La Junta advierte que la oferta de Pascual supone un "grave riesgo" para el paciente

Cádiz/La propuesta del empresario José Manuel Pascual sobre abrir las puertas del servicio de Urgencias de San Rafael de manera gratuita tanto para los pacientes como para la Junta de Andalucía abrió ayer la caja de los truenos y volvió a dejar al descubierto la pésima relación que mantiene el empresario gaditano con la Consejería de Salud y viceversa.

Pascual hizo lo mismo en su hospital de Lepe, pero casi pasó inadvertido para la Junta. Ha sido ahora, cuando ayer hizo público a través de este periódico su intención de atender gratuitamente a los pacientes del SAS que requieran una urgencia, incluyendo hospitalización, tratamiento e incluso intervención quirúrgica, cuando la Junta ha querido poner negro sobre blanco.

Tres movimientos o reacciones importantes se detectaron ayer en torno a la propuesta de San Rafael. Por una parte, el primero en dejar clara su postura fue el alcalde de Cádiz, José María González, que agradeció la medida de Pascual que se pondrá en marcha a partir del próximo martes, 27 de febrero.

Horas después, este periódico tuvo acceso a dos envíos de la Junta: uno dirigido a Pascual, y otro, al delegado de Salud, Manuel Herrera. En el primero, la consejera de Salud, Marina Álvarez, recuerda al dueño de San Rafael que no existe concierto con este hospital del centro de Cádiz, "por lo que ninguna actuación sanitaria que se genere puede ser facturada con cargo al Sistema Sanitario Público Andaluz".

A esto le suma la proclama de que "la sanidad pública es firme, como usted bien conoce, y hoy vamos a continuar afianzándola". Esta misiva, que hasta aquí se podría considerar previsible, acaba con una advertencia hacia la Dirección de San Rafael: "Esperamos deje de generar confusión entre la ciudadanía, ya que, de no hacerlo, tomaremos las medidas oportunas".

Y más miga tiene la carta que Marina Álvarez le hacia llegar también ayer a su delegado territorial en Cádiz, Manuel Herrera. En este envío, la consejera le pide a su representante en la provincia que le haga llegar el escrito al alcalde, José María González, "de manera que pueda tener clara la postura de la Consejería de Salud".

A Herrera también le habla de que la oferta lanzada por Pascual puede provocar una "situación de confusión en las personas usuarias de los servicios sanitarios de Cádiz, con grave riesgo para la seguridad de los pacientes".

Por eso, la consejera le comenta que considera importante que el alcalde transmita a los gaditanos que la atención sanitaria pública a las urgencias ambulatorias, así como la hospitalización médica o quirúrgica que se derive de ella, "continuará prestándose con los medios propios del Sistema Sanitario Público de Andalucía planificados hasta ahora en Cádiz". La consejera le insiste también a su delegado que le recuerde personalmente al alcalde de Cádiz que San Rafael no tiene concierto alguno con la Junta.

Ahora queda saber si el alcalde de Cádiz modificará la postura que ayer mostraba a primera hora de la tarde respecto al anuncio de Pascual a raíz de la carta o de la llamada que, se supone, recibirá en las próximas horas de parte del delegado territorial de Salud, Manuel Herrera.

Escrito y hecho público quedaba ayer la muestra de apoyo del alcalde a la iniciativa de José Manuel Pascual "ante el evidente estado de abandono de la sanidad pública".

Pascual le pidió a González que transmitiera a todos los concejales su proyecto, algo que tenía previsto hacer ayer mismo.

A colación de este asunto, el primer edil lamenta "el evidente estado de abandono de la sanidad pública en Cádiz, con los colapsos permanentes en urgencias y las recientes situaciones vividas durante la pasada Navidad, por poner algunos ejemplos". Y al mismo tiempo denuncia el escaso interés mostrado por la Junta de Andalucía por solucionar esta coyuntura, "dejando en el cajón el proyecto del nuevo hospital regional que llevamos esperando diez años, mientras impulsa uno nuevo en Málaga".

Al respecto, agradece que por una vez sea la sanidad privada la que se adhiere al modelo de universalización de la sanidad, con una medida que se considera imprescindible dada la situación que viven las urgencias de los centros sanitarios de la ciudad.