlamentarios que retirasen su proposición. Y así ha sido.

Si esos 2.500 jueces se quejan por la necesidad de renovar el CGPJ, aplaudo. Ya decir que no hay Estado de Derecho en España cuando ellos mismos se consideran rabiosamente independientes... un rato de conversación tendría. Pero bueno, son libres en su actuar. No pasa nada. En democracia, esa es la grandeza, que cada uno puede emitir opiniones, individual o colectivamente. Al final, la voz de la razón es suave y no descansa hasta ser oída.

-Otros se hacen oír de forma diferente. Continúan las amenazas a personas públicas que han recibo cartas con balas. ¿Cómo hemos llegado a esta situación que atenta directamente a nuestra democracia?

-Es lamentable, pero eso no cuestiona el Estado de Derecho, cuestiona el comportamiento de gente que está al margen de la convivencia y que quiere perturbarla desde el ámbito más estrictamente criminal. El Estado de Derecho respeta las leyes, respeta a las personas y respeta al diferente. Todos sabemos que una convivencia nunca es perfecta y por eso los tribunales tienen tanto trabajo. Evidentemente, estamos viviendo un deterioro de la convivencia, si no esto no hubiese pasado. En las sesiones de control lo reitero constantemente, tenemos que tener cuidado con la palabra. No me preocupa que alguien, dentro del marco constitucional, exprese sus ideas políticas, aunque sea incluso para cambiar la Constitución. Lo que no se puede permitir es la degradación de la convivencia, porque eso sí nos llevaría a un desastre como sociedad.

-Si usted hubiese estado en el debate de la Ser dirigido por Ángels Barceló, ¿qué hubiese hecho?

-Creo que me hubiera levantado. Hay un momento en que la sola presencia no puede suplir la falta de ideas. Si la presencia puede provocar más crispación, la prudencia te puede aconsejar retirarte. Hay que estar también allí, es muy fácil hablarlo a toro pasado, pero creo que me hubiese levantado. Yo no voy a permitir con mi presencia que se alimente esa focalización, porque vamos hacia discursos totalmente intolerables desde lo que es mi modelo de sociedad. Creo que me hubiera ido.

-Pablo Iglesias también fue crítico con ciertas actuaciones judiciales. ¿Celebra su salida del Gobierno?

-No, no. He defendido varias veces en el Congreso el papel que desempeña el Poder Judicial ante declaraciones hechas por el entonces vicepresidente que yo no compartía y he expresado mi opinión. No obstante, admito que alguien pueda decir lo contrario, no lo comparto, pero no me desmerece el adversario o la contraposición de ideas.

-El próximo 9 de mayo acaba el estado de alarma. Al principio, su decreto suscitó las quejas de algunas administraciones que ahora, sin embargo, se sienten arrojadas al vacío. ¿Cómo afronta el Gobierno esta nueva situación jurídica para gestionar la pandemia?

-El ordenamiento jurídico ya prevé mecanismos que deben ponerse en marcha desde el consenso. Al principio, daba la sensación de que el Gobierno decía blanco y el resto, negro. Bueno, lo importante es que la cogobernanza ha funcionado y que el Consejo Interterritorial ha dado pautas que nos están permitiendo vencer la pandemia. Me quedo con eso, con el esfuerzo colectivo.

Podemos decir con generosidad, con cautela y con esperanza que estamos venciendo al virus. Debemos sentirnos orgullosos como sociedad, hemos aguantado lo peor, hemos tenido que llorar, hemos visto la desesperanza, gente que no podía enterrar a sus difuntos... Pero somos una sociedad fuerte que cuenta con una red sanitaria pública con mucha musculatura.

-La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó recientemente en nuestra provincia que el Gobierno se empleará “a fondo” para que Airbus Puerto Real siga viva. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar?

-El ministro de Justicia solo puede apoyar lo que ha dicho la ministra de Hacienda. Hay demasiadas familias que dependen del mantenimiento de esta fábrica. Tenemos que estar esperanzados. Ojalá sea una realidad porque la provincia de Cádiz lo necesita.

-¿Qué opina de los socialistas que están pidiendo en adelanto de las primarias en Andalucía?

-Cada militante tiene derecho a pronunciarse. Si la militancia es la que habla, siempre es bueno oírla.

-¿Qué balance realiza del plan de choque puesto en marcha para reactivar la Administración de Justicia tras los meses más duros de la pandemia, cuando estuvo prácticamente paralizada?

