Ley de punto final

Cádiz/En la antigua carretera de Conil hay a ambos lados de las cunetas una especie de inmenso Leroy Merlin extendido con decenas de negocios que abarcan todo tipo de sectores constructivos y decorativos. Tenemos viveros, mármoles, ladrillos, ferreterías, material de construcción, alquiler de hormigoneras... Toda una industria dedicada al sector de la construcción de fin de semana, a la construcción sin papeles. Lo ratifica la fiscal de Medio Ambiente, Patricia Navarro: "Estamos detecatando un incremento de la actividad en la autoconstrucción. Hay gente que piensa que ha llegado la impunidad"·

Los motivos de este resurgir del 'yo me lo hago' quizá lo podamos encontrar en la misma carretera por la que circulábamos, pasado la Venta El Canario, cuando se gira, en dirección a El Colorado, a la izquierda. Ahí nos adentramos en un territorio que según un documento del propio Ayuntamiento de Conil es suelo "no urbanizable". Urbanizado no está mucho, la pista es de tierra, pero tiene supermercado, ferretería, taller, panadería, bar y el local de una asociación de vecinos con teatro al aire libre y camerinos... y casas hay a porrillo. Otras cosas, sin embargo, no las tiene o apenas. Tiene, según un informe del Ayuntamiento, "importante" infraestructura viaria (de tierra), abastecimiento de agua y recogida de basuras parcial (sólo diaria en verano), "algo" de alumbrado y equipamientos y "nada" de alcantarillado. Es El Chinarejo. A día de hoy El Chinarejo, cerca de la muy legal urbanización de Roche, escondida entre pinos, con unas doscientas viviendas, unas con más presencia que otras, es algo parecido a legal. En realidad no lo es. Se acogieron, como 4.500 viviendas en este término municipal, a algo llamado AFO (Asimilado Fuera de Ordenación), que se incluyó en la reforma de la ley autonómica LOUA de 2012. La solución era sencilla: esas viviendas ni podían ser legales ni podían ser derribadas por estar prescritas. Y encontraron esa solución. Una solución que, según Patricia Navarro, es "el reconocimiento del propietario de una situación ilegal".

Juan, uno de los vecinos de El Chinarejo, nos lo explica junto al taller mecánico del asentamiento. "Hace un año vino el Ayuntamiento y nos dijeron que podíamos hacer nuestras casas legales. La mía tiene ya cerca de 40 años. El coste fue de 5.000 euros". 5.000 euros por convertir una vivienda en legal es una bicoca, ya que hay que pagar equipamientos y servicios. El truco es que una AFO no es legal, es un recurso. "¿Tú lo pagaste?" "Sí". "¿Y qué hicieron?" "Bueno, no gran cosa". "¿Y si no lo pagas qué pasa?" "Nada". "¿Nada?" "Nada, sigues como estabas".

Pregunto a Rafael Márquez, secretario general de Ordenación Urbana y Sostenibilidad de la Junta de Andalucía, si nos hallamos ante una ley de punto final en materia de viviendas irregulares. "No es una ley de Punto Final porque eso implicaría una amnistía y no se trata de eso. Lo que existe es una realidad y es que en toda Andalucía han ido creciendo asentamientos que en muchos casos han prescrito y podíamos mirar hacia otro lado o abordar la problemática. Hemos optado por lo segundo. Regularicemos". Él mismo reconoce que la situación jurídica es compleja, es decir, "la lógica nos dice que para aprovechar un nuevo suelo para edificaciones lo primero que se hace es urbanizar y luego se edifica. En nuestra situación se ha producido lo inverso. Primero se ha edificado y ahora hay que urbanizar. Como son tantas, se ha optado por un sistema que flexibiliza el proceso". "¿Y esto no puede suponer un efecto llamada?" "En absoluto, porque lo primero es la disciplina. Si un caso pasa a lo penal y se condena a la demolición, hay que ejecutarlo".

Lo cierto es que se ejecuta poco. En Andalucía apenas se producen demoliciones, sobre todo si se compara con otras comunicdades, como Galicia o Cantabria, donde se cuentan por centenares las casas ilegales que se tiran al año. En la provincia de Cádiz la Fiscalía de Medio Ambiente contabilizó (no era muy difícil de contabilizar) tres derribos por ejecución judical en 2016. La Junta contestó a una pregunta de Ecologistas en Acción que en toda Andalucía se habían demolido en los últimos siete años 26 edificaciones ilegales, pese a que los expedientes en las fiscalías se cuentan por miles. Sólo en la mesa de la fiscal de Medio Ambiente Patricia Navarro se iniciaron en 2016 120 procedimientos de ordenación del terriotrio y se realizaron 46 acusaciones. No parece que haya mucho miedo a la piequeta contando con que en la provincia se estima, y es una estimación, ya que la Junta reconoce no tener ese censo, no menos de 40.000 construcciones ilegales, aunque no todas tienen que ser demolidas, sólo tienen que serlo aquellas calificadas delictivas, es decir, que además de estar levantadas en suelos no urbanizables están en zonas protegidas, inundables, etc. El que ahora pueda pedirse condena de cárcel atemoriza a algunos y así se consigue una actuación preventiva en el que el autoconstructor tira lo que ha construido antes de verse en la tesitura de entrar en una causa que puede dar con él entre rejas. Pero en las situaciones de hechos consumados no es tan sencillo.

