La Junta lamenta la "falta de colaboración" de la Diputación para avanzar en proyectos para la provincia

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y su equipo han mantenido este lunes una reunión con el presidente de la Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, en la que desde la Consejería se le ha vuelto a tender la mano para avanzar en los proyectos que benefician a los gaditanos, “pese a la falta de colaboración que ha demostrado esta tarde. Aún así, siempre va a encontrar en esta Consejería la disposición a dialogar como lo hacemos con todas las administraciones”.

En este encuentro, uno de los asuntos que se ha abordado es el contrato de arrendamiento firmado entre ambas instituciones en 2008 tras la permuta que afecta al edificio de la Audiencia Provincial. La Consejería mantiene la validez y vigencia de dicho contrato cuya cláusula cuarta es “clara” a este respecto: “Concluido el plazo de cuatro años establecido en la cláusula segunda, y para el caso de que la nueva sede judicial que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene previsto construir en Cádiz no esté disponible al uso del servicio público de la Junta, el presente contrato de arrendamiento se ampliará hasta el momento del traslado de los órganos judiciales a la nueva sede, sin derecho a percibir la Diputación Provincial de Cádiz cantidad alguna en tal concepto”.

Desde la Consejería se ha insistido en que se va a seguir trabajando con la mejor voluntad de diálogo y la mejor actitud posible, pues el objetivo y el empeño es lanzar la Ciudad de la Justicia de Cádiz, proyecto en el que se ha invitado al presidente de la Diputación a participar, lamentando que éste “en lugar de ofrecer colaboración haya preferido poner palos en la rueda y obstaculizar el trabajo de la Administración de Justicia en Cádiz”.

La Junta está cumpliendo escrupulosamente el contrato, con un esfuerzo por parte de la Junta que va a suponer una inversión de más de 60 millones de euros para beneficio de Cádiz y de sus partidos judiciales, “para que cuenten con la Ciudad de la Justicia que se merecen”.

Por otro lado, sobre la financiación del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), la Consejería ha recordado la finalidad de este plan “que como su nombre indica es el fomento del empleo en el mundo rural y no la financiación de materiales de obra”. Así, se ha incidido en el compromiso de la Junta con el mismo, pues se ha asumido cada una de las subidas que se han llevado a cabo por parte del Gobierno central en la misma proporción “y así lo vamos a seguir haciendo, porque es lo está pactado”. Conforme a este compromiso la Junta ha incrementado su aportación al programa de 54,5 millones de euros en 2020 a 62,6 millones en 2022.

La Consejería, además, aboga por abrir un debate y afrontar una reforma profunda de este programa de cara a un futuro. Igualmente, ha recordado que recientemente se ha firmado el convenio con las ocho diputaciones para el año 2022 con las cantidades pactadas y acordadas previamente.

En este sentido, desde la Junta se han lanzado reiteradas peticiones al Gobierno central para que incremente su participación, que implica que tanto las diputaciones como la administración regional tengan que hacerlo en la misma proporción. De hecho, en 2021 la previsión y la petición planteada era de un incremento del 15%, pero finalmente el Estado solo asumió el 9,5%.

La respuesta de Juan Carlos Ruiz Boix

“Una posición intransigente” y “errónea” es la que, en opinión del presidente de la Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, mantiene el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, respecto a las dos reclamaciones que mantiene la institución provincial ante esta Consejería: el abono de más de 3 millones de euros en concepto de alquiler por el uso del edificio de la Audiencia Provincial y la asunción de los sobrecostes de las obras del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA).

Sobre ambas cuestiones han estado hablando Ruiz Boix y Nieto en un encuentro celebrado en Sevilla, al que acudiría el titular de la Diputación con el objetivo de explicar personalmente el estado de estas problemáticas sobre las que ya había informado por escrito al consejero. Sin embargo, “el espíritu de cooperación, colaboración y lealtad institucional por parte de la Junta no es el adecuado”, motivo por el que el presidente ha anunciado acciones legales para “defender los derechos de los vecinos y vecinas de la provincia”.