La Justicia gaditana arranca echando humo

Cádiz/Hace pocos días, un profesional de la Justicia intentó acceder a los aseos de un Juzgado de los Social de Jerez. La persona en cuestión tenía prescritos medicamentos diuréticos y necesitaba ir al baño de forma urgente, pero el agente de la Guardia Civil que custodiaba la sede no lo dejó entrar. "Son las órdenes". El operador jurídico no tuvo más remedio que salir a la calle con la toga puesta y hacer sus necesidades donde buenamente pudo.

Algo parecido le ocurrió a un abogado en los juzgados de Sanlúcar, al que no le permitieron entrar en el edificio hasta que no fuese llamado por el juez. En la puerta se quedó, a pesar de que su presencia allí estaba más que justificada.

La Justicia gaditana está viviendo momentos muy difíciles en su particular fase de desescalada, en la que el acceso a las sedes judiciales se ha limitado a lo mínimo e imprescindible, lo que ha generado situaciones tan esperpénticas como las antes descritas.

En tanto duren las circunstancias en las que nos encontramos inmersos por el estado de alarma y en los tres meses posteriores, se deberán extremar las medidas higiénicas y de seguridad en todas las dependencias judiciales de la provincia de Cádiz, así como evitar toda suerte de aglomeraciones en ellas, una recomendación ésta difícil de seguir cuando haya que celebrar un juicio de una causa compleja con varios acusados y testigos. Y ello sin olvidar que muchas salas de vistas de la provincia son minúsculas, no disponen de ventilación y se accede a ellas a través de unos estrechos pasillos en los que será harto complicado guardar la distancia mínima de seguridad. Sirvan de ejemplo los Juzgados de lo Penal ubicados en los bajos del Estadio Carranza de Cádiz capital o los de Barbate. Otras salas, sencillamente, no se habilitarán "porque están impresentables", asegura un graduado social gaditano.

La reanudación de la actividad en la Administración de Justicia, que ha estado prácticamente paralizada durante toda la crisis sanitaria por el Covid-19, debe ajustarse a la denominada nueva normalidad bajo unos parámetros de seguridad que no siempre se podrán garantizar. Así, se han instalado mamparas en algunas sedes judiciales -como la Audiencia Provincial de Cádiz- pero no en todas. Durante algún tiempo, algunos edificios no estarán adaptados a las condiciones higiénicas de prevención deseables, admiten fuentes judiciales.

Instalar mamparas es una medida "insuficiente después de 50 días de pandemia", aseguran varios profesionales jurídicos consultados, que critican la ausencia de termómetros para controlar la temperatura a todo el que accede a las dependencias judiciales o la falta de capuchones en los micrófonos que usan los intervinientes en un juicio. Otros lamentan que las mascarillas y guantes de plástico sólo estén a disposición de los funcionarios y no puedan ser utilizados por los profesionales de la Justicia, los justiciables y los testigos.

Se contempla también que después de la celebración de cada vista oral, la sala se desinfecte en profundidad por parte del personal de limpieza. El problema en este caso está en que el contrato actual de limpieza no contempla horario de tarde, por lo que difícilmente de podrán señalar juicios vespertinos si no se garantiza la higienización de las estancias judiciales.

A partir de ahora, además, se limitará en lo posible la publicidad en las actuaciones judiciales y se determinará previamente el número máximo de personas que podrán permanecer entre el público, a excepción hecha de los medios de comunicación.

Según las instrucciones dadas por las autoridades judiciales, abogados y graduados sociales no tendrán que esperar en el recinto exterior de los edificios. Habrá que facilitar su acceso a los mismos sin excusa alguna y los jueces decanos darán las pautas correspondientes al respecto al personal de seguridad. "El profesional tiene que ir al juzgado cuando quiera. Nada de establecer horarios. Una cosa es evitar la aglomeración del público en general y otra es que nos dejen en la puerta", se quejan varios letrados.

En esta nueva forma de impartir Justicia, la celebración de los juicios provoca una gran preocupación e incertidumbre entre los operadores jurídicos y los particulares. Poco a poco, han empezado a señalarse en las agendas de los distintos jueces y tribunales de la provincia, agendas que, en algunos casos, ya estaban saturadas antes de la pandemia y que ahora tendrán asumir la avalancha de asuntos que se avecina por las consecuencias económicas del Covid-19. En la jurisdicción Social, por ejemplo, ya hay juicios programados para 2024.

De otra parte, habilitar 20 días de agosto (a partir del día 11) para celebrar juicios ha sido una medida poco aplaudida dentro del ámbito judicial. Varios profesionales consultados consideran que estas tres semanas de agosto "no van a servir para arreglar el embudo" de casos pendientes desde hace más de dos meses. Además, apuntan, "los jueces tienen directrices del Consejo General del Poder Judicial para coger vacaciones ese mes, como también lo harán policías, forenses... Habilitar agosto es un sinsentido que no soluciona nada".

En cuanto al desarrollo de las vistas, los acusados tendrán que acudir presencialmente a las mismas, si bien se pretende que los testigos declaren por vía telemática, un método que no siempre funciona bien. Si la videoconferencia falla, la vista se suspende y se aplaza. Parece que se pusieran palos a la rueda.

"¿Cómo va a declarar un testigo por ordenador?, ¿cómo se van a intercambiar pruebas on line? Eso va en contra de la inmediatez, un principio fundamental de la Justicia. La tutela judicial efectiva queda en entredicho", explica un abogado. "Si hay algo que la pandemia ha puesto más que en evidencia es que esta administración no cuenta con medios tecnológicos ágiles ni eficaces".

En estos momentos tan críticos, muchos recuerdan la olvidada Ciudad de la Justicia. “De haber existido ya, no estaríamos así. El 60% de los problemas que tenemos ahora estarían resueltos”, lamentan.