La Justicia busca culpables por los daños en el puente Carranza

El presidente del comité de empresa de Navantia-Puerto Real, Ramón Linares, ha sido imputado por el titular del Juzgado número 2 de la localidad puertorrealeña como presunto responsable de las protestas que, durante los últimos meses, han acabado con destrozos en el puente José León de Carranza.

Según ha podido saber este periódico, la imputación fue notificada el pasado martes a Linares. Ésta se basa en un informe de la Policía en el que se da cuenta, día a día, de los gastos ocasionados por las protestas de la plantilla del astillero puertorrealeño. Así hasta una cantidad que supera los 150.000 euros.

Aunque en la imputación no se reclama ese dinero a Linares, sí se explica que las gestiones policiales durante las manifestaciones a pie de carretera no han conseguido identificar a ningún otro trabajador de la factoría. Por lo tanto, se le considera a él responsable como organizador de las asambleas de la plantilla que finalmente desembocan en las protestas y enfrentamientos con la Policía antidisturbio.

La imputación de Linares se basa en las consecuencias de la movilización de los trabajadores del astillero puertorrealeño del pasado día 25, cuando resultaron dañados los sistemas electrónicos que regulan el carril reversible del puente, y que originó más de 20 kilómetros de atascos en ambos sentidos de la circulación. Además, el subdelegado del Gobierno, Javier de Torre, ya explicó en rueda de prensa que los costes de las reiteradas protestas de esta plantilla eran cuantiosos.

De Torre fue especialmente crítico con estas protestas. Al día siguiente de que la Bahía quedara colapsada por estos actos, aseguró que "esto sobrepasa los límites de la paciencia de la ciudadanía, que no puede seguir permitiendo esto. No está justificado porque además ellos siguen cobrando su sueldo puntualmente". Ese mismo día, ya confirmó que la Policía había abierto diligencias para identificar a varios trabajadores. Por su parte, el comité dijo entonces que el hecho de cerrar el tráfico por el puente durante más de ocho horas "era una manera de enfrentar a la ciudadanía con los trabajadores" y aseguraron que "se podía haber resuelto antes".

Pero no es el único caso. Además de Linares, ha sido imputado judicialmente otro trabajador de la plantilla de Puerto Real, del que se desconoce su identidad, por su participación en el corte de carretera realizado el 19 de marzo del pasado año, coincidiendo con los actos oficiales del Bicentenario en la capital gaditana, y a los que asistió el Rey. A este operario se le reclaman 8.000 euros.

Ramón Linares prestará declaración ante el juez del número 2 de Puerto Real el próximo día 28. Ese mismo día, el otro trabajador de los astilleros imputado, hará lo propio pero en un juzgado de la capital gaditana.

La plantilla de los astilleros no es la única envuelta en sanciones. Los ex trabajadores de Delphi han recibido al menos unas 20 multas de 300 euros y al menos tres de 1.000 euros como consecuencia de ser acusados de desórdenes públicos, resultado también de las protestas que realizaron en la carretera a la altura del Río San Pedro, en Puerto Real.