La Junta recurrirá ante el Supremo la anulación del Plan del Litoral

Cádiz/La Junta de Andalucía recurrirá ante el Tribunal Supremo la anulación del Plan de Protección del Corredor Litoral dictaminada recientemente en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El alto tribunal andaluz declaró nula la aprobación de este instrumento, que efectuó el Consejo de Gobierno andaluz en mayo de 2015, debido a la falta de competencia del Gobierno en funciones para la aprobación de un instrumento de planificación territorial.

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, considera que hay "fundadas esperanzas" de que el recurso prospere. "El decreto es bueno, y el plan excelente", asegura Fiscal, quien recuerda que garantiza la conservación de las zonas de la costa que "merecen la pena conservar" y, a la vez, permiten un desarrollo sostenible de uno de los principales entornos de la región. Entre las zonas protegidas por este plan se encuentra un sector de Tarifa, en Valdevaqueros, polémico en su día por un proyecto urbanístico al que el plan puso freno.

El plan abarcaba a los 62 municipios litorales -48 de los cuales presentaron 918 escritos y 3.547 alegaciones- incluyendo en su ámbito los terrenos comprendidos en la franja de los 500 metros desde el dominio público marítimo-terrestre y aquellos otros exteriores que se consideran necesarios para garantizar los objetivos de protección, normalmente por tratarse de terrenos colindantes con suelos ya protegidos por la planificación ambiental o territorial. Esta franja tiene una extensión aproximada de 50.000 hectáreas y una longitud de costa de 859 kilómetros, excluyendo del ámbito a los suelos urbanos. Se trata esencialmente de un instrumento de protección, no de ordenación, en tanto que ésta ya la han establecido los planes de ordenación del territorio aprobados que incluyen en su ámbito la totalidad de los términos municipales de las localidades litorales. Por ello, el Plan del Corredor Litoral centra su atención en la Zona de Influencia del litoral e interviene a una escala de detalle con el objetivo de preservar de la urbanización los terrenos libres de edificación que disponen de valores naturales o paisajísticos relevantes o cumplen determinadas funciones territoriales de interés general.

El plan parte del principio de considerar el corredor litoral como un recurso territorial de interés regional, cuya protección y preservación aportará valor añadido a una oferta turística de mayor calidad. Protege el 55% de la superficie del ámbito, lo que supone un incremento de la superficie protegida del 50%, pasando de 18.000 a 27.000 hectáreas. El suelo protegido se concentra en las provincias de Almería, Huelva y sobre todo, Cádiz, que son también las de mayor longitud de litoral y las de mayor proporción de espacios de protección ambiental.

El TSJA acordó su nulidad en una sentencia dictada a instancias de una demanda del Ayuntamiento de Barbate, entre otros argumentos, basándose en que la aprobación era una decisión "que excedía del despacho ordinario de los asuntos públicos de competencia de un Gobierno en funciones.