Maternidad por y para el Derecho

Cádiz/Casi a punto de cumplir los nueve meses de embarazo, una abogada gaditana empieza a sentir molestias agudas, más intensas de las que tenía hasta ahora en su avanzado estado de gestación. El parto está a punto de comenzar, al igual que el juicio al que tiene que asistir. Pero el bebé no entiende de señalamientos. Quiere salir. El cuerpo de la mujer ya ha puesto en marcha su mecanismo natural para dar a luz, para dar vida. En tales circunstancias, la letrada solicita la suspensión de la vista. La respuesta que recibe por parte del juzgado de la provincia que tramita el caso es: “Esto lo tendría que haber previsto usted antes”. Evidentemente, el juicio acabó suspendiéndose.

Las especialistas del Derecho de la provincia de Cádiz han vivido durante mucho tiempo situaciones verdaderamente esperpénticas al no tener prestación por maternidad. Es más, ni siquiera tienen reconocido el derecho a un permiso inmediatamente posterior al parto, lo que las ha colocado, en más de una ocasión, ante la tesitura de ejercer o bien como abogadas o bien como madres.

Amamantar a un recién nacido en las banquetas de la Audiencia Provincial de Cádiz, escuchar al bebé llorar solicitando su ración de leche desde la sala de vistas donde la madre intenta resolver cuanto antes una apelación (las criaturas son así, tienen la mala costumbre de alimentarse) o esperar una comparecencia en los pasillos de cualquier Penal, chiquillo en mano, capazo en otra y pareja/abuelo/amigo dispuesto a ejercer de canguro de guardia, son escenas reales vividas pero que, afortunadamente, están empezando a formar parte ya del pasado.

La Agrupación de Jóvenes Abogados (AJA) de Cádiz, actualmente presidida por Juan Luis Márquez, ha impulsado a iniciativa de la letrada y vocal de AJA Ana Gámez Rovira un acuerdo que contempla la suspensión de los juicios durante las 16 semanas posteriores al parto (28 días en el caso de los padres), conforme al periodo de baja por maternidad reconocida por la Seguridad Social. Esta propuesta ha salido adelante con el respaldo de juez decano de Cádiz, Pablo Sánchez, y el decano del Colegio de Abogados de Cádiz, liderado por Pascual Valiente.

Actualmente este acuerdo está en vigor en los juzgados de Cádiz, Chiclana y, recientemente, en Puerto Real. De momento, está en vías de alcanzarse en El Puerto, San Fernando y Algeciras. Queda, por tanto, camino por recorrer para que este pacto, a todas luces necesario, se implante de manera generalizada en toda la provincia de Cádiz.

La propuesta que empezó a rodar cuando Daniel de las Peñas era presidente de AJA incluye, además de la suspensión de los juicios las 16 semanas posteriores al parto, la supresión de las vistas orales en los días inmediatamente anteriores y posteriores al sometimiento a un tratamiento de fertilidad (conforme al consejo de la clínica en que se lleve el asunto), la suspensión del proceso con la connivencia del compañero contrario, la prioridad en la entrada de vistas en caso de retraso en la celebración de los juicios así como la posibilidad de solicitar el primer señalamiento de la mañana para evitar largas esperas en los juzgados durante el embarazo de la letrada.

Letradas, autónomas y madres. Una combinación excesivamente dura. Compaginar trabajo y maternidad no es tarea fácil para ninguna mujer. La conciliación real sigue siendo una quimera en muchos ámbitos profesionales, pero lo cierto es que la abogacía, en femenino, ha sufrido hasta hace relativamente poco un trato discriminatorio en este sentido. La reincorporación temprana de muchas abogadas a sus puestos de trabajo no más de 40 días después del nacimiento de su hijo, con todo lo que ello conlleva (el desapego prematuro, la lactancia torpedeada por horarios imposibles, las vicisitudes físicas inherentes al propio postparto), ha desembocado en situaciones injustas que las ha llevado a levantar la voz con un “basta ya, no somos superheroínas ni queremos serlo”.

Las gaditanas que ejercen el Derecho no quieren otra cosa que alcanzar una mayor dignidad en su trabajo, similar a la de otras personadas relacionadas con el ámbito jurídico. Así, por ejemplo, no resulta insólito la suspensión de una vista por la incomparecencia justificada de un policía citado a testificar por encontrarse de vacaciones o de la forense ante la inminencia de su fecha de parto.

A esta postura reivindicativa que enarbolan las letradas de Cádiz se suman muchos compañeros, algunos padres recientes, que bajo la bandera de la corresponsabilidad y la conciliación, se unen a sus demandas y reclaman la suyas propias amparándose en la misma igualdad de trato reclamado.

En conclusión, la Junta de Jueces de Cádiz ha acordado por unanimidad atender la iniciativa de AJA, “mostrando su sensibilidad a la solicitud demandada, de forma que, en la medida de lo posible, se ajusten los señalamientos a la petición formulada y teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada caso”, expone dicha junta en un comunicado.