El fiscal ve a Lorenzo Sánchez como 'cabeza pensante' del caso Uniformes

Yo me lo guiso, yo me lo como. En términos coloquiales, es lo que ha venido a decir el fiscal Anticorrupción en sus conclusiones sobre el papel que ha desempeñado Lorenzo Sánchez en la trama del caso Uniformes, una causa que investiga la supuesta adjudicación irregular de contratos de suministros a entidades vinculadas con el entorno más cercano del que fue líder de Roteños Unidos (RRUU).

El representante del Ministerio Público considera que Sánchez era al mismo tiempo empresario y político, lo que le permitía, por un lado, desarrollar una actividad mercantil, en teoría, legal; y por otro, autoadjudicarse -con la ayuda de algunos miembros de la corporación local y otros tantos funcionarios- contratos por un valor total superior a los 800.000 euros.

Así pues, la Fiscalía mantiene íntegramente las acusaciones contra los 20 acusados por el caso Uniformes, entendiendo que el ex alcalde de Rota era "el máximo responsable y cabeza pensante" de una "estructura piramidal" supuestamente diseñada en el Ayuntamiento para beneficiar, mediante "adjudicaciones absolutamente ilegales", a empresas en las que él y otros miembros del ejecutivo local tenían intereses.

Según el representante del Ministerio Público, la ex concejal de RRUU Montemayor Laynez era su "mano derecha" y otros ediles también acusados eran los "brazos ejecutores", cobrando un especial protagonismo el otro ex edil de Roteños Unidos, Antonio Alcedo.

Para el fiscal, otro procesado que posibilitó a Lorenzo Sánchez "campar a sus anchas" fue Isidro Martín Bejarano, "hombre de paja" que el ex alcalde de Rota puso al frente de Coanda Costuras, una "empresa pantalla" creada al amparo Coanda Cooperativa y Epis Rotasur con el propósito de seguir acaparando las adjudicaciones de suministro textil en el Ayuntamiento de Rota de manera ilegal.

En este punto, Fiscalía recordó que Martín Bejarano heredó la sede, las instalaciones, la maquinaria, el objeto social e incluso la misma denominación que la cooperativa. Y no queda ahí la cosa. Desde el 30 de abril de 2008 -cuando se endurece la ley de contratos con el sector público- cesa toda la contratación "por arte de magia" con Epis Rotasur (la sociedad de Lorenzo Sánchez) y sólo se adjudica a Coanda Costuras (la sociedad del supuesto testaferro). "Demasiada casualidad", comentó con sorna el fiscal, que incidió en que Epis Rotasur "es la única proveedora" de Coanda Costuras, al mismo tiempo que Coanda Costuras "suministra sobre todo al Ayuntamiento de Rota y, por tanto, se nutre de dinero municipal en un 99%". La pescadilla que se muerde la cola de las arcas públicas.

Todo este entramado tampoco habría sido posible -según las conclusiones fiscales- sin la colaboración "por omisión" del secretario del Consistorio, del jefe del Departamento de Compras, los responsables de las sociedades mercantiles municipales que también contrataban con las empresas relacionadas con el alcalde, los miembros de las mesas de contratación que dieron su visto bueno y de los ediles que aprobaron adjudicaciones en Junta de Gobierno o emitieron vales de compra a favor de dichas entidades. Fiscalía Anticorrupción ha sostenido que todos eran "conscientes de la prohibición de contratar" con las empresas en cuestión

Ha destacado además los nexos vinculantes entre las tres sociedades investigadas en el caso Uniformes: Coanda Cooperativa, Epis Rotasur y Coanda Costuras. Las empresas llegaron a compartir teléfono, dirección social y correo electrónico. Se realizaron también "préstamos" entre las mencionadas sociedades así como "compensaciones de crédito".

El Ministerio Público ha detallado los distintos procedimientos por los que se adjudicaba de manera ilícita y se realizaban compras a las citadas entidades, aludiendo a cuestiones tales como las ausencias de determinados acusados en las Juntas de Gobierno Local en la que se formalizaban contrataciones con las empresas de Sánchez. El fiscal ha destacado que "todos tenían conocimiento" de la prohibición de contratar con el Ayuntamiento, entre otras cuestiones porque el asunto estaba judicializado desde 2012 y se siguieron produciendo adjudicaciones en los años 2013 y 2014.

Por todo esto, Fiscalía entiende que en el caso Uniformes se ha incurrido en un delito de prevaricación (que sólo apareja penas de inhabilitación) y también en otro de gestión interesada (que sí conlleva penas de cárcel). En relación a la transferencia de participaciones al "hombre de paja" de Sánchez por parte de la esposa de éste en 2006, el fiscal ha resaltado el hecho de que ese traspaso no se elevó a escritura pública hasta el año 2009, con lo que considera que además existe un delito de falsedad de documento mercantil.

Por otra parte, la acusación popular -ejercida por el PSOE roteño-, ha aludido a las advertencias del secretario del Ayuntamiento o al hecho de que todos contaban con el "manual del concejal" que se entrega al inicio de cada mandato. Ha resaltado las "gravísimas contradicciones" en las que habría incurrido durante el juicio Lorenzo Sánchez en relación a lo declarado en la fase de instrucción". Asimismo, ha coincidido con la Fiscalía en que "todo estaba perfectamente orquestado".