La Junta persigue la proliferación de viviendas ilegales en El Palmar destinadas a uso turístico

Desde la Consejería de Vivienda afirman que atender a la petición del alcalde del municipio a abrir la mano supondría ir contra la ley

La Junta dice que las viviendas derribadas en el Palmar eran destinadas al alquiler turístico

El alcalde de Vejer pide a la Junta que no derribe más viviendas del Palmar

Imagen de archivo de un anterior derribo en El Palmar.
Imagen de archivo de un anterior derribo en El Palmar. / D.C.

La Junta de Andalucía confirma que el Ayuntamiento de Vejer es conocedor de la situación de viviendas ilegales de carácter prefabricadas que se están construyendo sobre suelo rústico, ante lo que recuerda que es este consistorio "quien debe ejercer la disciplina urbanística".

Añaden estas mismas fuentes que "la práctica totalidad de edificaciones se constituyen en segunda residencia y, en su mayoría se destinan a alquileres vacacionales clandestinos". Además, "cuando son precintadas tras detectar la comisión de un delito, nos hemos encontrado que estos precintos han sido retirados".

Con todo, aseguran que "atender a las peticiones del alcalde de Vejer de abrir la mano a la construcción de estas viviendas ilegales supondría ir contra la ley vigente y mirar para otro lado como hicieron los anteriores gobiernos socialistas, lo que provocó, entre otras circunstancias, la proliferación de miles de viviendas irregulares que ahora se encuentran en un limbo jurídico".

Es más, la convocatoria de esta manifestación supone obstaculizar la labor que la Junta de Andalucía está desarrollando para preservar El Palmar y un llamamiento a la construcción de viviendas ilegales sobre suelo rústico.

La Junta de Andalucía recuerda que es el Ayuntamiento el que debe ejercer la disciplina urbanística. Pero, "en virtud de que no lo hace, ha sido la inspección autonómica quien, a la vista de que es un problema de índole supramunicipal, está adoptando medidas que, hasta ahora, están danto los resultados esperados, puesto que se observa un importante descenso en la comisión de nuevas infracciones". Del mismo modo, se está procediendo a la autodemolición de construcciones sobre las que pesan órdenes de demolición.

En este mismo sentido aseguran que con las demoliciones previstas, el ejecutivo andaluz ratifica su compromiso con el cumplimiento de la legalidad territorial y urbanística y con la colaboración institucional y el auxilio con los Órganos Judiciales y el Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus potestades. Hay que recordar que toda nueva construcción ilegal no sólo es un problema de índole urbanístico, sino que provoca daños ambientales irreparables en el territorio.

Viviendas irregulares o ilegales

Además, la Consejería de Fomento quiere insistir en que "hay una diferencia notable entre viviendas irregulares de viviendas ilegales". La Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) recoge la redacción de planes especiales, que pueden llevar a cabo los ayuntamientos, que minimicen el impacto ambiental de las agrupaciones de edificaciones irregulares prescritas y, por tanto, que se encuentran en un limbo jurídico. Pero esa es una cuestión y otra muy diferente es permitir que se siga construyendo fuera de la ley.

La LISTA ha priorizado la actuación inspectora y sancionadora para que no se reproduzcan los errores del pasado y evitar que se construya de manera ilegal, como se está produciendo en estos años en El Palmar. En esta línea, es importante destacar que "las nuevas edificaciones ilegales que se levanten no podrán ser regularizadas en ningún caso", como bien saben las personas que se encuentran con una sanción u orden de demolición, y conoce a la perfección el alcalde.

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