-El balance todavía es pronto para hacerlo porque son pocos meses y el retraso es mucho. En Justicia hay que analizarlo todo con un sosiego especial. Me quedo con que hay una sintonía conjunta. Por una vez, todos hemos entendido que, o lo hacemos entre todos, o va a ser muy difícil que salga. Y, de momento, está saliendo, la Justicia está mejorando. La clave está en que todos se sienten partícipes de un proyecto colectivo. Esto es una carrera maratoniana y por eso es Justicia 2030.

-Justicia 2030... no suena cerca.

-Como dijo el poeta, tan lejos, tan cerca. No es problema. Tiene que hacerse así. No puede ser una transformación revolucionaria, tiene que ser una cuestión de todos. El fracaso puntual ya lo hemos vivido y, por tanto, tenemos que ir en esa línea de la prudencia. Estamos hablando de leyes que deben hacerse con sosiego, insisto. No debemos equivocarnos más de los necesario. Justicia 2030 es un proyecto colectivo de rediseño de lo que debe ser la Justicia para el ciudadano en el siglo XXI. La placa base está en las leyes de eficiencia procesal, organizativa y tecnológica, pero también tenemos en marcha la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, la Ley del Registro Civil... Muchas leyes que buscan una mejor convivencia, la felicidad de los pueblos, que se decía en el Constitucionalismo del 1812. Y estamos triunfando, lo digo con humildad porque lo estamos haciendo entre todos, con una mayoría aplastante. ¿2030? Sí. Esto no es fácil. No es solo una cuestión presupuestaria. Ahora mismo tenemos unos fondos europeos de 410 millones. Tenemos capacidad, sobre todo, para diseñar. El dinero ya lo tenemos. Ahora, pasito a pasito para alcanzar una Justicia diferente a la que hemos tenido hasta ahora.

-Mencionaba usted el anteproyecto de la nueva Lecrim, que, entre otros aspectos, atribuye al Ministerio Fiscal la instrucción de las causas y prohíbe a los partidos políticos ejercer la acusación popular.

-La idea del fiscal investigador no es ni una idea nueva ni una idea que surge ahora en España, es un debate doctrinal de hace muchos años que está en plena consonancia con los países de nuestro entorno. El rol del fiscal es la investigación, como dice nuestra Constitución. El rol del juez, sin embargo, es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Es exclusivo y excluyente. Nadie más lo puede hacer salvo él. Por lo tanto, esa figura que tenemos en España del juez instructor no deja de ser una contradicción en las ideas, porque es el juez de escudo y espada. En la nueva Lecrim, el papel que desempeña el juez está tremendamente potenciado. Nunca ha habido más juez. Tenemos al juez que acompaña esa investigación, al juez en la fase intermedia que le da el visto bueno a la acusación y, por último, el juez del enjuiciamiento.

Respecto a la planta de personal, actualmente contamos con 5.500 jueces y 3.300 fiscales. Hay que abrir un debate sobre el diseño de qué vamos a necesitar. A lo mejor se puede hablar de una carrera única, de hacer plataformas que permitan pasar de una a otra o simplemente optar por mantener las dos carreras.

En cuanto al ejercicio de la acusación popular por parte de los partidos políticos, ha llegado el momento de decir no. Esta medida purifica el proceso penal. Los partidos políticos y los sindicatos tienen un papel constitucional tan definido y tan importante que no es necesario que estén en la acción penal, pues tiene otros mecanismos para hacerlo. Los partidos políticos tienen iniciativas legislativas, el mundo sindical también dispone de otros cauces de acción social... Dejemos que la acción penal llegue por otros cauces. ¿Es inmutable esta prohibición? No. El Gobierno pone la primera palabra. Suscita el debate y entre todos buscaremos la mejor solución.

-Tienen encima de la mesa la reforma de los delitos de sedición y rebelión. También estudian restringir los “delitos de expresión”, como el de enaltecimiento del terrorismo, el de odio o las injurias a la Corona, así como introducir como delito la apología del franquismo.

-El Código Penal está vivo, por eso hay que tocarlo, eso sí, bajo unos parámetros de seguridad. Hay que hacerlo con tranquilidad. Cuanto menos nos equivoquemos, mejor. Me comprometo a llevar a Consejo de Ministros una modificación del Código Penal. Estamos analizando todos esos delitos que ha mencionado aunque las decisiones aún no están tomadas.

-¿Piensa jubilarse ejerciendo como político o como magistrado?

-Como paseante por las playas de Zahara.

-¿Algún efecto tras vacunarse con AstraZeneca el pasado 22 de abril?

-Solo de agradecimiento al personal sanitario que me atendió.