Levantada de forma oficial la quiebra de Puerto Sherry

Desde las tres y un minuto de la tarde de ayer, Puerto Sherry ha salido definitivamente de la quiebra en la que se hallaba sumido desde el 20 de enero de 1995. A esa hora concluía el plazo establecido por la juez al cargo del convulso procedimiento concursal del complejo deportivo portuense, Carmen Fornell, para haber notificado la intención de alguna de las partes de recurrir el auto suyo del pasado día 8 de este mes dando luz verde al levantamiento de la quiebra. Y terminaba sin que se registrara notificación alguna.

Resta ahora que la Autoridad Portuaria ponga fin al secuestro de la dársena, una medida que adoptó en junio del año 2001, al objeto de garantizar la supervivencia de la actividad. El presidente del organismo portuario, Rafael Barra, de hecho ya dijo la semana pasada a este diario que tiene previsto llevar el asunto al próximo consejo de Administración del ente, que se celebrará en los primeros días de marzo. Dado que fue el Consejo el que, por unanimidad, acordó el secuestro, debe ser este mismo órgano el que dé por finalizada la medida.

También Barra tenía previsto contactar durante esta semana con los dueños de la concesión del puerto deportivo, Joaquín Rivero y Pedro Bores, al objeto de designar a los representantes que integrarán la comisión de seguimiento que debe constituirse para garantizar que se cumplen los condicionantes impuestos para avalar la viabilidad de las instalaciones.

En virtud de los acuerdos firmados con las partes (a los que la juez dio vía libre el pasado mes de septiembre) los dueños estaban también obligados a desistir de las distintas acciones judiciales que tuvieran en curso contra el Estado. Y este trámite ya se ha cumplimentado. Los adjudicatarios tenían tres pleitos en ciernes: dos en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (uno, interpuesto contra la gestión del comité de incautación que estuvo vigente entre los años 2001 y 2001, antes del secuestro, y otro, para que la Autoridad Portuaria les hiciera entrega de las cuentas del complejo), y uno en el Supremo, este último, contra la decisión del organismo portuario de secuestrar la dársena. Las tres salas ya han notificado que se ha procedido al archivo de los procedimientos (la última ha sido el Supremo, hace veinte días, desveló Rafael Barra ) al haber comunicado ya los interesados su desistimiento.

Ahora, los dueños deben ponerse manos a la obra para comenzar a liquidar las deudas (más de 90 millones de euros) conforme a las distintas fórmulas establecidas con los acreedores y poner en marcha el ambicioso plan de inversión llamado a reflotar el complejo.