Patricia Navarro no suele encontrar mucha ayuda en los municipios, aunque menciona excepciones, a la hora de ejecutar sentencias, cuando no se las ve, como ocurrió en Puerto Serrano, con licencias otorgadas para territorio ilegal. Doce municipios tienen causas abiertas por prevaricación relacionada con licencias de este tipo. "En cualquier caso, el que tiene que tirar es el que ha levantado la construcción ilegal, que es el condenado, pero suele aducir que no tiene medios económicos. Entonces pasa al Ayuntamiento, pero los ayuntamientos dilatan los plazos. Se excusan en que no tienen recursos económicos o que han sacado la demolición a concurso, pese a que no sería necesario, y no se ha presentado ninguna empresa. Entonces pasa a la Junta, que debe contar con empresas externalizadas que se dedican a eso, pero lo cierto es que,entre diligencias, alegaciones y burocracia nunca acaba de ejecutarse".

Antonio Peña, ex alcalde de Chipiona, dimitió el pasado año de su cargo para no tener que tirar la vivienda de una vecina que, además, era paciente suya en su consulta médica. El caso de esta vecina era, efectivamente, sangrante, ya que era su primera y única residencia y no parecía hacer más daño al deteriorado entorno del que podían hacer cualquiera de las decenas de casas que la rodeaban entre unos cañaverales claramente de naturaleza rural. Pero le tocó a ella. Navarro se excusa: "Nosotros no vamos buscando casas ilegales, sino que las denuncias nos llegan de los ayuntamientos, particulares o de la Guardia Civil. Si esa denuncia llega, por los motivos que sea, se actúa". Es decir, si te pillan y no tienes ningún paraguas, aunque sea la pseudo legal AFO, te han pillado. En cualquier caso, tras el revuelo formado por aquello, ni esa casa ni las otras quince que iban en el paquete se han demolido a día de hoy. Sin embargo, la sentencia pesa sobre ellas, no hay AFO que las libre, a no ser que las libre una vez más el tiempo. Hay ejecutorias que datan de 2008 con diligencias previas con origen en 2004.

Para Juan Clavero, de Ecologistas en Acción, sí existe impunidad. "No hablamos de una práctica ancestral. La mayor parte de las construcciones ilegales en la provincia, un 60%, son posteriores al 2000". Un técnico de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez le da la razón y asegura que ante esta impunidad deberíamos cambiar las denominaciones de los planes de ordenación y dividirlos en "suelo urbanizable, no urbanizable y suelo cochambre". Y es que, según Clavero, estas zonas "jamás serán barrios dignos. Todo está fuera de control. Inspección de la Junta debería tener 34 inspectores y tiene 17 plazas vacantes".

Los ecologistas llegan a la misma conclusión que la fiscal y afirman que "se han creado lobbis de propietarios de viviendas ilegales que presionan a los ayuntamientos que no se atreven a ir contra ellos. Se asocian, tienen poder, bloquean actuaciones y exigen servicios gratuitos. Algunas veces lo consiguen". Esto se demuestra cuando en Chiclana se produjo la más kafkiana de las situaciones. Un grupo de propietarios de viviendas ilegales se erigió en partido, el PVRE, sacaron dos concejales (en Chiclana hay más de 15.000 viviendas ilegales, muchos votos) y entregaron al PP la alcaldía a cambio de controlar ¡Urbanismo!. El lobo cuidando de las ovejas.

Rafael Márquez prefiere no ser tan apocalíptico, es consciente de que las cosas no se han hecho bien hasta el momento y la prueba está en este inmenso paraque de viviendas sin papeles y cree que el diagnóstico realizado a partir de 2012 es el correcto y la novedad es que ahora se ponen en marcha actuaciones especiales para coser lo descosido. Y a partir de ahora ya no más. A partir de ahora, disciplina. Veremos. De momento, en los establecimientos de construcción de las cunetas de la angtigua carretera de Conil el movimiento de carretillas no se detiene.